Los campeones del mundo no quisieron más vacunas

Las llamadas sorprendieron. No solo por el lugar desde donde partían, áreas técnicas del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, sino por el tema específico en cuestión: consultaban entre proveedores fabriles por la disponibilidad de vidrio, goma y aluminio. El argumento fue que esos tres productos resultarían vitales para la fabricación de envases que Marcelo Figueiras, dueño de laboratorios Richmond, llenará en las próximas semanas con vacunas Sputnik V en sus instalaciones del conurbano bonaerense. El sueño de las dosis made in Argentina. “Fue un pedido de colaboración”, definió uno de los industriales, no del todo convencido de poder cumplir con la venta. Se trata, dice, de frascos que no se hacen todavía en el país y que incluyen una especie de chip que permite seguir la trazabilidad para cada etapa del proceso manufacturero.

El Gobierno quiere evitar lo que vivió con los 22,4 millones de dosis de AstraZeneca: elaboradas en la Argentina por el laboratorio mAbxience, de Hugo Sigman, quedaron demoradas en México por las exigencias regulatorias que la Comisión Federal para la Protección con Riesgos Sanitarios (Cofepris) le impuso a Liomont, empresa encargada de envasar en ese país el principio activo.

Figueiras se ha convertido en una gran apuesta para el kirchnerismo. Se metió en esta aventura con pleno respaldo no solo de Kicillof, que ya les anticipó en privado a empresarios que la provincia de Buenos Aires podría incluso comprar obligaciones negociables emitidas para la financiación de la nueva planta de envasado, sino de la propia Jefa, la vicepresidenta. “En julio estoy entregando”, le transmitió a un gobernador apurado en comprar. Las vacunas serán encargadas por el Instituto Gamaleya, de Rusia; elaboradas en la fábrica que el laboratorio Hetero Pharma tiene en la India, y enviadas desde allí a la Argentina para que Richmond termine el proceso. El objetivo es venderla también a otros países de la región. A Bolivia, por ejemplo.

La rápida aparición de esos insumos es entonces vital. Porque la Argentina entrará en un invierno complicado por la circulación del Covid y porque cualquier demora afectaría la credibilidad del Gobierno y la imagen del fabricante. Nadie sabe tanto lo que esto significa en una pandemia como Sigman, todavía molesto por las críticas e incluso reticente a volver a la Argentina desde España, donde tiene residencia. Superar el enojo le llevará un buen tiempo, probablemente no antes de concretar una charla que se debe a solas con Alberto Fernández. No hubo tiempo para eso, ni acaso ánimo, durante la última visita del Presidente a Madrid. El empresario ha decidido hacer silencio, más allá de explicaciones que publicó semanas atrás en Twitter y las razones que les da en confianza a sus amigos: dice que no incumplió nada, entre otras cosas porque el contrato de AstraZeneca preveía entre 12 y 14 millones de dosis con plazo hasta junio. El Gobierno hacía en cambio otra cuenta: llegó a incluir esos 22,4 millones de dosis en un hipotético lote general de 62 millones vacunas que, una vez aplicadas, inmunizarían a más de 30 millones de personas durante el primer semestre. “Podríamos decir que vamos a estar cerca de la inmunidad de rebaño”, se entusiasmó Ginés González García en febrero. La realidad también es más modesta: la Argentina avanza en el plan, pero les aplicó hasta ahora las dos dosis a unos 3 millones de personas, el 10% de esa previsión inicial.

Aquel error de cálculo pone ahora más en evidencia la irrazonabilidad de haber rechazado, en su momento, las dosis que ofreció Pfizer a la Argentina el año pasado por haber hecho aquí su ensayo más numeroso en el mundo. Cualquier comparación con los volúmenes que el laboratorio norteamericano entregó en otras partes es engañosa si no contempla la prerrogativa de la Argentina como anfitrión. El Gobierno no solo dejó pasar así una oportunidad sanitaria que habría atenuado los contagios, sino la posibilidad de un liderazgo geopolítico: el de un país pionero en América Latina con la vacuna más demandada del planeta.

Es entendible que la discusión vuelva entonces sobre la ley que frustró el contrato, aprobada en octubre, con incógnitas que todavía no fueron develadas. ¿Por qué la votó mayoritariamente la oposición, que ahora propone modificar el artículo 4, un párrafo que pone límites a la indemnidad que reclaman los fabricantes ante posibles reclamos? ¿Y por qué los otros laboratorios no rechazaron esa cláusula? Ningún referente de la industria farmacéutica nacional se ha referido hasta ahora públicamente a esa diferencia en las actitudes de unas y otras empresas. Uno de ellos ensayó ante este diario una respuesta: “En general, esas cláusulas se reglamentan o limitan una vez que las partes se sientan a negociar el contrato. ¿Me va a decir usted que Pfizer, que tiene los mejores lobistas del mundo, no podía hacerlo?” Si es que lo ejerció, ese indudable poder de lobbying fracasó. Al menos durante el debate en la Cámara de Diputados: Pfizer siguió aquella discusión a través de la información que le suministraba una agencia parlamentaria, pero se distrajo durante al menos 48 horas, un lapso decisivo: el tiempo que pasó desde que la diputada oficialista Cecilia Moreau introducía el cambio en el texto hasta la aprobación en el recinto.

Más allá de si Pfizer intentó o no frenar el proyecto o conversar antes con diputados, no todo el sector farmacéutico se mueve de la misma manera. En general, las multinacionales norteamericanas prefieren rechazar leyes antes de que se promulguen, en lugar de enmendarlas después. Una vez aprobadas optan por recurrir a los abogados, no a gestores capaces de sentarse con un funcionario. Es una cuestión de cumplimiento normativo interno. Y la misma razón por la que, por ejemplo, no suelen financiar campañas políticas en países donde residen sus filiales. Modalidades globales que distan bastante de las domésticas. Hace unas semanas, un ejecutivo argentino se acercó en Estados Unidos a un integrante de la familia Johnson, a su vez miembro del directorio de Johnson & Johnson, para hacerle una consulta sobre la vacuna de ese laboratorio. El accionista se excusó: dijo que no solo no podía opinar, sino que ni siquiera estaba facultado a recibir la vacuna de su propia empresa por razones de compliance.

Será interesante ver este choque de culturas el martes si Pfizer acepta la convocatoria de Massa a la Cámara de Diputados. Más si se tiene en cuenta que, como dicen los funcionarios, el laboratorio sigue negociando con el Gobierno. Aunque las primeras señales indiquen que, como en octubre, no hay voluntad de cambiar el artículo 4. Lo anticipó esta semana el oficialista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud. “Si es para vacunar a los menores de 18, tiene alguna lógica porque la de Pfizer está aprobada para esa edad. Pero si es simplemente para aumentar en uno, dos, tres millones las vacunas, me parece que es más fácil para la Argentina aumentar uno, dos, tres millones de lo que ya tiene contratado”, dijo a Radio con Vos.

Es la lógica Ginés. El camino opuesto al que recomiendan los epidemiólogos: negociar con todos los proveedores posibles y comprar incluso demás porque, en general, toda urgencia sanitaria de esta índole depara más fracasos que éxitos. No sorprende que Estados Unidos, que puso en práctica el consejo, esté cerca de inmunizar a toda su población y haya entrado en la etapa de donar vacunas. Sí, en cambio, llama la atención que la Argentina, que las necesita y anda mendigando insumos para fabricar envases a las apuradas, haya hecho de cuenta que le sobraban desde el principio. El costo de una demora en pandemia es infinito.

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