Máximo Kirchner hace juego en la provincia de Buenos Aires

El kirchnerismo se quedó sin el gesto de comunión que intentó forzar desde la semana pasada: la asunción, en simultáneo, de Alberto Fernández en el PJ nacional y la de Máximo Kirchner en el bonaerense. Una sincronía imaginada para disimular el accidentado camino recorrido para llegar a esta instancia con la amenaza latente de apelaciones judiciales. Es lo que vuelve urgente que el lunes se proclame la lista de unidad encabezada por el Presidente, pero que ideó Cristina Fernández de Kirchner con la acotada participación de los gobernadores, propensos a aislarse del permanente estado de fricción entre ella y su aparente superior. Un ejercicio de introspección que los intendentes del conurbano no están en condiciones de realizar, pese a que el kirchnerismo comprendió la necesidad de respetar el cronograma electoral para evitar impugnaciones. La razón por la que Máximo asumirá el 2 de mayo. La confirmación del jefe de La Cámpora como autoridad máxima del peronismo en la provincia de Buenos Aires los involucra de pleno. Recorta significativamente su capacidad de incidir en la selección de candidatos a las elecciones. Las de octubre trascienden la expectativa inherente a cualquier otra.

La Cámpora se propone que el liderazgo electoral de Cristina en el área metropolitana se refleje en el Congreso y la Legislatura bonaerense. Es la región que concentra los dos tercios del total de electores de la provincia. Si con el monopolio de las listas logra sostener los 14 puntos de ventaja sobre la oposición obtenidos en 2019, conseguirá una llave de acceso al poder institucional para introducir cambios en la Justicia. El estamento que percibe más refractario a sus intereses. El nuevo ministro, Martín Soria, es el reloj que adelanta alocadamente esas intenciones.

Pero también podría obtener cierta certeza para planear la continuidad en el Ejecutivo. La reconfiguración del PJ bonaerense proyecta esa concepción. La Cámpora resignó lugares en la lista de unidad, pero se garantizó una mayoría definitiva en la mesa de acción política que tomará las decisiones. La integran quienes negociaron el recambio de autoridades. Los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo), representaron a las actuales. Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y los camporistas Andrés “El cuervo” Larroque, Facundo Tignanelli y Jorge “Lalo” Rébora, lo hicieron por las nuevas. Es probable que con la inclusión de Máximo Kirchner sean quienes tengan que resolver un aspecto delicado de esta estrategia: el futuro de Axel Kicillof. El gobernador no tendrá injerencia en las candidaturas bonaerenses. No está claro si de forma premeditada o producto de las tensiones entre Máximo y algunos intendentes, esa llamativa abstinencia podría convertirse en una ventaja comparativa. Sobre todo si el resultado en los comicios no es lo favorable que espera el Frente de Todos. Kicillof quedaría en condiciones de tomar distancia de ese accidente y mantener la expectativa de una eventual candidatura presidencial. Pese a la crisis económica y a la pandemia, la aceptación en la opinión pública de su gestión es considerable. En febrero, Management & Fit verificó una disminución de su imagen negativa (52,6%) con relación a enero (55,5 %) y una mejora con relación a ese mismo período: de 35,8 a 37,3 puntos.

Una de las aparentes virtudes del gobernador para permanecer en carrera es evitar que se lo asocie a situaciones controvertidas. Las licencias de juegos on line podrían poner a prueba esa capacidad. Kicillof eludió concederlas hasta fines del año pasado. Una extraña coincidencia con María Eugenia Vidal. Su antecesora llevó adelante la licitación pero evitó firmarlas al final de su gestión. En cálculos conservadores, la provincia se pierde de recaudar 90 millones de dólares anuales por ingresos brutos. El 15 por ciento de los 600 millones de dólares que canalizarían las apuestas clandestinas.

Vidal, precisamente, fue el llamativo argumento de Máximo e Insaurralde para persuadirlo de avanzar: lo único que haría Kicillof es finalizar el proceso llevado adelante por ella. El problema es la impugnación realizada por Codere y que el Instituto provincial de Lotería rechazó el 11 de marzo por improcedente. Como el resto de los 14 oferentes, la empresa de origen español no objetó las reglas impuestas para compulsar. Tampoco la más exigente: la búsqueda de un socio internacional con antecedentes en el negocio. Es la que ahora cuestiona Codere.

El recurso que rechazó Lotería fue lo que impidió hasta ahora que se entreguen las siete licencias adjudicadas. Resulta curioso que la queja común de los ganadores y del oficialismo sea el grado de transparencia conferido a todo el trámite. Les permitió a los oferentes conocer los antecedentes de sus competidores. Lo que habría facilitado la presentación hostil que se atribuye a Codere. Clasificada en el décimo lugar, es probable que su expectativa de acceder a una licencia se alimente de la deserción involuntaria de Bingo Pilar. Propiedad de Alejandro Gravier y Ricardo Glasmann, la fusión de Counterparty Services Limited con Stars Interactive los privó de un socio internacional. Stars Interactive privilegió en la Argentina su sociedad con Daniel Angelici, dueño de de Atlántica de Juegos S.A., sexta calificada. La caída de Bingo Pilar le permite al Casino Victoria de Daniel Mautone pasar del octavo al séptimo lugar y acceder a una licencia. Demasiado para Codere: en algunas versiones de ese mercado restringido se les atribuye haber acudido a los oficios de Cristóbal López.

Otra curiosidad: las relaciones entre ambos tienen un historial poco amistoso. López amenazó con comprar todos los bingos del conurbano en su época de esplendor. Aunque no esté comprobada, la idea de esa gestión incomoda a Federico Achával y Ricardo Benedicto. Los socios de López insisten en que no forma parte de este negocio. Será difícil que les crean. Codere cavila sobre la posibilidad de apelar a la Justicia. No lo acompañaría El Chalero S.A. de Juan Carlos Bojanich asociado a Sisal Entertaiment ni Bingo King del Grupo Villena con Betway Group Limited.

Este año vencen 16 licencias de bingo. El 33 por ciento del total en la provincia de Buenos Aires. Entre ellas la de Tres Arroyos. Igual que el de Bahía Blanca, propiedad de Bojanich. Y el de Avellaneda, del grupo Villena. Pero también el de Lomas de Zamora a cargo de Codere. Si los licenciatarios no hubiesen incurrido en infracciones tendrían prioridad para renovarlas. Es lo que no está claro si ocurrió con la de Bingo Caseros del grupo Midas de Jorge Pereyra, procesado en octubre del 2020 por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. Una desafortunada coincidencia: ese mes expiró su licencia. Algunos creen que su renovación se tramitaría en junio junto a las otras 16 que vencen este año. La pregunta que muchos se hacen en ese mercado es por la característica de la prórroga que supuestamente le extendió Lotería en la situación de Pereyra. El dato es relevante. La industria del juego experimentó un crecimiento extraordinario en la última década. Kicillof debe saberlo. También del mito que liga al juego con la política en la provincia de Buenos Aires. El lugar que eligió Máximo para hacer juego.

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