Los intendentes quieren volver a ser barones
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PARA LA NACIONDaniel Bilotta
Martín Insaurralde tuvo una experiencia cercana a la que más trastorna a Cristina Fernández de Kirchner en su relación con Alberto Fernández: la aparente incontinencia del Presidente para filtrar contenidos de diálogos reservados a la prensa sin aviso previo a sus interlocutores. Al jefe de Gabinete bonaerense lo sorprendió que un portal de noticias reprodujera en forma casi literal la conversación que mantuvo con Fernández a solas en su despacho de la Casa Rosada el 15 de noviembre alrededor de las 16.
Un par de horas después se convirtió en noticia el respaldo del Presidente a la reelección de los intendentes. El de Lomas de Zamora viene negociándolo con los de Juntos desde que fue designado funcionario de Axel Kicillof. La desinhibición de Fernández con los periodistas fue la excusa invocada esta semana por la oposición para dilatar esas conversaciones, pero no para interrumpirlas. Aunque siguen activas, existe temor por la connotación negativa que este asunto despierta en la opinión pública.
El apresuramiento de Fernández y el hermético silencio de los principales dirigentes de Pro y la UCR son ligeras variantes de reacciones frente a un tema que no provoca indiferencia. Si los intendentes lograran liberar la restricción que los limita a ser reelegidos una sola vez, recuperarían una incidencia sobre el funcionamiento del sistema institucional difícil de igualar. Una situación a la que no permanecerá ajeno ningún miembro activo del sistema político. Aunque por prudencia aguarden la evolución de los acontecimientos.
Evitarán pronunciarse hasta saber la suerte que pueda correr esa reforma. Nadie quiere enemistarse mientras exista la posibilidad de que se les restituya esa importante cuota de poder conferida por la reforma constitucional de 1994 que impuso el sistema de elección directa de presidente y vice que consagró el peso de los distritos más densamente poblados. Una situación vagamente reflejada por el mote de barones que recibieron desde entonces.
La comparación con el rango más bajo de los títulos nobiliarios instaurados en Europa durante la Edad Media es significativa. Se trata de un reconocimiento a la influencia sin contrapeso en un territorio bajo su jurisdicción. Una posición que define la orientación política de quienes ocupan esos cargos mucho más que las doctrinas de sus partidos. El fundamento filosófico de los intendentes es, precisamente, eso: serlo.
El radicalismo habría efectuado una consulta informal a la Corte. El máximo tribunal no duda en caracterizar de inconstitucional la ley 14.836. La Constitución bonaerense fija condiciones para la reelección de gobernador y vice, pero no para el resto de los cargos electivos. Sin embargo, desaconsejó cualquier acción de amparo contra ella. Incluso adelantó que se pronunciaría en contra si le tocara hacerlo. El costo político de una decisión incomprensible para el resto de la sociedad inspiraría ese tipo de fallo, lo que convierte a la Legislatura en la única vía para intentarlo. El problema es quién se atreve a presentar ante la ciudadanía la justificación de ese cambio. Los argumentos controvertidos son los más sólidos. La afectación de derechos y el supuesto carácter retroactivo de la ley. Deberían persuadir al resto de que les corresponde más que a otros competir por ese cargo. Equivale a admitir lo que sostienen en privado: tener derechos adquiridos sobre él. La ley rige desde 2017, cuando se la sancionó. A los intendentes les gustaría que fuese desde 2019.
Contarían desde esa fecha los dos mandatos que fija la ley, que se prolongarían hasta 2027. Además de mantenerse desierta la búsqueda de alguien dispuesto a defender en público esa causa, tienen otro problema. Explicar un cambio de opinión relevante. Los intendentes del PJ, Pro y la UCR que contribuyeron con la aprobación de la ley son los mismos que estiman imprescindible que se modifique. Si no corriesen el riesgo de que Javier Milei incluya su caso entre los de interés de casta, podrían argüir que no varió su parecer, pero sí el contexto político.
Los intendentes interpretan que el actual les es menos desfavorable. En especial a los del PJ. Y sobre todo a aquellos que permanecen desde hace más de 20 años en el cargo. Una muestra de ese aparente optimismo fue el souvenir que Insaurralde le hizo llegar a Fernández antes de reunirse. Alejandro Granados (Ezeiza), Juan José Mussi (Berazategui), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra fueron recibidos por Fernández para ajustar detalles de ese encuentro.
Sergio Massa es otro motivo de la oposición para poner condiciones al acuerdo global que Insaurralde pretende alcanzar en las sesiones extraordinarias que el gobernador debe convocar para tratar el presupuesto 2022. El rechazo del presidente de la Cámara de Diputados a liberar la reelección de los intendentes tiene razones más profundas que las tensiones con Julio Zamora, intendente de Tigre. Massa desea competir por la candidatura presidencial en las PASO que Fernández comprometió el 17 de noviembre en el acto por el Día Nacional de la Militancia.
Massa precisa para eso ser una opción atractiva en la provincia de Buenos Aires: concentra casi al 40% del total de electores. Lo llamativo es que elija diferenciarse con un tema que respalda casi todo el arco de dirigentes del Frente de Todos. Vidal podría tener la misma razón. También quiere ser presidenta. Dos semanas antes del 14 de noviembre, postuló a Cristian Ritondo candidato a gobernador. Igual que los de Massa y de la Coalición Cívica, los diputados que responden a Vidal se oponen a cualquier cambio en la ley.
Insaurralde tienta a los intendentes de Juntos a avanzar en ese sentido, pero con el compromiso de una mejor redistribución de los recursos que el gobierno bonaerense recibe de la administración central. Ese es otro punto de conflicto. Diputados de la oposición acusan a Kicillof de haber ejecutado en forma parcial el presupuesto de este año al menos en dos áreas sensibles: los ministerios de Infraestructura y Seguridad.
Según ese cálculo, cuando Leonardo Nardini sustituyó a Agustín De Simone, habría hallado sin ejecución el 65% de los 141.000 millones asignados a obras públicas. Una situación similar a los 152.000 millones correspondientes a la cartera conducida por Sergio Berni. Los intendentes representados por Insaurralde y Nardini en la gestión de Kicillof no tienen una buena relación con el ministro. Igual que el gobernador, Berni respalda la reelección de los intendentes.
El supuesto parecido de Kicillof con Fernández habría sido analizado en una reunión reservada entre delegados del oficialismo y la oposición para garantizarle al ministro de Economía, Pablo López, que cumpla sin dificultades la presentación del presupuesto que efectuó este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El pedido de buena voluntad a Juntos no alcanza para disimular el nivel de conflicto que atraviesa el gobierno.
Juan Pablo de Jesús es el segundo de Insaurralde en la Jefatura de Gabinete. Hasta anteayer, De Jesús no había pedido licencia en su cargo de diputado provincial. Lo hará una vez que Kicillof oficialice su designación en el cargo que desempeña desde hace dos meses. Mientras no resuelva esa situación, no puede ser reemplazado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La misma donde López presentó el presupuesto. Volver a ser barones parece ser una empresa compleja.
Por Daniel Bilotta
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