Alberto Fernández le acaba de decir a Nico Wiñazki, muy enojado, que nunca fue su intención responsabilizar a Fabiola Yáñez por la organización de su fiesta de cumpleaños en la Residencia Presidencial de Olivos. Si fue así, no se notó.
Pero si de verdad nunca fue su intención descargar su responsabilidad en Fabiola, debería aclararlo ya. Decir: “El primer y único responsable soy yo”. Como presidente de la Nación. Y también como hombre. No en el sentido del “macho” sino del “hombre de bien”. De la buena persona. Y, al mismo tiempo, debería hacer algo más, sin dilaciones: presentarse ante la Justicia y reconocer responsabilidad.
¿De qué? De violar el decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que él mismo impulsó. Y enfrentarse a una posible condena. Una condena que contempla desde seis meses dos años de prisión. La misma posible condena que les puede ser dictada a las 47 mil personas investigadas por la Justicia por violar el ASPO.
Eso sí sería ejemplar: presentarse ante la Justicia, asumir las consecuencias y cumplir así el principio básico de que todos somos iguales ante la ley. Porque no hace falta ninguna evidencia más, para corroborarlo, que la foto que mostró Eduardo Feinmann el martes pasado en Voces y la imagen que publicó el jueves pasado Guadalupe Vázquez en Más Data.
Alberto estuvo ahí, sin barbijo, junto a 12 personas más, en un lugar cerrado, quién sabe durante cuánto tiempo. No fue solo un error o un acto involuntario. Error es querer llamar al tercer piso y apretar el botón del segundo o del cuarto. Enviar un mensaje al celular equivocado. Lo que hizo Alberto es violar la ley.
Aunque ahora se muestre enojado. Mucho más enojados deberíamos estar, y estamos, la mayoría de los argentinos. Los parientes de nuestros muertos. Los que nos vimos privados de muchas cosas al respetar las normas. Privados de estar a metros de nuestros amigos y de nuestros seres queridos. Privados de abrir negocios bares y restaurantes. Privados de trabajar durante una cuarentena inútilmente larga, y mal pensada. Enojados deberían estar los que están despidiendo a sus muertos hoy mismo. Esto no puede quedar así, ni terminar acá.
Podemos compararlo con los bolsos de José López y la máquina de contar dinero negro de la Rosadita y los vacunados de privilegio. Podemos discutir si la oposición debe impulsar o no un juicio político contra el Presidente. Lo que no podemos hacer es dejar que se nos rían en la cara.
Como lo hace, por ejemplo, Máximo Kirchner, el gran jefe de los chicos grandes de La Cámpora. Esos irresponsables que suponen que con una fotito y un tuit, en el que muestran a Macri recibiendo a las autoridades del Fondo, vamos a dar por terminado semejante asunto. Porque no fue un error ni un descuido. Esta foto es solo el último eslabón de una cadena que revela la conducta desaprensiva que tuvo oficialismo desde que empezó la pandemia.
Una conducta no excepcional, sino lineal y reiterada, que incluyó:
· Los vacunatorios VIP montados en el ministerio de Salud y el Hospital Posadas.
· A Carlos Zannini, reivindicando esa inmoralidad y apareciendo, junto a su esposa, en los registros, como personal de Salud.
· A la obturación de un contrato con Pfizer que pudo haber evitado, según numerosos científicos, por los menos, 20 mil muertes sobre las casi 109 mil que hasta ahora lleva registradas la Argentina.
· A la provocación social que implica el reciente nombramiento como ministro de Defensa de Jorge Taiana, otro vacunado VIP, un ex montonero con posiciones más cercanas a las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega que a los gobiernos democráticos de la región y del mundo.
Y que tampoco se haga demasiado la enojada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Porque fue ella, junto a su hijo, la verdadera ideóloga de la decisión de no traer las dosis de Pfizer y apostar exclusivamente a la vacuna rusa, cuyo segundo componente se sigue distribuyendo a cuentagotas, frente a la desesperación de miles de personas que la tendrían que ya la tendrían que haber recibido.
Y fue Cristina, además, quien autorizó el envió de las vacunas para su jardinero, Ramón Ángel Diaz Díaz, y su empleada doméstica, María Soledad Zazo Gómez, las primeras dos personas que se aplicaron la vacuna en El Calafate, el 30 de enero de este año.
Que la Justicia no lo haya considerado todavía un delito, no la exime de su responsabilidad moral. Y tampoco la exculpa de su pecado original. Pecado original que comparte con Alberto Fernández, y cuyas consecuencias están pagando todos los argentinos. ¿Qué pecado original? El haberse mezclado en una fórmula contra natura para formar un gobierno desopilante. Un gobierno que puede ser considerado como uno de los peores, sino el peor, desde 1983 hasta la fecha. Porque no hay límite moral que resista el haberse juntado después de acusarse, mutuamente, de las peores cosas que puede haber en la vida.
Este es el resultado inevitable de semejante componenda. Y también explica, más allá de la pandemia, el actual estado de cosas:
· Los 3 millones y medio de nuevos pobres.
· Los cientos de miles de nuevos indigentes.
· La expulsión de la clase media de casi 2 millones de personas.
· Que no le alcance la plata a nadie porque el dólar pasó de 45 pesos a casi 180 pesos, en una de las devaluaciones más profundas en la historia de la moneda nacional.
· Que entre 8 y 12 millones de bonaerenses tengan que asistir todos los días a comedores populares porque no les basta sus propios recursos para alimentarse.
· Que 8 de cada cinco jóvenes se quieran ir de la Argentina.
· Que la inflación se encuentre entre la más altas de todos los períodos históricos, exceptuando las hiperinflaciones de 1989 y 1990, con una proyección de más del 50 por ciento para este año 2021.
Y que encima tengamos que escuchar y ver cómo, desde el poder, con total impunidad, todos los días los retan y nos maltratan, mientras los supuestos servidores del pueblo mantienen sus privilegios y sus ventajitas.