Morbo con apoyo oficial

La decisión de Crónica de publicar una foto en tapa que ignora principios éticos básicos del periodismo levantó sus ventas del día y una polvareda de críticas. Lo curioso del affaire no es que un medio sensacionalista recurra a contenidos deplorables para sumar lectores. Es práctica habitual de la prensa amarilla, en cualquier país, traficar con la curiosidad por la muerte y el dolor ajeno, el equivalente de las cabezas que se dan vuelta para ver los detalles de accidentes de tránsito. Es la receta más vieja del periodismo moderno: ofrecer noticia roja a cambio de un par de ojos. Tampoco es sorprendente que la decisión haya contado con los servicios de la policía o alguien con acceso a la investigación de la muerte de Jazmín de Grazia en la filtración de las imágenes. Como demuestra el escándalo reciente de los hackeos telefónicos en Gran Bretaña, la estrecha colaboración entre fuentes y medios siempre está detrás de la invasión de la privacidad personal para publicación masiva.

Lo curioso es el rol del Estado en este triste episodio. Crónica no es un medio estatal, pero recibió un creciente porcentaje de fondos oficiales durante 2011 (ver nota de José Crettaz http://www.lanacion.com.ar/1445326-fuerte-alza-de-la-publicidad-oficial-en-los-medios-afines ). Que un medio sensacionalista reciba publicidad oficial es irónico. La razón de ser de cualquier medio amarillo es justamente el mercado, apelar a cualquier contenido, por más que se cometan terribles deslices éticos, para conseguir ventas y publicidad. La prensa sensacionalista no debería precisar dineros públicos, ya que el mercado es su sostén. La prensa que trafica miserias humanas suele estar guiada por el darwinismo periodístico de la sobrevivencia. Perdura la especie que mejor se adapta al mercado. No hay keynesianismo mediático que justifique la decisión de tirar un salvavidas cuando el mercado funciona.

El caso es aun más curioso si consideramos otras formas de participación estatal. El Estado, a través de la policía o alguien cercano a la investigación, filtra la información. Acto seguido, por medio de la ministra Nilda Garré y el senador Aníbal Fernández, el Estado condena verbalmente la decisión de anteponer la invasión de la privacidad y dar rienda suelta al morbo. Garré caracterizó la decisión del periódico como "inescrupulosa". Si entiendo bien: el Estado critica la decisión de un medio de prensa que recibe fondos públicos en forma de publicidad y utiliza información de propiedad reservada en manos del Estado para obtener rédito privado.

Este absurdo muestra la necesidad de ampliar el debate sobre la publicidad oficial, tema clave en el debate sobre democracia y los medios públicos y privados en la Argentina. Esta cuestión se discute en términos del volumen y de la arbitrariedad de las decisiones tomadas por quienes ostentan el poder público. La publicidad oficial continúa siendo la gran piñata para vigilar, premiar y castigar a los medios según su comportamiento y coto de caza privado para unos pocos, más que fondos comunes para uso público con fines democráticos.

Debemos formular una pregunta existencial -la razón de la publicidad estatal- para entender qué mecanismos son adecuados y corregir el legado histórico de discrecionalidad. Este interrogante es importante en el contexto de grandes cambios de la política y la comunicación.

¿Es suficiente argumentar que el Estado necesita publicitar para difundir los actos de gobierno, tal como sugieren sus beneficiarios? Hay actos de gobierno que precisan ser difundidos porque son de interés público, como licitaciones, concursos, oportunidades de educación y trabajo, programas habitacionales, campañas de información sobre salud. La ciudadanía precisa saber para actuar. El Estado precisa difundir ciertas decisiones para transparentar sus acciones. Sin embargo, no resulta obvio qué medios son los más indicados para tal tipo de publicidad. Ya no vivimos en un mundo de medios limitados. En algunos casos, bastaría que un gobierno, provincial o nacional, colocara información en su sitio en Internet para avisar a quienes estén interesados en ofrecer servicios, competir por puestos o presentar proyectos. En otros casos, la colocación de tal tipo de publicidad debería estar guiada por criterios estratégicos más que por el afán de premiar a las correas de transmisión de visiones oficiales.

No hay razón, sin embargo, para justificar la difusión de otros actos de gobierno: kilómetros de rutas construidas, números de escuelas y hospitales, distribución de computadoras. ¿Quién precisa saber esto? ¿La población en general? ¿Sólo quienes tienen acceso a obras específicas? Claro, quienes se atribuyen éxitos están convencidos de que tal información se debe difundir. Sin embargo, ¿deben los contribuyentes financiar publicidad que más que información de interés publico es propaganda? Si no se debate el propósito de la publicidad oficial, es factible que los fondos públicos sigan contribuyendo a publicar morbo para beneficio particular.

© La Nacion

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