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Los tres vértices de la gobernabilidad
Por Natalio R. Botana Para La Nación
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LA NACIONNatalio Botana
Cuando asumió la presidencia Fernando de la Rúa, sostuvimos que ocupaba el vértice superior de un triángulo de poder en cuyos vértices inferiores se ubicaban los gobernadores de provincias, en su mayoría opositores, y las dos cámaras del Congreso de la Nación. Al nacer aquejada por esa debilidad, la administración estaba, pues, obligada a deliberar permanentemente con amigos y adversarios para pactar el consenso. Hoy el triángulo del poder se ha convertido para la autoridad presidencial (parafraseando a Max Weber) en una jaula de hierro que lo oprime y somete a chantaje.
Los actos de proponer y ceder, de pactar razonablemente y defender los acuerdos alcanzados chocan de este modo con pasiones, caracteres a veces irreductibles y la prepotencia de los séquitos partidarios. A simple vista, daría la impresión de que el Gobierno está solo: los partidos de la Alianza desertan o se desgranan, y no parece que la coalición con Domingo Cavallo ofrezca una moneda de recambio comparable.
Sin embargo, es claro que la propia crisis ha impuesto nuevas exigencias. Ya no se puede manipular más el endeudamiento, so pena de recaer en el caos monetario y financiero. Dada esta circunstancia, si hay disciplina y férrea cohesión en el Gobierno, su condición solitaria puede ser amortiguada merced a la capacidad de negociación que proviene de haber elegido un rumbo fiscal firme (el déficit cero).
¿Se podrá mantener el norte del déficit cero cuando arrecia la tormenta? Algún atisbo de lo que puede generar esta combinación del estilo negociador con la firmeza de las decisiones lo proporciona la adhesión de los gobernadores al principio del déficit cero. Todavía está por verse (la incógnita se disipará en estos días) la actitud que adoptará el Congreso Nacional, pero no es ocioso observar que las negociaciones circulan por la estructura de los poderes institucionales (gobernadores y legisladores) en lugar de hacerlo a través de las organizaciones de los partidos.
Este mecanismo parece mejor adaptado a las exigencias de un régimen presidencialista de carácter federal como el nuestro. En los regímenes parlamentarios, los pactos se gestan entre partidos; en el régimen presidencial (es relevante, al respecto, la experiencia de los Estados Unidos), los acuerdos se generan entre tres poderes: el poder presidencial, el poder federativo de las provincias y el poder legislativo.
Desde luego, este estilo negociador calza mejor con los rasgos que viene adoptando la presidencia de De la Rúa y con la conducción colegiada que se advierte en el seno del Partido Justicialista. Hasta tanto definan un liderazgo de amplio alcance, los justicialistas son en el año 2001 algo semejante a una vieja liga de gobernadores. Más complicado se presenta este engranaje en los partidos de la antigua Alianza, donde aún sobresale el liderazgo partidario de Raúl Alfonsín.
Ciudadanía fiscal, cimiento del Estado
Este es el cuadro que surge de una mirada política sobre el curso de la crisis. ¿Qué decir, en cambio, de los efectos sociales de una situación de asfixia en el Estado? En las crisis económicas es donde resalta con más dramatismo el costo social de las decisiones políticas. No hay espacio para las medias tintas. Pero lo que jamás debería admitirse es que esa dolorosa cirugía recaiga sobre los más débiles y termine exceptuando a los estamentos privilegiados del Estado.
¿Es acaso admisible, si aplicamos criterios de equidad, que las jubilaciones de trescientos o de quinientos pesos sufran una quita porcentual idéntica a las jubilaciones de privilegio? ¿Puede todavía el Poder Judicial ampararse en una interpretación constitucional para no plegarse al pago del impuesto a las ganancias? ¿No habrá llegado la hora de presentar el ejemplo de un acto de desprendimiento ligado al concepto tantas veces pregonado de virtud cívica? La acordada del día de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría abrir al respecto una vía de acción positiva. Razón de más para que el Congreso actúe en consecuencia y sea capaz de limpiar sus establos, alineándose, junto con el Poder Judicial, en el extraordinario esfuerzo de austeridad del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, todo este esfuerzo para reconstruir el esqueleto institucional de nuestra democracia será inútil si no se desarrolla en la sociedad civil y en el mundo de la economía el sentimiento de la ciudadanía fiscal. Es injusto un ahorro público con baja de salarios y de jubilaciones sin el apoyo correlativo del pago de impuestos por parte de la actividad privada.
En caso de que el Gobierno logre franquear la dificilísima prueba del apoyo legislativo a las recientes decisiones, los argentinos (no solo el Gobierno) deberemos levantar cuanto antes un decoroso sistema impositivo. Pagar impuestos en la Argentina evoca el arte de trampear y eludir. Por eso la política económica aparece como un modelo impugnado por una violencia que día tras día está invadiendo los espacios públicos y hace oír su indignada voz.
Si las democracias las construyen todos, el deber primordial de quienes más tienen es cumplir con la ley. De no hacerlo, es función del Estado -cosa que actualmente no ocurre- imponer la debida coacción. Volvemos, pues, a lo fundamental, a lo que, más allá de los debates y de las contiendas electorales, está pendiente desde 1983: el diseño de un Estado en forma y la formación de una ciudadanía fiscal que haga las veces de cimiento de él. Es la lección que se desprende de las democracias avanzadas.
