Los encubrimientos del caso Candela

Con serias fallas que por momentos incursionaron más en el encubrimiento que en el simple error, el caso por el secuestro, la violación y el asesinato de Candela Sol Rodríguez, de 11 años, que tuvo lugar en 2011 en Hurlingham, se acerca al final de su primer capítulo, pues pronto habrá sentencia en el prolongado juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón.

Pero lo más probable es que, sea cual fuere el tenor de la sentencia que decidirá la suerte de los tres acusados -dos de privación ilegal de la libertad seguida de muerte y el tercero de partícipe secundario de privación ilegal de la libertad-, el fallo no conforme a todas las partes y quizá tampoco eche luz sobre los numerosos misterios de un caso que involucra al narcotráfico, a policías corruptos, al Poder Judicial y también, inevitablemente, al poder político de entonces, representado por el ex gobernador Daniel Scioli.

Es que si en algo existe unanimidad es en el hecho de que el caso Candela puso sobre el tapete la estrechísima relación entre las bandas de narcotraficantes y ciertos sectores de la policía bonaerense que, en virtud de esas vinculaciones, habrían encubierto el crimen con la posible colaboración de importantes funcionarios judiciales que estaban a cargo de investigar el secuestro y el asesinato de la niña.

Desde el primer día de su desaparición abundaron los groseros errores de la investigación judicial y policial, las filtraciones interesadas de información desde la cúpula policial y los allanamientos que se anunciaban antes de realizarse, con lo cual su resultado era nulo.

El expediente estuvo en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, desplazado luego del hallazgo del cuerpo, igual que el juez de garantías Alfredo Meade. La policía tardó una semana en acudir al asentamiento donde habría estado secuestrada la niña.

Las divisiones continúan durante el juicio, en el que los fiscales han cuestionado la labor policial y de la Justicia, así como la "falta de compromiso con la verdad" que, según ellos, habrían manifestado los familiares de Candela. A su vez, la madre de la niña cuestiona el juicio y lo ha calificado de "farsa". Tampoco queda del todo claro el papel de su abogado, Fernando Burlando, hoy precandidato a diputado del justicialismo bonaerense.

Como en tantos otros casos, cuesta mucho creer que la trama del secuestro, que se prolongó durante nueve días, y el asesinato, empiece y termine en los tres acusados: el hombre que habría facilitado la casa donde estuvo Candela, otro que habría amenazado telefónicamente a la madre de la niña y un tercero que habría cumplido el papel de espía frente a otro de los sitios del cautiverio de la menor.

Si los tres fueron los únicos responsables, ¿cómo se explica que la bonaerense se arriesgara a poner en marcha el encubrimiento prácticamente a la vista de todo el mundo, y que el fiscal y el juez del caso hicieran la vista gorda ante la sospechosa actitud de los uniformados? Un aparato tan grande montado para el ocultamiento y el despiste, ¿pudo ponerse en marcha sin el visto bueno o la orden del máximo nivel de la gobernación a cargo de Scioli?

Roberto Castronuovo fue el máximo responsable policial a cargo de la pesquisa. La comisión de la Legislatura bonaerense que investigó el caso lo consideró "el riñón del armado de la causa para evitar llegar a la verdad y encubrir oscuros intereses y relaciones que involucraban a efectivos policiales con el mundo narco del conurbano".

El cuerpo apareció finalmente a tan sólo 30 cuadras de su casa. No fue la bonaerense la que lo halló, sino una cartonera que revisaba la basura, y el sitio apenas fue preservado para el estudio médico forense del lugar del hecho.

¿Venganza ante alguna traición? ¿Intento de extorsión? ¿Guerra entre grupos narcos apadrinados por policías corruptos? La verdad de fondo del caso podría iluminarse si en el futuro se investigara la cadena de encubrimiento. Lo ocurrido con Candela es otra prueba más de la imperiosa necesidad de que las actuales autoridades bonaerenses continúen con el saneamiento de su fuerza policial.

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