Los privilegios dividen a Juntos

Macri rescata la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde el estrés de Juntos por la candidatura presidencial desnuda situaciones desesperadas

A Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta los irrita que Mauricio Macri arbitre la disputa que mantienen por la candidatura presidencial en el Pro. Sospechan que bajo la apariencia de una gesta pacificadora y ecuánime, el expresidente oculta su interés de ser él quien resulte el vencedor de esa contienda. La especulación cobra sentido por el efecto más visible de esa maniobra. La restitución de un orden donde el expresidente recuperó un lugar de mando decisivo. Lo que les inquieta es que todavía mantenga en suspenso esa intención.

Pero también temen que María Eugenia Vidal sea el indicio inconfundible de que pueda inclinarse por esa opción. Su acercamiento a Macri coincide con la reaparición de las teorías que le atribuyen el caos de Juntos a su salida de la provincia de Buenos Aires. El territorio que concentra el mayor caudal de votos y donde los postulantes a la presidencia reflejan en sus candidatos a gobernador la lucha por capturar su voto. En la entrevista con LA NACION del domingo pasado, Macri se encargó de reivindicar a la exgobernadora. Aseguró que no pudo obtener la reelección por la macroeconomía. “No fue su culpa”, dijo. Faltó que admitiese que la tuvo él. Esa generosidad infrecuente incluyó no descartarla del lote de presidenciables. Sin embargo, el elogio más importante que Macri le dedicó a Vidal fue otro: “Hizo una pequeña revolución”. Ese balance positivo de su gestión llega cuando la Legislatura bonaerense somete a revisión las leyes más importantes impulsadas por su gobierno.

Un proceso atado a la dinámica de los vaivenes electorales que sacuden al oficialismo y a la oposición, donde la capacidad de erigirse en el interlocutor válido de cada uno de esos espectros comienzan a posicionarse para alcanzar la candidatura a gobernador. Es lo que vuelve lógico que el debate sea más intenso en Juntos. Al menos tres intendentes y dos diputados nacionales del Pro aspiran a aventajar al resto dentro de su espacio si consiguen retener esa función.

Esa disgregación favorece bastante la estrategia de Martín Insaurralde. El jefe del Gabinete es el más afirmado en la expectativa de suceder a Axel Kicillof, que procura ser reelecto. Bajo este escenario, Insaurralde negoció con Néstor Grindetti y Maxi Abad incluir la restitución de un régimen de privilegio a los jubilados del Banco Provincia (Bapro), entre los temas a resolver por la oposición para que Kicillof acceda a reconocerle lo que naturalmente le corresponde: tres lugares en el directorio del Bapro y en otros organismos de control.

Vidal hizo atenuar ese régimen por la ley 15.008. Aún así, los 15 mil jubilados del Bapro representan un sexto del déficit de la provincia: 90 mil millones de pesos. Cada jubilado arroja un pasivo anual de un millón de pesos con haberes promedio de 200 mil pesos. Para reponer el viejo régimen es preciso derogar la ley y sancionar otra. El intendente de Lanús y un sector de la UCR aceptó por válido el argumento de la inconstitucionalidad de la ley blandida por el oficialismo.

Hernán Lacunza defendió en soledad la ley 15.008. El exministro de Economía pareció comprender mejor que nadie lo que está en juego: que la gestión de Vidal sea el eje de campaña del Frente de Todos. Los intendentes del Pro parecen convencidos de convertir a ese período en un mal recuerdo. Un esfuerzo que los del PJ agradecen y que se replica en situaciones curiosas. Sergio Torres concurrió la primera semana de mayo a la Legislatura. Un hecho excepcional. Por lo general, son los legisladores quienes visitan a los vocales de la Corte con pedido de audiencia. Más extraño todavía es que la invitación haya sido cursada, en apariencia, por un intendente: Grindetti. Uno de los tres que compite por la gobernación junto al de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el de La Plata, Julio Garro, más los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo.

Pero aún más llamativo que ese protocolo es que Torres se haya desviado del motivo original de su visita, pedir la expropiación de tierras para construir juzgados, para adelantar un supuesto fallo de la Corte. Aseguró que el máximo tribunal vetaría la 15.008. La novedad alteró el clima de recogimiento que suele imperar en la Corte, sobre todo porque no tiene previsto ocuparse de ese tema. Torres fue propuesto a la Corte por Vidal a pedido de sus ministros de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo, y acogido rápidamente por Federico Salvai, jefe de Gabinete.

Grindetti se sintió desautorizado por la orden de no votar ese proyecto que dio el expresidente y abandonó las negociaciones. Fue sustituido por Jorge Macri. El primo de Mauricio le advirtió a Insaurralde que el Pro no avanzaría con esa ley. El malestar se extendió a las negociaciones para que Federico Thea sea presidente del Tribunal de Cuentas, donde predominan Juan Pablo Peredo, Daniel Chillo, Ariel Pietronave y Gustavo Diez. Peredo responde a Martín Insaurralde, Chillo a Sergio Massa y Pietronave a Grindetti. Llegaron al Tribunal de Cuentas por los acuerdos legislativos de Vidal con Insaurralde y Massa. Las alusiones cariñosas de Peredo, Pietronave y Chillo permiten inferir que Diez llegó por Salvai. Lo llaman “el de Fede”. El tumulto que rodeó a la llegada de Thea dejaría al desnudo cierta discrecionalidad del cuerpo encargado de auditar los gastos de municipios, entes descentralizados y el gobierno bonaerense.

Diez destina 7200 módulos a contratar como asesor a su hermano Fernando. Cada módulo equivale a 110 pesos. Un salario bruto de casi 800 mil pesos. Fernando es uno de los socios de Estudio Diez, uno de los estudios contables más acreditados en cuestiones fiscales. Esas políticas de Estado no habrían dado el fruto esperado. Lo mismo que en el área de Seguridad.

Ritondo designó como jefe de la Policía a Juan Pablo Bressi, superintendente de Investigaciones de Tráfico de Drogas en la gestión de Alejandro Granados como ministro de Seguridad de Daniel Scioli. Tras una dura carta de Elisa Carrió contra Bressi, lo sustituyó por Fabián Perroni, que tuvo como su segundo a Daniel “El Fino” García, actual titular de la fuerza en la gestión de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad.

Esa línea de continuidad es a la que atribuyen expolicías retirados la supuesta alianza entre Berni y Ritondo para competir en la elección de autoridades de la Caja de Previsión de la Policía Bonaerense con las candidaturas a conducirla de Bressi y de Fabián Cañete, ascendido por Ritondo a la superintendencia de Servicios Sociales. La Caja Policial tiene un superávit de 40 mil millones de pesos.

Ritondo desmiente categóricamente esa posibilidad y los vínculos que le atribuyen con Berni a través de Carlos Montaña. Montaña es asesor de Berni y compartió con Ritondo el primer tramo de la gestión en Independiente de Hugo Moyano. El jurado de enjuiciamiento se declaró ayer competente para investigar a Enrique Ferrari, el fiscal general de Lomas de Zamora que intentó desmembrar el expediente donde se investiga a Pablo Moyano por supuesta asociación ilícita con barras de ese club, pese a las gestiones informales que habría realizado hasta horas antes el ministro de Justicia, Julio Alak, para darle curso a un supuesto pedido de Julián Álvarez. En la reunión de Juntos en Puerto Madero del lunes pasado, Macri llamó a terminar con situaciones de privilegio. No será fácil.

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