Malvinas: motosierra a la soberanía

Entender la estrategia británica en el Atlántico Sur requiere al menos del estudio de acontecimientos globales de los últimos quinientos años. Ejecutores de una diplomacia muy astuta, el Reino Unido no puede ocultar los ejes de su táctica geopolítica con la Argentina, particularmente desde 1965. En ese año la Organización de las Naciones Unidas declaró a la Cuestión de las Islas Malvinas como un caso especial de descolonización e instó a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir las negociaciones.

El desdén hacia los intereses argentinos, la ignorancia en materia geopolítica o los intereses contrarios a un sentido nacional de algunos funcionarios omnipresentes posibilitaron que los dirigentes de diferente extracción política, en 1968, 1971, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1999, 2001, 2002, 2007 y 2016, hayan intentado persuadirnos de haber encontrado la solución milagrosa a la disputa de soberanía. Aunque, corresponde mencionarlo, los primeros entendimientos fueron más coherentes con relación a la posición nacional que se frustraron mediante una manipulación “anglófila” y un sentido de miseria atlántica nacional. Este gobierno no es la excepción (https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/conversaciones-y-entendimientos-bilaterales-con-el-reino-unido).

Luego de serios indicios oportunamente identificados, La Libertad Avanza ejecuta una serie de acciones que, de manera inequívoca, representan un posicionamiento favorable a los intereses del Reino Unido en el Atlántico Sur. Desde las desafortunadas (y de controvertida legalidad) declaraciones de septiembre de 2023 por parte de quien ejerce desde diciembre como titular de Relaciones Exteriores, advertimos que improvisar en geopolítica cuesta caro (https://miniurl.cl/pehscv).

Y puntualizamos que no se trataría de un paso en falso ejecutado de manera espontánea por personas sin experiencia o carentes de conocimiento específico. Otros tres casos puntuales permiten fundamentar lo afirmado y ponen en evidencia una hoja de ruta seguida por el gobierno: la abrogación del artículo 27 bis del Régimen Federal de Pesca, la firma y propaganda del Acuerdo BBNJ y la reciente firma de un nuevo acuerdo con el Reino Unido para facilitar su ocupación (ilegal, por cierto) en el área en disputa.

En el mes de enero se debatió el primer proyecto de Ley Bases que contenía una reforma del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922). Se trataba de una reforma torpemente elaborada en forma y en substancia. Aunque la discusión se centró en los aspectos comerciales, nosotros advertimos entonces que proponía la modificación del artículo 27 bis, y con ello, lo vaciaba de contenido (https://miniurl.cl/bg8rjr).

El artículo 27 bis refleja, en términos legales, un posicionamiento geopolítico del país con relación a la usurpación del Reino Unido. Podría argumentarse que se trata de uno de los pocos casos en que la Argentina adoptó una medida de este carácter en los últimos 15 años. Por este artículo, la pesca que se realiza en los espacios usurpados, con permisos del Reino Unido, resulta ilegal. Impacta económicamente a las empresas, pero su efecto más importante es que pesa una acusación grave para quien se pretende consolidar como líder mundial capaz de impulsar las soluciones globales más urgentes a los problemas ambientales.

Superada esta trampa del proyecto, nos anoticiamos en el mes de junio que el Estado se congratulaba por haber firmado el “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” o Acuerdo BBNJ. Este acuerdo constituye una amenaza de la geopolítica ambiental a los intereses argentinos y es contraria a la Constitución Nacional. Ciertamente, numerosos defensores del acuerdo impulsan cantidad de actividades para defenderlo sin presentar razones que así lo justifiquen (https://acortar.link/x9Xbdj).

El fundamento más oído es que “es mejor estar adentro que afuera” como si ello previniera al país de alguno de sus graves efectos. O que con “estar” podríamos intervenir en líneas de acción concretas de un documento de geopolítica ambiental que integra la estrategia del Reino Unido con innumerables e inesperados aliados. Si permanecemos afuera, cualquier esquema diseñado al amparo del Acuerdo no tendrá impacto para la Argentina y posibilitará, entre otras acciones, mantener la objeción persistente.

Su firma es un gravísimo error, pero su eventual aprobación por el Congreso (y su ratificación) no sólo justificaría una causal penal para los funcionarios envueltos, sino que sería reconocer definitivamente al Reino Unido en las áreas en disputa. Una causa penal para pocos, pero los territorios perdidos los perdemos todos los argentinos. La Argentina abriría escenarios jurisdiccionales que potencian (o incluso peor, reconocen) al Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico Sur y proyectará su impacto sobre la Antártida. Hago votos para que nuestros legisladores nacionales tomen en cuenta esta gravísima situación. Todavía estamos a tiempo.

Sin dejar de sorprendernos con esta firma, hace unos días nos anoticiamos de un nuevo acuerdo con el Reino Unido. Un nuevo acuerdo que, como todos los anteriores, ofrece concesiones a los británicos y genera obligaciones para el país. Incluso la vicepresidente entendió que, con estas medidas, nos toman por “tontos” y agregaría “miserables”.

Si de esta manera iremos “transitando el camino empezado”, ejemplificado en este tipo de “acciones concretas” y los responsables de la política exterior consideran que no se trata de “retórica vacía”, estamos en problemas. Y lo único seguro y más grave es que el gobierno compromete las chances reales de recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas.

Ningún acuerdo puede validarse si no contempla sentarse a la mesa con el Reino Unido para negociar la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía. Es un momento para que, como sociedad, reaccionemos adecuadamente y en los foros que correspondan. No permitamos que la indiferencia, la ignorancia o la banalidad ambiental de unos pocos, condenen el futuro de la gran mayoría de los argentinos.

Exdiputada nacional por la Coalición Cívica

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