Macri, con más controles que nadie
La visita a España sorprendió al propio entorno de Macri . No tanto por potenciales inversiones que difícilmente lleguen mientras la Argentina no recupere cierta normalidad como por una sintonía que acaba de percibir el Gobierno de parte de los empresarios españoles. "Necesitamos que vuelvan -los alentó anteayer el Presidente-. Para que podamos revertir la pobreza es muy importante el apoyo de Europa y España frente a la agresiva política comercial de China."
Todo muy distante de aquel primer viaje de Kirchner en julio de 2003, cuando el santacruceño los acusó de haber actuado en connivencia con el menemismo y les advirtió que el país saldría adelante con o sin compañías españolas. "Presidente, usted nos ha puesto a parir", lo despidió en aquel desayuno José María Cuevas, entonces vocero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Esa afinidad, por ahora superficial pero ya más clara que la que demuestra el establishment argentino, parte de un sobreentendido elemental: ningún hombre de negocios espera de Macri extravagancias o expropiaciones. Lo consideran un par. Puertas adentro de la Argentina, sin embargo, esta identidad de pertenencia tiene un doble filo: en un país politizado y presto a la sospecha, Macri deberá demostrar que es capaz de sortear los conflictos de intereses que, como Trump o en su momento Piñera, le depare el ejercicio del poder.
Es un escenario nuevo, porque nunca antes un empresario había llegado aquí a la cima institucional. Hasta 2015, como ocurrió con los Kirchner, generaciones de dirigentes de clase media se habían enriquecido una vez asumidos en sus cargos, razón que explica parte del saqueo del Estado. Pero Macri arribó a la Casa Rosada millonario y levantando banderas contra una Argentina corporativa y corrupta. Vaciar ese discurso supondría defraudar a quienes lo votaron.
De ahí que su compromiso con la transparencia sea decisivo, y que episodios de su vida empresarial lo hayan puesto en un brete inimaginable en sus antecesores. El caso del Correo no es, por lo tanto, la simple resolución de un concurso preventivo. Macri está obligado a desterrar, por ejemplo, presunciones que han empezado a filtrarse desde el entorno de su padre, Franco, y que emparentan ese acuerdo con un gesto al que tal vez ahora no se le presta la debida atención: en noviembre, el líder de Socma presentó en la Justicia un escrito en que se atribuía la responsabilidad en Panamá Papers. Entonces, según publicó Santiago Dapelo en este diario, el padre del Presidente declaró que las sociedades habían sido formadas sin el consentimiento de sus hijos, de quienes agregó que, por sus edades de entonces -Mauricio, 22; Gianfranco, 20, y Mariano, 15- sería "imposible pensar que ellos hubieran decidido o tomado intervención". Verificar una supuesta devolución de favores es difícil. "Franco se ha portado muy bien con Mauricio", dicen en el gabinete cuando describen la sinuosa relación entre ambos.
La crisis del Correo desconcierta por varios motivos. Entre otros, porque contó con la participación de los Kirchner, que dejaron licuar la deuda nada menos que durante 12 años. Es cierto que el vínculo de Macri padre con ellos fue explícito. Tanto que, por ejemplo, no hubo inconvenientes para que Rafael Sardella, el directivo de Socma que tenía a cargo el pliego de privatización, continuara seis años más, una vez consumada la estatización, como director general de la empresa hasta 2009. ¿Respeto kirchnerista por las fuentes de trabajo? Esa generosa política de recursos humanos no aplicó en YPF o Aerolíneas. Sardella es hoy presidente de la estatal Aguas Bonaerenses. "Sin duda, desde la razón, voto a Cristina Kirchner", sorprendió públicamente en 2010 Franco Macri desde Pekín, donde definió a aquella gestión como la mejor desde Frondizi.
Ese respaldo explica que, por ejemplo, el grupo le haya iniciado juicio al Estado por la estatización recién a mediados de 2016, 12 años después, paso judicial que caducó este mes por un extraño olvido procesal: no fue notificada la contraparte -el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín-, requisito que debe cumplirse en un plazo de 180 días. ¿Se intentaba bajarle el perfil a la demanda hasta último momento?
Son asuntos que la Justicia debe dilucidar, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, con un ojo en hechos del pasado. Con las rutas otorgadas a Avianca, otro de los casos cuestionados por la oposición, tampoco alcanza con mirar el presente. El Gobierno fue denunciado por haberla incluido en un lote de cinco aerolíneas que obtuvieron estos derechos en diciembre en audiencia pública. La acusación es que la firma colombiana venía de comprar, casi un año antes, MacAir, la histórica aerolínea de los Macri. ¿Habrá entonces que impugnar la licitación, sin dudas necesaria para ampliar la oferta de vuelos, aun con los antecedentes de que aquí no se hacía una convocatoria pública desde 2005 y de que nunca en la historia una empresa salió de una audiencia con las manos vacías? Más que sobre el acto público de diciembre, las dudas recaen sobre las motivaciones de marzo de 2016: ¿cómo corroborar si se incluyó una promesa en la venta de MacAir, si lo único constatable es que se tomó una medida que favorece a los usuarios?
La lógica podría extenderse a Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, primo del Presidente, a quien Cristina Kirchner le adjudicó el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. ¿No era hora de concluir una obra que la ex presidenta anunció no menos de ocho veces y ni siquiera inició? Macri debe haberlo pensado el año pasado, cuando le destinó al proyecto 45.000 millones de un plan de obras de 100.000 millones de pesos. Un mes y medio antes, Calcaterra había anunciado que pondría en venta Iecsa con un argumento que dejaron trascender sus allegados: será muy difícil, como pariente, presentarse en próximas licitaciones. Pero, si una aerolínea vale por sus rutas, las constructoras tienen el precio que le dan sus proyectos. Lo habrá tenido en cuenta Marcelo Mindlin, que acaba de interesarse por Iecsa. Cristina Kirchner lo advirtió en noviembre, cuando declaró en la causa que la involucra con Báez: alertó de la presunta incompatibilidad a los fiscales, que entonces pidieron a la Justicia que abriera una investigación. ¿Se deben volver a parar los trabajos? ¿Objetar la venta de la contratista? ¿Culpar a Cristina, ayer adjudicadora y hoy denunciante?
Son ironías de un proceso que para la Argentina es inédito y que ya cambió el paradigma jurídico. En la Justicia lo anticipan así: la atención, abocada históricamente a lo que pasaba en los juzgados federales de Comodoro Py, deberá ahora extenderse a los fueros civil y comercial, penal económico y penal tributario. Por antecedentes, discurso de campaña o simple prejuicio, y a diferencia de otros jefes de Estado, Macri enfrentará controles más sofisticados y acordes con el establishment que lo forjó. El mostrador tiene dos lados, pero está a la luz del día.
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