México, un espejo que debemos mirar

Días atrás caminaba con un experto en seguridad mexicano por las calles de Buenos Aires. "No sé cómo en nuestro país llegamos a la situación de violencia que vivimos. Fue sin darnos cuenta", comentó. La frase, dicha al pasar, quedó grabada en mi mente y me produjo una profunda preocupación. Con altos niveles de delito y una realidad marcada por el narcotráfico , varios estados del hermano país atraviesan o han atravesado situaciones de violencia que nos parecían (y nos parecen) lejanas.

Sin embargo, se me hicieron presentes la situación de Rosario, el sicario matando una persona en los bosques de Palermo, el asesinato en el estacionamiento de un centro comercial, el triple crimen, imágenes de sicarios por televisión, escuchas telefónicas sobre matar a un policía en la recuperación de terrenos tomados, jueces federales de frontera pidiendo auxilio y los crímenes que reproducen los canales de televisión como si fueran algo habitual en nuestra vida.

Cuando repaso los hechos y las pocas estadísticas que se consiguen, claramente puedo ver una degradación de la seguridad y de la imagen que la población tiene sobre la justicia penal. Podríamos comprar el discurso que dice que es una sensación o la imagen que nos bombardean los medios de comunicación, pero, más allá de las decisiones editoriales de los medios, lo cierto es que no recuerdo ni creo que exista registro de que una década atrás hubiera este tipo de hechos violentos.

Así, recurrentemente me pregunto: ¿nos estará pasando lo mismo que a los mexicanos y tampoco nos estamos dando cuenta? Quiero creer que no, y la información marca diferencias. Pero no podemos negar la crisis que estamos atravesando, que es tal no por los hechos concretos ni por las ausentes estadísticas, sino porque el país no ha podido articular una política pública seria y sostenida para hacer frente al fenómeno.

Mientras tanto, en México se logró generar un pacto de Estado en justicia y seguridad , que permitió, con el apoyo de las principales fuerzas políticas y el invaluable impulso de la sociedad civil, generar un código procesal penal único para todo el país. Esto implica llevar adelante una profunda reforma de las fiscalías y los poderes judiciales de cada uno de los estados mexicanos, así como de las fuerzas de seguridad tanto federales como estatales.

El proceso está en marcha con todo tipo de dificultades. El gobierno federal apoya con recursos y solvencia técnica a los gobiernos, las justicias y las policías estatales, aun a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, que son de partidos opositores. Todos ellos se muestran con la sociedad civil impulsando este proceso.

Resultaría muy interesante extenderse en los detalles, pero creo que lo dicho alcanza para marcar que las similitudes son muchas, pero las diferencias también.

No lleguemos tarde. Cada vez será más difícil revertir procesos complejos. Resulta necesario que, si no lo hace este gobierno en su etapa final, al menos los candidatos de los diversos partidos logren articular, con el apoyo de la comunidad, una política de Estado integral y un esquema de trabajo cooperativo interjurisdiccional e interinstitucional.

Es necesario trabajar juntos por la formulación de una política criminal sustentable que, con la adecuada intervención de las fuerzas de seguridad y la actuación de fiscalías y cortes, logre armonizar el respeto por las garantías individuales con la eficacia del sistema penal.

Los países más desarrollados lo han logrado. Tenemos ejemplos cercanos. México intenta avanzar en esa línea. No perdamos en este país otra oportunidad.

El autor es director académico de Unidos por la Justicia y fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires

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