Mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, un imperativo ético

El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un imperativo jurídico, pero también ético, un pilar inobjetable sin el cual toda construcción normativa es insignificante. El Poder Judicial, como integrante del Estado, no puede estar ajeno. Por el contrario, su función misma de último garante de los derechos de los individuos alza la vara con la que la ciudadanía observa su comportamiento.

La legislación ha ido evolucionando con el correr de las décadas, marcando los nortes de los cambios que no siempre se ven reflejados en la práctica con la esperada inmediatez en las conductas y las pautas de los integrantes de las comunidades a las que se encuentran dirigidas. Un gran número de normas convencionales, constitucionales, legales y reglamentarias refrendan la importancia de la temática y la consecuente obligación de los Estados democráticos modernos de diseñar e implementar políticas públicas en una materia que atañe a una significativa porción de personas especialmente vulnerables.

Las personas con discapacidad, los niños con desafíos en su desarrollo y sus familias son los que sufren a diario las barreras físicas y emocionales de una sociedad que lentamente está realizando una transición desde la aceptación a la genuina inclusión.

A la indiferencia en el trato cotidiano se suman las desigualdades y la enorme discriminación que aún existe en la sociedad. Obstáculos frecuentes, barreras físicas y afectivas, impedimentos y todo tipo de afectaciones que, lejos de incluir socialmente, recrudecen vidas ya marcadas a fuego por las especiales dificultades para sus normales desenvolvimientos.

Repito: el Poder Judicial, como integrante del Estado, no puede estar ajeno. Desde el propio seno de la Justicia hay muchas cosas por hacer y mejorar para alcanzar este derecho fundamental de niños, hombres y mujeres con diversidad funcional. El estado edilicio de los juzgados y tribunales en lo que hace a su accesibilidad; la innovación tecnológica en los sistemas informáticos de gestión y tramitación de los juicios; la consulta e inclusión en la toma de decisiones de las políticas públicas de las opiniones de las organizaciones con versación en discapacidad; son solo algunos de los principales ejes sobre los cuales trabajar con esfuerzo, pasión, y sin pausa.

En el Consejo de la Magistratura porteño se han dado pasos relevantes en esta senda de trabajo en los últimos años. La creación del Observatorio de la Discapacidad (OD), en cuya génesis y puesta en funcionamiento desde mi actual función de Administradora General del Poder Judicial de la Ciudad; y su innovador rol procesal interviniendo como órgano técnico que emite opiniones calificadas en los casos en los que se debaten derechos de personas con discapacidad, es un hito sin precedentes en el continente. Esta política pública fue especialmente reconocida y valorada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del 27° período de sesiones ordinarias; y recibida con beneplácito en otros organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Federal de Discapacidad de los EEUU, como así también por parte de organizaciones de la sociedad civil, como Disability Rights International.

Es nuestro compromiso continuar profundizando el trabajo ya iniciado, y será una de las políticas públicas a ejecutar y consolidar. La función pública conlleva una enorme responsabilidad, a la par que depara una inconmensurable satisfacción personal, cuando se vislumbran los resultados alcanzados.

La abogacía es una herramienta de transformación al servicio de las personas, y un instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos.

Como representantes de tan noble profesión, trabajaremos en forma denodada para facilitar dicha labor. El Observatorio de la Discapacidad porteño es un ejemplo irrefutable de que la realidad se mejora con acciones concretas, y que los poderes constituidos tienen en sus manos esa posibilidad.

Administradora General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, candidata de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía por el estamento de los abogados porteño para las elecciones del viernes 18