Massa prefiere no ser votado por todos

Sergio Massa consiguió que Julio Zamora no pueda tenerlo de candidato presidencial en la lista con la que competirá en las PASO contra Malena Galmarini para definir quién será candidato a intendente en Tigre por Unión por la Patria (UP). Una decisión inédita que la Justicia Electoral avaló a pedido de Massa y que, en los hechos, equivaldría a consentir un corte de boleta en su contra para privilegiar que su esposa enfrente a Zamora en aparentes mejores condiciones de éxito. Pero esa audacia priva a Massa de cualquier argumento para disuadir a los intendentes del conurbano de caer en la misma tentación que él: promover el corte de boleta. Sobre todo si la semana próxima se confirma la incómoda posición que le atribuyen los sondeos, con una intención de voto inferior a la de Axel Kicillof. Si fuese así, el gobernador vería peligrar su reelección. Massa no le transfería el caudal de votos suficientes.

Las adhesiones que pueda lograr el candidato presidencial definen el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Massa expresó su confianza en mejorar esa posición. Lo hizo tras el acto que compartió en Merlo con Kicillof. El gobernador partió de allí no bien terminó. Martín Insaurralde reunió el martes a los intendentes de su confianza en las oficinas que tiene en la calle Arroyo. Durante más de 6 horas habrían analizado distintas hipótesis. Alguno bromeó con la atención prestada a la que se arroga Carlos “Cuto” Moreno. Y capítulo dedicado al momento en que “los perdedores acuden corriendo en auxilio de los ganadores.” ¿Alguien ya pidió, y recibió, boletas de Juntos para asistir a sus candidatos en la tercera sección? Esa conjetura es uno de los rumores que transitan por los túneles que los intendentes de las dos alianzas mantienen despejados hace casi una década.

El fallo del 27 de julio por el que la Cámara Nacional Electoral le impidió a Zamora tener a Massa de candidato cobra relevancia por este escenario: Tigre cuenta con 336.000 electores habilitados para votar. Al menos un tercio resolvió no hacerlo en las elecciones de 2021. Según un sondeo de Opina Argentina realizado entre el 17 y el 23 de julio, un 41% de ellos votaría a Zamora y al menos el 31% estaría dispuesto a cortar boleta para hacerlo. Galmarini (12%) disputaría el segundo lugar con Segundo Cernadas (12%), el candidato de Juntos. Si se proyecta el resultado del trabajo sobre el total de votos emitidos en 2021, Zamora obtendría casi 100.000 votos. El equivalente a un punto en la elección de gobernador y de presidente en la provincia de Buenos Aires. Según el estudio de Analítica Argentina en julio, la ventaja de Juntos (31,4%) sobre Unión por la Patria (29,5%) sería exigua en las PASO.

Aunque ese cálculo se modifica sustancialmente cuando se evalúa el voto por espacio político. Allí la oposición (31,9%) se impone al oficialismo (21,4%) por más de 10 puntos. Una disparidad de criterio que tal vez justifique la de Massa y Cristina respecto de Zamora. A Cristina se atribuye la acción judicial para que sea revisado el fallo dividido de la Cámara Nacional Electoral. Su presidente, Alberto Dalla Via, votó en disidencia con Daniel Bejas y Santiago Corcuera que aceptaron los argumentos de los apoderados del Frente Renovador para impugnar a Zamora. Bejas y Corcuera aceptaron que Sofía Vanelli y Rubén Eslaiman lo hagan el 19 de julio y no el día 3, cuando la Junta Electoral de UP aprobó todas las listas que competirían en las PASO. Incluida la de Zamora. Vanelli y Eslaiman integran esa Junta. Pero no objetaron al intendente de Tigre porque, según adujeron, todavía no había agraviado a Massa, el argumento para impugnar al intendente de Tigre. Las supuestas calumnias tuvieron lugar a finales de junio.

Zamora aseguró sentirse amenazado por falsas denuncias contra él y sus funcionarios. Llegó a pedirle protección a Alberto Fernández, que nunca le respondió. El funcionario de mayor confianza del Presidente, Juan Manuel Olmos, coincidió con Vanelli y Elaisman. “El hecho de compartir el cuerpo electoral implica una mínima comunión política entre todos los integrantes… máxime cuando se trata del candidato que encabeza la boleta, hecho que no se verifica por el candidato denunciado por sus públicas declaraciones.” La opinión del vicejefe de Gabinete, que la Cámara Nacional Electoral pidió en este caso, parece omitir las públicas discrepancias que separan a las dos máximas autoridades de un gobierno que tiene allí una de las razones de su endeblez. Tal vez por propiedad transitiva, el defecto en la intervención de Olmos. Así y todo, tendría la extraña virtud de reparar una de las objeciones efectuadas por Dalla Via. Olmos es el único apoderado de UP que puede actuar en nombre del candidato presidencial. Vanelli y Eslaiman precisan de su imprescindible concurso para representarlo.

Esa interpretación política de normas específicas parece campear en la decisión que la Corte bonaerense adoptó el 5 de junio para absolver a Loreta González de la cesantía como fiscal en San Pedro. El Ministerio Público fiscal pidió la máxima sanción disciplinaria para González por desobedecer la orden de no intervenir en la causa en la que otro fiscal, Marcelo Manso, estaba acusado de violencia laboral. Manso es esposo de González y, en apariencia, un buen amigo de Sergio Torres. El titular de la Corte dejó de presidir el Consejo de la Magistratura a fines de mayo. El pliego de Manso para que Kicillof pueda proponerlo como juez de Garantías en el departamento judicial Lanús/Avellaneda fue aprobado en su gestión.

Manso fue acusado de intentar fraguar pruebas contra otro fiscal en San Pedro. Torres y la Corte carecen de facultades legales para dictar sobreseimientos. Sí están habilitados para desestimar sanciones y requerir otras al Ministerio Público. El fiscal general de San Nicolás, Héctor Tanús, le había ordenado a González apartarse de la causa en la que Manso era investigado. La Corte adujo que Tanús no dejó en claro si su directiva era una recomendación, sugerencia o, efectivamente, una orden. En Tribunales se atribuye la respuesta al genio literario de Ezequiel Cortelletti, el relator de confianza de Torres. Y, al parecer, del resto de los vocales del máximo Tribunal, cuya resolución en este caso podría ser apelada en el fuero Contencioso Administrativo de La Plata. En el de Garantías, la fiscal Virginia Bravo todavía no citó a declarar a Julio “Pipo” Lleral.

El empleado del Senado bonaerense que presta servicios en el bloque de UP en cuyo auto se hallaron casi 28 millones que reclamó como suyos al presentarse en la comisaría quinta de La Plata con una máquina de contar billetes. Efectivos policiales hallaron cuatro cajas con esa suma al detener un vehículo sospechoso el 17 de julio. Lleral se presentaría como actor y empresario gastronómico, rubro que camuflaría a cuevas financieras en la ciudad capital. Plagada de patrañas, su dudosa mitología urbana les endilga a dos exlegisladores con paso posterior por el Frente Renovador un desarrollo significativo en esa actividad con la que alcanzaron cierto estatus. Pero también un ciclo de prosperidad que habría interrumpido un evento global inesperado: la quiebra de Lehman Brothers.

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