Los negocios detrás de la negligencia policial y de los mapuches
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LA NACIONFernando Laborda
El desastroso operativo de la policía bonaerense que concluyó con un muerto y numerosos heridos en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata y el tardío desalojo de tierras patagónicas usurpadas por violentos grupos autodenominados mapuches tienen en común la incapacidad del Estado para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los habitantes. Son indicadores de un Estado ausente y de la republiqueta corporativa en que la inacción cómplice de nuestros gobernantes ha convertido a la Argentina.
Difícilmente se hallarán soluciones a tanta inoperancia si antes no se proporciona respuesta a una pregunta vinculada con aquellos hechos. ¿Qué hay detrás de la negligencia policial para prevenir desórdenes y garantizar la seguridad en un evento deportivo y detrás de la tan demorada actuación de las fuerzas federales para desalojar a grupos que desde hace años violentan la propiedad privada y siembran el terror en Villa Mascardi?
Respecto de lo acontecido en la noche del jueves pasado, durante el partido que debían disputar Gimnasia y Boca, lo primero que sorprendió fue la ausencia de los anillos de seguridad que se instrumentan para cada encuentro futbolístico, tendientes a evitar que se puedan aproximar a un estadio personas que no poseen su correspondiente entrada. Este simple hecho no solo habla de la absoluta inoperancia policial y de los organizadores, sino también de los gigantescos negocios ilegales que rodean a nuestro fútbol, en los que se funden verdaderas mafias a las que no son ajenos ni algunos dirigentes de los clubes ni ciertos representantes de la política. Desde hace mucho tiempo, los alrededores de cualquier estadio de fútbol son zonas liberadas para toda clase de delitos y contravenciones que tienen como principales protagonistas a los miembros de barras bravas y que van desde la comercialización de drogas hasta la reventa de entradas.
No faltan quienes afirman que “le tiraron un muerto a Kicillof”. Un asesor del gobernador llegó a acusar a Pro. El “ah, pero Macri...” da para todo
La represión descontrolada con gases lacrimógenos y balas de goma por parte de los efectivos de la policía bonaerense y sus lamentables consecuencias tuvieron como vergonzoso corolario las declaraciones de funcionarios que negaron cualquier responsabilidad en lo sucedido y se comportaron como simples comentaristas de la tragedia. Tanto las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, culpando al club Gimnasia y Esgrima y a sus propios subordinados, como el comunicado emitido por el gobernador Axel Kicillof, tildando de “inadmisible” que “miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron”, dan cuenta de la distancia que separa a los funcionarios de las necesidades de la población.
Más que las críticas vertidas por dirigentes de Juntos por el Cambio, como Diego Santilli, quien habló de “una provincia sin gobierno”, llamaron la atención ciertas declaraciones y pases de facturas dentro del propio oficialismo, donde no faltan quienes afirman que “le tiraron un muerto a Kicillof”. Insólitamente, un asesor del gobernador e integrante del Instituto Patria, Jorge Rachid, llegó a acusar a Pro.
El “ah, pero Macri...” da para todo; especialmente, si de algún modo hay que justificar declaraciones de Cristina Kirchner, quien durante su reciente defensa en la causa Vialidad aseguró: “Los peronistas nunca reprimimos”. Más que en términos políticos, algunas declaraciones del kirchnerismo solo pueden ser entendidas en clave psiquiátrica.
La renuncia presentada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta tras el desalojo y la detención de integrantes de la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, por considerarlos violatorios de los derechos humanos, exhibe también la preeminencia de cuestiones ideológicas por sobre la acción vandálica de un grupo que pretende avasallar la Constitución y crear un Estado dentro de otro Estado.
Las disidencias internas quedaron también a la vista con la presentación por parte de un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos de un proyecto de resolución en repudio del operativo de seguridad unificado realizado días atrás por fuerzas federales tras una orden judicial.
El accionar de grupos violentos encabezados por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) lleva varios años en los que la pasividad o ausencia del Estado permitió su avance. No pocos agricultores han sido desalojados de sus tierras y algunas empresas de la región han debido incurrir en importantes gastos para evitar tomas o erradicar a los delincuentes. Ya en 2017, cuando debieron ser suspendidas numerosas perforaciones en Vaca Muerta a raíz de un conflicto con comunidades mapuches, YPF había denunciado que estas le habían exigido a la empresa una compensación de 3 millones de pesos de entonces por cada pozo perforado. Son prácticas extorsivas tendientes a imponer la contratación de personas, al igual que de determinadas compañías de transporte, o el simple pago de “peajes” para permitir el ingreso de equipos de perforación.
Las usurpaciones de propiedades en la Patagonia y otros hechos vandálicos llevados a cabo por supuestos grupos mapuches fueron ayer asociados por la dirigente Elisa Carrió con “negocios inmobiliarios, básicamente vinculados a sectores de La Cámpora de Neuquén”, que “usan la cuestión indígena para después tomar territorios” con los cuales se enriquecerán mediante la posibilidad de “darlos en concesión” para la explotación de hoteles o casinos.
De acuerdo con esta apreciación, más que una ideología, son los negocios los que justifican la cerrada defensa que de las comunidades mapuches vienen haciendo algunos dirigentes kirchneristas.
En las próximas horas, el presidente Alberto Fernández deberá decidir si designa nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad –la principal candidata es la dirigente kirchnerista mendocina María Cristina Perceval, actual secretaria de Estado– o si opta por eliminar ese ministerio y convertirlo en una simple secretaría. Sería una señal –mínima pero positiva– de la voluntad del Poder Ejecutivo de achicar el gasto en un área que, desde su creación, incorporó unos 1000 empleados y que, según el presupuesto previsto para el año próximo, manejará unos 54.000 millones de pesos.
La eliminación de este ministerio sería también una buena noticia para Sergio Massa, quien festejó la reciente aprobación por parte del FMI del cumplimiento de las metas fiscales. El ministro de Economía soporta, sin embargo, una nueva presión de Cristina Kirchner para que se imponga un congelamiento de precios, como eje principal de una política antiinflacionaria por la que abogan Axel Kicillof y su ministro de Producción, Augusto Costa. Una propuesta que en el equipo de Massa se considera inútil sin antes poner empeño en reducir el déficit fiscal y el nivel de emisión monetaria, además de despejar la incertidumbre sobre el futuro del mercado cambiario.
Se trata de una medida que ha probado en reiteradas ocasiones su fracaso, aunque cada tanto sea reflotada. Curiosamente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acaba de disponer la prohibición de las subas de precios al consumidor. Aliado de Vladimir Putin, este líder autoritario, conocido por sus excentricidades y por haber recomendado la ingesta de un trago de vodka diario para protegerse del Covid, lanzó esta “original” decisión, tras calificar las alzas de precios, que alcanzaron el 18% interanual en su país, como “escandalosas”. Con su nuevo ídolo internacional, la vicepresidenta sigue intentando marcarle la cancha a Massa, cuyo ajuste, por moderado que sea, destiñe el relato cristinista.
Por Fernando Laborda
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