Macri y Obama deben hablar del caso AMIA

El presidente argentino debería plantear a su par estadounidense, que llegará al país la semana próxima, la necesidad política de la Argentina de resolver la cuestión AMIA. Esta deuda pendiente excede ampliamente un asunto de justicia e impunidad. El insostenible retraso en resolverla y sus graves consecuencias, y el hecho de que se trata de un caso de terrorismo internacional, justifican que ingrese en la agenda de conversaciones entre los dos mandatarios.

El atentado contra la AMIA, la mayor acción terrorista producida en América latina, sigue sin culpables conocidos ni castigos. La incapacidad, luego de 22 años, para hacer justicia es un espejo del colapso institucional argentino, del sistemático ocultamiento de la verdad como rutina de la política y del estado lamentable en que se encuentran nuestras organizaciones, las tramas políticas y los individuos que las construyen.

Los ciudadanos poco y nada saben de lo que llegó a conocerse luego de dos décadas de investigación. Si algo se supo, quedó oculto. Así, de mentira en mentira, de silencio en silencio, la sociedad argentina se acostumbró a vivir como una situación natural que la justicia no exista y que los asesinos de 85 personas sigan impunes. En otras palabras, nos hemos acostumbrado a vivir sin Estado de Derecho, es decir, en estado de cuasi jungla.

El Estado de Derecho es más importante que la democracia. En rigor, la democracia es una forma de organizar la sociedad y el poder para asegurarlo. Una democracia sin Estado de Derecho es inútil y engañosa.

Conviene echar un vistazo sobre los argumentos que sostienen lo que acabo de afirmar. "No matarás" no es un valor intrínseco de las personas. Viene de cómo decidimos relacionarnos entre nosotros. Y así también sucede con nuestras formas de amar, pensar, crear, juzgar. Afortunadamente, esa relación no es anárquica; se produce dentro de normas que aceptamos todos y que establecen modalidades, obligaciones, derechos, entre unos y otros.

Si no existieran esas normas, por ejemplo, usted no podría comprar o vender, no existirían el dinero ni los contratos ni habría límites al poder público. Sin leyes, en la cuasi jungla, nadie tendría certidumbre y todo se resolvería por la fuerza. "Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera", escribió Rousseau.

El caso AMIA inconcluso significa mucho más que impunidad. Muestra con crudeza la precariedad del Estado democrático de Derecho. Implica que nuestras normas, en un caso extremo como éste, son formales y no sirven para regular la vida entre nosotros. Si un atentado como el de la AMIA no tiene culpables ni castigos, también son posibles muchas otras cosas: la corrupción, la inseguridad, la arbitrariedad y las formas más diversas de explotación.

El caso AMIA es más que la búsqueda de verdad y justicia: sería un paso sustancial para recuperar el Estado de Derecho, pilar de la democracia. Cuando el juez Daniel Rafecas "archiva" la denuncia de Alberto Nisman, da un hachazo a nuestra forma básica de organización social.

El nuevo gobierno debería hacer de la reconstrucción del Estado de Derecho un objetivo principal de su gestión. En consecuencia, tendría que ubicar la solución del tema AMIA como una prioridad, no sólo para responder a quienes reclaman justicia, sino como una urgencia de la democracia argentina.

En primer lugar, el nuevo gobierno debe explicarnos por qué el Estado argentino fracasó y a menudo boicoteó la investigación, y cuáles son las reformas necesarias en las fuerzas de seguridad y defensa, en los servicios de inteligencia y en el Poder Judicial, a la luz de estas incapacidades, para resolver este atentado. En segundo lugar, el Gobierno podría introducir novedades importantes. Entre las pocas cosas que se llegaron a conocer, la más importante es que la decisión del atentado viene del gobierno iraní de la época. Además, el vergonzoso memorando celebrado con ese país y las denuncias de Nisman refuerzan la idea de que Irán tuvo una vinculación directa.

Si esto es así, el atentado es un tema de terrorismo internacional y de agresión de un Estado extranjero. Sin embargo, la Argentina no inició ninguna acción en foros internacionales, en una época en que la cuestión del terrorismo está en el centro de la atención mundial. Nuestro país no se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU ni recurrió a la carta de esa organización para pedir la puesta en marcha de los mecanismos previstos en caso de agresión de un Estado. Éste fue una acto de agresión exterior y, durante un cuarto de siglo, ningún gobierno actuó en consecuencia.

Más allá de las acciones que se habrían podido decidir en las organizaciones multilaterales, no hay duda de que la presión que se habría ejercido sobre el país agresor podría haber resultado en un importante avance en la cuestión. En lugar de atacar diplomáticamente al agresor, optamos por celebrar un acuerdo para que Irán nos ayudara a juzgar a los sospechosos. Si no lo hubiésemos vivido, sería difícil de creer.

Estamos a tiempo de intentar el camino internacional. Se trata de un caso de terrorismo que involucra a un país que, se sospecha, lo ha practicado otras veces y en el que todos los días se violan los derechos humanos más elementales. El interés para resolverlo no debería ser exclusivamente argentino. El terrorismo ha dejado de ser una cuestión nacional. Por lo tanto, vale la pena explorar si hay otros Estados occidentales dispuestos a trabajar en este caso de terrorismo.

Se señala que los dos temas mayores que figuran en la agenda de la visita de Obama son el narcotráfico y el terrorismo. Si esto es así, no hay mejor ocasión para plantearle al presidente estadounidense la cuestión y transmitirle que el terrorismo no es sólo una prioridad en la agenda de Estados Unidos; nuestra cooperación debería iniciarse con este caso. Los beneficios de la cooperación deben ser, lógicamente, para ambas partes (como en el caso del narcotráfico).

Ésta es una oportunidad concreta que el presidente Macri no debería desaprovechar. El caso AMIA es un tema internacional y debemos obtener el apoyo de los principales países occidentales. El Gobierno debería ver en este asunto un paso importante en su esfuerzo para reconstruir el Estado democrático de Derecho. Es un problema que toca a la esencia del cambio en Argentina.

Politólogo, fue canciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín

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