Manzur y Kicillof, coroneles de Cristina en el lawfare

Juan Manzur propuso a la Legislatura que Gonzalo Azcárate sea juez en el fuero penal de Tucumán. Su pliego fue demorado por la Comisión de Acuerdos cuando trascendieron una serie de chats que lo confirmarían como autor intelectual del sobreseimiento que el juez Gonzalo Pisa dictó a favor del gobernador en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Azcárate es secretario del juzgado de Pisa y su ascenso debería reflejar el aparente intercambio de favores con Manzur. La decisión de trabar su pliego es parte del enfrentamiento entre el gobernador y su vice, Osvaldo Jaldo.

Los dos aspiran a continuar la colonización política del Poder Judicial iniciada en la gestión de José Alperovich. Jaldo tiene holgada mayoría en la Legislatura y en la Comisión de Juicio Político. Está en condiciones de revisar la actuación de cualquier funcionario, incluido Manzur. En diciembre de 2020, el diputado radical José Cano le pidió a esa cámara la intervención del Poder Judicial tucumano. Una medida que podría aprovechar el gobernador para acelerar ese proceso. El control del Poder Judicial es una coincidencia con Cristina Fernández de Kirchner que borra cualquier rivalidad con ella.

Manzur lidera la tibia oposición de los gobernadores del PJ a la vicepresidenta, pero no se pronunció contra el lawfare, el concepto con el que Cristina impugna las actuaciones judiciales en su contra, y lo suficientemente amplio para cobijar el interés particular que pueda hallar cada actor del oficialismo en él. Probablemente por la matriz común de los delitos que se imputan a los que se investiga: defraudación al Estado, blanqueo de capitales, enriquecimiento y asociación ilícita. Resulta lógico que Manzur sea uno de los coroneles en la batalla que se libra por esa idea. Igual que Cristina, depende del resultado de estas elecciones para avanzar en esa dirección. Si el Frente de Todos logra una amplia mayoría en el Congreso, podría pedir una intervención afín que le permita contar con una Justicia amiga y desplazar a Edmundo “Pirincho” Giménez, el procurador general que heredó de Alperovich, y sustituirlo por Federico Nazur, actual fiscal de Estado.

Carlos Cisneros está involucrado en esa operación. El diputado es un contacto fluido entre Manzur y Alberto Fernández. Compartió y organizó actos para el Presidente el 21 de junio en Tucumán y el 23 de junio en la Asociación Bancaria. Cisneros es el número tres del sindicato que conduce Sergio Palazzo. Sin embargo, su mayor atractivo reside en el estrecho contacto con la oposición en el Congreso y en la Legislatura tucumana, donde Jaldo suma 35 legisladores de un total de 49 gracias a cuatro aliados: dos de Pro y dos de la UCR. Para destituir a Jiménez y designar a Nazur, el gobernador precisa el voto de los dos tercios de la Legislatura. Además de alejar a los opositores de Jaldo para darle alguna coherencia a una eventual intervención, Cisneros debería acercarlos a Manzur. Una dificultad hasta ahora insuperable para Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires con el mismo objetivo: reemplazar al jefe de los fiscales, Julio Conte Grand. El gobernador no halló fisuras para quebrar al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, con 26 representantes sobre un total de 46, una mayoría propia que no retendrá después de las elecciones, lo que mantiene abierto un tenso debate en Pro por las candidaturas bonaerenses. La necesidad de evitar cualquier tipo de fisuras en un escenario de paridad en el Senado, que imaginan después de las elecciones, habilita todo tipo de conjeturas. Una es la preocupación que Mauricio Macri le habría expresado a María Eugenia Vidal en la reunión del fin de semana pasado: la caída de Conte Grand podría ser el comienzo de una persecución judicial contra la exgobernadora. La salida del procurador es una de las pocas coincidencias de Kicillof con Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, que le garantizó a Vidal gobernabilidad desde la Legislatura con el Frente Renovador. Kicillof sigue sin firmar los decretos para designar los 40 pliegos de funcionarios judiciales que votó el año pasado el Senado. Originalmente eran 41. Pero la oposición debió retirar el de Maximiliano Jarisch, propuesto como fiscal en San Isidro.

Jarisch fue detenido por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la investigación que sigue sobre Claudio Scapolán, acusado de liderar una asociación ilícita vinculada al narcotráfico. Esos 41 pliegos fueron enviados al Senado durante la gestión de Vidal. Jarisch era sostenido por Daniel “el Tano” Angelici. Scapolán era el fiscal de Delitos Complejos de San Isidro acusado de fraguar las actas policiales tras el robo al domicilio de Massa en 2013. Podría existir una nueva baja que disminuya el número a 39 si prosperara la gestión atribuida al secretario de Política Criminal bonaerense, Leandro Pellegrini, para que uno de los votados por el Senado renuncie al cargo a cambio de garantizarle ganar un concurso en un tribunal oral criminal (TOC) del Poder Judicial de la Nación. Juntos por el Cambio propuso a ese candidato. La Corte forma parte de ese cambio de táctica.

Si se confirmara el retiro de Eduardo Pettigiani tras una licencia de 90 días, quedarían tres cargos vacantes. Aunque podrían ser más. Pese a que no hay avances, Hilda Kogan y Luis Genoud están comprometidos en la causa donde el juez federal Luis Armella investiga las vacunas de privilegio que recibieron. Genoud está dispuesto a reforzar su posición. Ni sus severos problemas de salud, que le impiden cumplir con su rol, le hicieron desistir del lugar que tiene reservado el presidente de la Corte en la Junta Electoral.

Excepto Daniel Soria y Sergio Torres, todos superan los 75 años de edad y están en condiciones de jubilarse, un motivo que podría predisponerlos a colaborar con la dilatación de una serie de juicios políticos hasta que la composición de los legisladores que integran los jurados les resulte más favorable a los jueces de garantías de Avellaneda, Silvio Carzoglio, y al de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, y al fiscal general de ese distrito, Enrique Ferrari, involucrados en las investigaciones contra Jorge Castillo por la feria La Salada y la supuesta asociación ilícita de Pablo Moyano con barras del club Independiente.

Pero también a Martín Manuel Ordoqui y Víctor Violini, del tribunal de Casación Penal. Ordoqui está relacionado con la megabanda de La Plata dedicada al robo de viviendas en City Bell por la cual el exjuez César Melazo fue condenado por liderar una asociación ilícita integrada por funcionarios judiciales y policiales. A Violini se le imputa la suelta masiva de presos que volvieron a delinquir valiéndose de una disposición de la Corte para conceder prisión domiciliaria a los de mayor riesgo de contraer Covid-19.

Violini preside el tribunal de Casación y es el nexo del oficialismo con la Justicia. En junio votó en minoría darle una prisión domiciliaria a Melazo que rechazaron Ramón Maidana y Ricardo Borinsky. Lo que defraudó la expectativa con su nuevo defensor, Maximiliano Rusconi. El abogado de Julio De Vido es uno de los candidatos a la Procuración General de la Nación. Rusconi acumula el mayor número de rechazos a recursos presentados en la Corte Suprema de la Nación, que con la acordada 4 de 2007 fijó el modo de hacerlo. Su texto está disponible en la web. Todos estos proyectos dependen del resultado electoral. Pero sobre todo del que obtenga el oficialismo en la decisiva provincia de Buenos Aires.

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