Massa, el hombre fuerte de un gobierno débil

Sergio Massa logró convertirse en el funcionario más gravitante del oficialismo. Pero esa fortaleza está condicionada severamente por la debilidad del Gobierno. Su plan de ser el único candidato a presidente del Frente de Todos se desarrolla en esta situación contradictoria y depende de la habilidad para sortear obstáculos sin las facilidades que halló para forzar la renuncia de Alberto Fernández a la reelección. Una posibilidad en la que nunca creyeron quienes todavía responden al Presidente.

El Congreso le dio al ministro de Economía una muestra de las dificultades con las que podría tropezar. El oficialismo aprobó en Diputados la modificación a la ley de lavado de activos. Pero no pudo comprometer el aval de la oposición. Algo que Massa esperaba para mejorar las condiciones en que negocia con el adelantamiento en la entrega de fondos. Probablemente la acusación de sabotear esa gestión a economistas de Juntos exprese el malestar por esa frustración.

La ley 25246 regula el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). El oficialismo justificó la urgencia por introducir cambios en la inspección que el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI) le hará a la UIF en septiembre. El GAFI trabaja en prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo internacional. La adhesión a sus 40 recomendaciones es uno de los estándares que observan los organismos de crédito internacional para conceder préstamos.

La UCR y la Coalición Cívica presentaron un dictamen de minoría que abortó el acuerdo del Frente de Todos con Pablo Tonelli y precipitó un malentendido en Juntos. El diputado del PRO creyó representar los intereses de toda la coalición. El radicalismo y la Coalición desmintieron ese compromiso. Los cambios a esa ley se aprobaron la semana pasada con 111 votos del oficialismo, 96 en contra de la oposición y cinco abstenciones. Pero con un sugestivo número de ausentes: 44. En su mayoría del interbloque Juntos: 26, sobre un total de 116 miembros.

María Eugenia Talerico detectó un cambio inquietante en la ley publicada el 19 de abril en el Boletín Oficial. El artículo 15 fue sustituido por otro con el número diez que faculta a la comisión Bicameral de Inteligencia a controlar a la UIF. Talerico fue su vicepresidente en el gobierno de Mauricio Macri y asesoró a la oposición con el dictamen de minoría. Este cambio autoriza a la Bicameral a que la UIF “comparezca a su requerimiento y a emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que se le solicite.”

Si el Senado confirma esta modificación, la UIF dependería más que en la actualidad de otros poderes del Estado. Lo contrario a lo que sugiere el GAFI en su recomendación 29: dotarla de autonomía e independizarla de ellos. Pero además abriría una puerta a eventuales filtraciones de datos sensibles y, sobre todo, confidenciales. La concepción del secreto entre algunos miembros de la Bicameral como Leopoldo Moreau y Rodolfo Tahillade es, cuanto menos, controversial.

Tailhade es un incondicional de Cristina. Para seguirlo siendo, precisa que ella acepte ser la gran electora del oficialismo, como le proponen Massa y Máximo Kirchner. El mandato de Tailhade vence a fin de año. Cristina podría ver despejado el camino para lo que espera de ella su círculo después de la abdicación de Fernández a utilizar la lapicera. El instrumento que le obsequió Gerardo Martínez para que confeccione las listas e incluya en ellas a delegados de la CGT.

El Presidente intentó camuflar su desinterés por esa tarea con una extraña evocación a Perón. Le transfirió ese pasivo al pueblo como una herencia. La CGT se alineó de inmediato con Massa, al que había resistido al principio. Compartirán el acto por el Día del Trabajador con la esperanza de que el ministro no rehúya cumplir lo que esperaban del Presidente. Massa procura sumar aliados contra Daniel Scioli, que reclama una PASO por la candidatura presidencial, pero se acerca a Cristina para evitar eventuales vetos. Esa aproximación lo aleja del sindicalismo clásico.

Scioli asistió en San Pablo a Axel Kicillof, de misión comercial en Brasil. Lo que no le impidió asistir virtualmente al lanzamiento de la Guía Exportadora en Mar del Plata, una ciudad que estima propia. El acto fue organizado por el director del Correo Argentino y su lugarteniente, Ricardo Manino Iriart. Massa intenta compensar la expectativa de los intendentes del conurbano con Scioli mostrándose identificado con la animadversión que expresan contra Kicillof. Pero también mostrándose capaz de interferir con un plan que ni la alianza con Máximo les permitió ejecutar: eyectar a Kicillof de la provincia y convertirlo en candidato a presidente. Massa evita confirmar su disposición a competir por la gobernación bonaerense, como aseguran versiones puestas a circular por su entorno familiar. Martín Insaurralde se lo preguntó en forma directa en el almuerzo que compartieron hace dos semanas en el Palacio de Hacienda,

El jefe del Gabinete bonaerense sigue interesado en suceder a Kicillof. O, como mínimo, en impedir que sea reelecto. Cualquiera sea la candidatura que elija disputar, Massa carece de un atributo que lo deja en inferioridad frente a los intendentes: no controla Tigre, su territorio, desde que renunció a ser intendente en 2013. En 2015 se inició el conflicto con su sucesor, Julio Zamora, que persiste en la actualidad.

La semana pasada Juntos votó en el Concejo Deliberante una ordenanza para que los empleados municipales puedan elegir una obra social diferente a IOMA. Facundo Cernadas, candidato a Intendente por la oposición y titular de ese Cuerpo, tuvo que desempatar con su voto doble una decisión cerrada. Juntos y el Frente de Todos tienen ocho miembros cada uno. En el oficialismo, cinco responden a Massa y tres a Zamora. Los de Massa rechazaban votar en el recinto. Los de Zamora no.

El intendente presentará en una semana la rendición de cuentas. El acuerdo de gobernabilidad que mantiene con Juntos le permite aprobar ese tipo de iniciativas que rechazan los ligados a Massa. Zamora hizo público su aislamiento del gobierno nacional y el bonaerense por su enfrentamiento con el ministro de Economía que impulsa a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini, como candidata a intendente.

Tres de Febrero, San Nicolás y Capitán Sarmiento se desafiliaron de IOMA. Los municipios de Juntos procuran captar votos de empleados municipales descontentos con la deficitaria prestación de esa obra social. Zamora todavía no habría resuelto si vetará la ordenanza, como lo incitan con apremio funcionarios del gobierno bonaerense.

Micaela Ferraro le exigió una definición. “Queremos saber si Zamora será cómplice de Cernadas con el desfinanciamiento de IOMA y de la desprotección de los trabajadores o va a vetar la ordenanza”, escribió en twitter, donde recogió la previsible solidaridad de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Kicillof y protector de Homero Giles, titular de IOMA. Ferraro es concejal en Tigre y secretaria de Abordaje Integral en el ministerio de Desarrollo Social. Su renuncia a la dieta de concejal para percibir un salario del Estado nacional no fue la única.

También dimitió a Unión Personal, la obra social de UPCN que oficialmente les corresponde a los funcionarios del gobierno nacional. Ferrario pidió que sus aportes sean derivados a la obra social de Técnicos en Vuelo que tiene convenios con otras tres privadas: Osde, Osdepym y Omint. Ferraro es una ferviente seguidora de Massa. Y como él, está sujeta a las mismas contradicciones que pueden condicionar sus planes.

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