Martín Insaurralde y Gustavo Menéndez, dos tipos audaces

Emanuel González Santalla se pronunció a favor de un Estado presente mientras no sea bobo. El mensaje sorprendió a la oposición y dejó perplejos a Verónica Magario, Teresa García y Sergio Berni, aliados de Axel Kicillof en el recinto del Senado bonaerense. La intervención del dirigente de La Cámpora frustró la misión de la vicegobernadora: garantizar que la sesión de la semana pasada fuese solo un trámite de rutina. A ninguno de quienes escucharon a González Santalla le quedó duda: se valió de la frase incluida por el gobernador en todos sus discursos para criticarlo.

El mismo recurso le sirvió también para aludir a la necesidad de revisar la asignación de los gastos presupuestarios en medio de la crisis financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el centro del conflicto más reciente dentro de la relación siempre tirante entre Kicillof y Máximo Kirchner. La Cámpora controla la mitad de los 14 ministerios que conforman el gabinete bonaerense. Casi el 50% de los ingresos de la provincia dependen de la coparticipación federal, y el resto, de la recaudación propia.

Las transferencias totales a las provincias disminuyeron casi 24 puntos en marzo. Después de La Rioja, Chaco y Neuquén, la de Buenos Aires (26,4%) fue la que menos recibió por transferencias automáticas. Es lógico que Kicillof no envíe un nuevo presupuesto a la Legislatura si Javier Milei no remite el del Gobierno al Congreso. Necesita de ese cálculo para estimar sus recursos. Mientras esto no ocurra, mantiene las partidas congeladas y asigna fondos a cada área con discrecionalidad.

Andrés Larroque dinamitó la mesa de diálogo que montaron con dificultad referentes de los dos bandos para saldar esta diferencia sustancial. El temor a ser la víctima de un acuerdo llevó al ministro de Desarrollo Social a criticar la conducción de Cristina. Larroque consiguió sumar a Jorge Ferraresi y Mario Secco al modesto motín que terminó enfocándose en Máximo, con mandato hasta fines de 2025 como titular del PJ bonaerense.

El intendente de Avellaneda y el de Ensenada son parias en la tercera sección. El liderazgo de Martín Insaurralde los privó de tener candidatos a legisladores provinciales en la última elección. Ferraresi especula con que la alianza del exintendente de Lomas de Zamora con La Cámpora potencie la candidatura a intendente de Avellaneda de González Santalla.

Lanzada a 4 meses de iniciar su segundo mandato, la candidatura presidencial de Kicillof proyecta la ansiedad de Larroque, Ferraresi y Secco por avanzar sobre la Legislatura parapetándose en el gobernador. Kicillof se defendió en privado con el mismo argumento que usa en público cada vez que es acosado por una situación embarazosa. Aseguró desconocer las intenciones de este trío. Ferraresi sospecha que Insaurralde y Máximo vetaron su designación como ministro de Infraestructura bonaerense.

Ferraresi esperaba convertirse desde allí en el sucesor de Kicillof si antes lograba liderar al grupo de intendentes del conurbano que responden a Insaurralde, jaqueado por causas judiciales. Gabriel Katopodis ocupó ese lugar con idénticas aspiraciones, pero con una aparente limitación: la supuesta falta de constancia para persuadir a esas voluntades e identificar recursos en el Estado que contribuyan con esa tarea, aparentemente el rasgo distintivo de Insaurralde.

Gustavo Menéndez ansía cubrir ese rol para mantener intacto el embelesamiento entre los intendentes y La Cámpora que les permite controlar el PJ. El intendente de Merlo es su vicepresidente. Pero su irrefrenable vocación turística chocaría con esa ambición. Una propensión por la que se ganó el cariñoso apodo de “comisario de a bordo” entre sus pares y que lo obliga a delegar funciones en su hermana Karina. Menéndez apareció en la foto posterior al acto de Cristina en Quilmes, con la solitaria compañía en el escenario de la intendenta Mayra Mendoza.

Menéndez e Insaurralde tienen en común los precarios fallos judiciales en los que se sostienen sus carreras políticas. La Suprema Corte bonaerense sobreseyó a Menéndez de la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado cuando se desempeñaba como director de Casinos bonaerense. Pero en el mismo dictamen, la Corte le ordenó a la Cámara Correccional de Mar del Plata redactar un nuevo fallo que contemplara los planteos efectuados por su defensa. La probabilidad de que la anulación de la condena no quede firme está latente.

A Daniel Carral se le atribuye la redacción del voto a favor de Menéndez que defendió Sergio Torres. Carral integra con Roberto Maidana la Sala I del Tribunal de Casación. Los dos fueron convocados para completar la Corte en este fallo y adhirieron al voto de Torres. Hilda Kogan y Daniel Soria se opusieron. Los nueve cargos de la Cámara Correccional de Mar del Plata están vacantes y no forman parte de los cargos que el ministro de Justicia, Martín Mena, negocia con la oposición para que sean cubiertos este año.

Insaurralde negoció personalmente la integración de la terna de candidatos a fiscal general en Lomas de Zamora votada el 30 de abril por el Consejo de la Magistratura. La Procuración General aún no resolvió la sanción que aplicaría a Carlos Baccini, Jorge Griecco y Sebastián Bisquert. Kicillof debe elegir a uno de ellos para ocupar ese cargo. Los tres serían castigados por retacear información al fiscal federal Sergio Mola que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito.

Todos intervinieron en la causa que Bisquert ordenó archivar en 2020. El aparente fraude cometido por Hernán Rozín y Claudio Raggio al admitir que el municipio de Lomas de Zamora contrate firmas a las que estaban estrechamente vinculados. Rozín era el contador municipal y Raggio el secretario de Hacienda. Bisquert fundó su decisión en un fallo del Tribunal de Cuentas que, sin embargo, se reservó el derecho a emitir una nueva opinión a la espera de la evolución de la causa que archivó Bisquert.

El Tribunal de Cuentas señaló que las autoridades municipales omitieron la razón por las que infringieron la ley en ese proceso de contratación. Bisquert reflejó un espíritu similar en su fallo. Planteó la posibilidad de reabrir la causa si surgían nuevas pruebas. Las utilizadas ya fueron destruidas. El fiscal general interino, Baccini, ordenó devolverlas al municipio. Aun así, los reparos en los fallos del Tribunal de Cuentas y de Bisquert habilitarían a Mola a retomarla.

Para Insaurralde es crucial que cualquiera de los tres sea confirmado como nuevo fiscal general. La influencia ejercida sobre el Consejo de la Magistratura para que constituya esa terna confirmaría una impresión muy extendida: su poder dependería de lo que sabe acerca del funcionamiento de la estructura del poder en la provincia y no de ocupar un cargo en ella.

No está confirmado que el pliego de uno de los tres sea enviado al Senado en lo inmediato. Pero es evidente que Insaurralde puso en un aprieto a Kicillof y a La Cámpora. Sobre todo cuando circulan versiones del supuesto interés de Cristina en que Máximo tome distancia del exintendente de Lomas de Zamora. Quienes lo difunden insisten en que el yate donde fue sorprendido con Sofía Clérici zarpó con dos pasajeros menos de los previstos originalmente. Murmuraciones exageradas sobre la audacia de dos intendentes que podrían disiparse si, como se especula, Insaurralde fuera citado a indagatoria en los próximos 60 días.

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