Los curros de la política, una fiesta que pagamos todos

Hace décadas que los argentinos padecemos los enmarañados sistemas de burocracia del Estado que nos hace la vida imposible y nos cuesta caro. El sistema de Registros Automotores es una fiesta de privilegios políticos que todos conocemos y venimos tolerando. Trámites innecesariamente caros y complejos.

Desde su creación, han crecido como una red de beneficiarios y nepotismo que genera abultadas ganancias en detrimento de todos. Hoy más de 1550 Registros Automotores prestan un servicio público tercerizado, que a través de innumerables formularios y aranceles encarecen injustificadamente los costos de patentamiento y transferencias. Un sistema que en el siglo XXI debería ser totalmente digital, más eficiente y accesible.

Para comprar un auto en la Argentina debemos pagar además de su valor un 54 % de impuestos. IVA, Impuesto al lujo, de Importación, Tasas Municipales (Seguridad e Higiene); débito y crédito; Ingresos Brutos, Sellos; Bienes Personales; Patentes, etc. A todo esto hay que sumarle el 6% en concepto de gastos de inscripción, aranceles y formularios varios. En definitiva, ¿quién banca esta locura? La gente. Esta superposición de impuestos , tasas y aranceles, no va más. Sin duda, hay que poner orden y cambiar las prioridades. Además de este sistema impositivo insoportable, una caja millonaria se dilapida en el sistema registral, que sólo en 2022 facturó más de 60.000 millones de pesos, de los cuales, entre el 60 y 80% queda en los titulares de Registros y el resto va al Estado a través de sus Ministerios de Justicia y DD.HH y de Seguridad de la Nación. A su vez, está la intermediación de los entes como Acara y Cámara de Comercio Automotor. Como siempre, el problema que esa fortuna no vuelve al ciudadano, al contrario, es el que paga la fiesta. Hay que reformar el sistema, porque lo que importa es que el ciudadano pague menos, no que se recaude más. Se debería poner orden en la administración de recursos, que sea más eficiente y le facilite la vida a la gente.

Estoy convencida que las intermediaciones han provocado mucho daño a nuestra sociedad y este es uno de los casos. Se requiere un sistema totalmente digital con una base de datos unificada, con responsabilidad del Estado en el control pero con simplificación de trámites y costos para la gente. La patente por ejemplo debe ser única para toda la vida paras el titular de un auto o moto. Esta gigante estructura tercerizada está llegando a su fin.

Del mismo modo, el sistema concesionado de la VTV, que anualmente factura 60 millones de dólares, es otro curro en el cual el ciudadano de a pie queda “atrapado sin salida”. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay 59 Plantas y en CABA 7. Ocho concesiones en manos de tres dueños divididas en 11 zonas que nacieron en 1995 tenían una duración de 20 años pero que siguieron siendo prorrogadas. Grupos de capitales extranjeros ( SGS; Grupo Opus y APPlus ), se quedan con el 80% de la recaudación y sólo pagan el 20 % de canon al Estado. En el interior entre el 3 y 5%. Si lo que realmente importa es la seguridad activa y pasiva como la contaminación, se puede resolver de otra manera y disminuir el costo a la gente. ¿Acaso no circulamos a diario por la vía pública inundados de humo negro de camiones y colectivos? ¿Realmente tiene sentido que paguemos un control técnico caro y monopolizado mientras circulan vehículos que en algunos casos se caen a pedazos? Es hora de terminar con los curros aunque se pierdan negocios de algunos. Eso es el cambio.

Exsecretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación

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