Milei: convivir con la casta sin que se note

Si Javier Milei pudiese sincerarse con quienes sindica despectivamente como casta, tal vez podría confiarles que la necesidad de construir y resguardar su propio espacio a costa de ellos le impide expresar en público el grado mínimo de convivencia fraterna que necesita establecer. La transmisión del acto en Tucumán dejó al desnudo ese espíritu arbitrario. Adolfo Rodríguez Saá y Mauricio Macri fueron aludidos nominalmente con el agradecimiento a los expresidentes presentes.

La Asamblea Legislativa designó en ese cargo al puntano tras la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001. Su breve gestión fue consumida en una semana por la feroz interna entre el peronismo bonaerense y los gobernadores del PJ, que derivó en la designación de Eduardo Duhalde como presidente. Macri fue elegido en las elecciones de 2015 y fue el primer presidente no peronista en cumplir su mandato. En apariencias, detalles nimios y suprimibles en la versión de la historia de Santiago Caputo. Tal vez el curador del relato oficialista debería recomendar la lectura detenida de la memoria que escriben en las redes algunos de sus funcionarios para comprender la disposición del gobierno a consolidar una relación con los mismos sometidos al escarnio diario por el presidente.

Rodrigo “Rocco” Aybar podría ser un buen ejemplo de esa concepción futurista. El concejal del intendente Diego Valenzuela en Tres de Febrero fue el primero en renunciarle a Sandra Pettovello y emigrar del Ministerio de Capital Humano al de Economía, donde Luis “Toto” Caputo lo designó al frente de la secretaría de Obras Públicas. Las publicaciones efectuadas en su cuenta de Linkedin pueden seguirse como la crónica de acontecimientos sucedidos alrededor de la sanción de la Ley Bases.

Aybar dejó constancia a mediados de junio de los convenios de traspaso y de colaboración en obras públicas viales, de viviendas e hídricas con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta). Similares a los suscriptos el 2 de julio con el de San Luis Claudio Poggi (San Luis). Y a los del día 3 con Gerardo Zamora. De los 19 que asistieron, el de Santiago del Estero fue el último en confirmar su presencia. Ninguno de ellos, sin embargo, tuvo el reconocimiento que logró Hugo Passalaqua en las negociaciones con Guillermo Francos. El gobierno autorizó girar 7500 millones de pesos como Anticipo del Tesoro Nacional (ATN), el 12 de junio. El mismo día que la Ley Bases fue sancionada por el Senado. Los tres representantes de esa provincia votaron a favor de ella. El jefe de Gabinete recibió en la Casa Rosada a Passalaqua el 18 de junio. La fecha en que se hizo efectivo el pago de ese ATN. Una coincidencia fortuita, seguramente.

Francos procedió con la lógica de quienes lo precedieron en ese cargo en otros gobiernos. Echó mano a recursos institucionales a su disposición para obtener el consenso de las provincias que dependen históricamente del Estado nacional para oxigenar su siempre delicada situación financiera. No es el caso de Misiones. ¿Aspirarían a ese trato preferencial algunos gobernadores con menos urgencias que estuvieron en Tucumán? Quizás un rumor provocado por las turbulencias del viaje en avión .

Macri habría confirmado algunas presunciones con el acto en la Casa de Tucumán. Sobre todo con la omisión de la televisión pública a la imagen de su saludo con Milei. Luis Caputo recibirá a su primo Jorge el 19 de julio para discutir una solución al conflicto por la coparticipación entre el gobierno nacional y el porteño.

En la ciudad son escépticos sobre el pago de la deuda de casi un billón de pesos acumulada desde que la Corte ordenó a la administración central el depósito diario de los fondos que le corresponden por coparticipación federal. El máximo tribunal no se expidió todavía sobre los cuatro pedidos de embargo a las cuentas del Palacio de Hacienda en el Banco Nación que le presentó el gobierno porteño durante 2023. Aunque la expectativa de Jorge Macri está concentrada en que la restitución del 2,95 por ciento de coparticipación que le corresponde a la ciudad aparezca reflejado en el Presupuesto 2025 que Caputo enviará al Congreso el 15 de septiembre. Es probable que hasta entonces el expresidente evite volver a referirse al gobierno. Ni a Patricia Bullrich. Aunque los efectos de romper el bloque en la Legislatura bonaerense que le ordenó la ministra de Seguridad a sus legisladores, tendría consecuencias inmediatas.

Santiago Nardelli perdería su lugar en el directorio del Bapro tras la media sanción de anteayer a la ley que crea una sociedad anónima con mayoría estatal para cubrir el servicio de emergencias médicas. Los mandatos de todos los directores del banco oficial están vencidos y fueron prorrogados por la Legislatura. Nardelli es un aliado de Bullrich en Bahía Blanca. Lo sucedería alguien vinculado a Sergio Massa después que los nueve diputados del bloque “Unión, Renovación y Fe” voten con Unión por la Patria para crear la nueva empresa de emergencias.A Massa se le atribuyen los designios de ese desprendimiento del bloque de La Libertad Avanza. Lo que probablemente justifique las connotaciones del malicioso apodo con que se lo alude: “libertarios blue.” El jefe de la bancada identificada con el exministro de Economía es Gustavo Cuervo. El apoderado del partido Renovación Federal citó la causa de la unidad perseguida por la presidencia de Nelson Mandela en Sudáfrica para justificar que votaría por primera vez una iniciativa propuesta por Axel Kicillof.

El rumor en la Legislatura es que el gobernador trataría de reconocer a Nicolás Kreplak. El ministro de Salud sería el representante de La Cámpora en el gabinete más afín a su gestión. E, incluso, a su proyecto político para lanzarse a la carrera presidencial. La empresa a crearse sobre la base del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) que funciona en los municipios podría ser una herramienta proselitista y contribuiría a disimular la implosión del sistema sanitario bonaerense.

Daniela Vilar, en cambio, encarnaría a la contrafigura de Kreplak. La ministra de Medio Ambiente llevaría la voz cantante de los planteos de Máximo Kirchner a Kicillof. Todas patrañas para sembrar discordia donde reina una singular armonía que ni siquiera podría inquietar el hiperactivismo de Martín Insaurralde a favor de que el jefe de La Cámpora conserve la titularidad del PJ bonaerense. El exjefe del Gabinete habría descubierto las ventajas de no tener un cargo ejecutivo en la función pública. Tal vez por eso Alejandro “El galán” Dichiara y Facundo Tignanelli se empeñaron en obtener media sanción para la ley de Kicillof y Kreplak. El presidente de la Cámara responde a Insaurralde y el jefe del bloque de Unión por la Patria a Máximo Kirchner. ¿Le sirvió a Dichiara esa negociación para recomponer su vínculo con Massa? Lo habría dañado al sugerirle a Massa que hable con Insaurralde por los fondos pedidos para el bloque del Acuerdo Cívico y Social, identificado con Facundo Manes.

A Verónica Magario le restaría ahora la difícil tarea de negociar con Sergio “El nono” Vargas en el Senado. El experto en temas aduaneros es el jefe del bloque de La Libertad Avanza y persona de confianza de Massa. La vicegobernadora es aliada de Kicillof. El problema es que la relación entre el gobernador y el jefe del Frente Renovador no atraviesa su mejor momento. Algunos ya trabajan en una solución donde ninguno de los dos resulte desairado. Introducir modificaciones al texto para que regrese a Diputados y reciba allí sanción definitiva.

Esas divergencias le permitirían a Nardelli atornillarse a la silla que ocupa en el Consejo de la Magistratura. Un lugar al que accedió en representación del Pro, reconocido como la primera minoría por el resto de los bloques de la oposición. Nardelli se resiste a cumplir con lo que le pide su partido. Abandonar el organismo donde se seleccionan a candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales.

Probablemente allí se resuelva quién ocupará la vacante que dejará abierta Lucía Emilse Casabayó. La destitución de la jueza de Garantías N°8 de Morón fue votada por nueve de los diez miembros del jury que la investigó por maltrato a empleados y funcionarios judiciales. Joaquín Casabayó, su hermano, fue un estrecho colaborador de Oscar González, presidente de la Cámara de Diputados hasta 2015.

La protección política de la que gozó la jueza le permitió rehuir del jury que, de no haber mediado sentencia, hubiese prescrito el 15 de julio. Martín Rivas votó en disidencia con los magistrados y los representantes del oficialismo y la oposición por la Legislatura. Rivas preside el Colegio de Abogados en La Matanza y mantendría un vínculo muy estrecho con el intendente Fernando Espinoza, procesado en una causa por supuesto acoso.