Loan: un nuevo caso bisagra

Pocas cosas estremecen más que la desaparición de un niño. La coincidencia en el punto es unánime. En el caso Loan el estupor no cesa a medida que las mentiras e hipótesis se multiplican, la indignación crece a la par del conocimiento de algunos detalles y el sentimiento de injusticia se consolida de la mano del tiempo que pasa sin novedades ni resultados.

Un nuevo caso bisagra que descoloca a la sociedad y devela lo peor del “sistema”: policía sospechada de participar de un aceitado esquema delictivo grave, sino de trata de personas, al menos de encubrimiento agravado, lógicamente a cambio de prebendas o favores; la política mostrando una de sus caras más deleznables, poniendo en evidencia los efectos perniciosos que tienen las premeditadas designaciones de ciertos funcionarios públicos, como comisarios y fiscales, también con el signo $ dando vueltas; y la justicia exhibiendo toda su debilidad, sea por falta de funcionarios especializados y audaces, sea por la carencia estructural de recursos, combinación letal -y posiblemente buscada- que impide el esclarecimiento de la verdad.

Qué diferente sería el abordaje de un delito igual cometido en un escenario distinto, donde la policía, en lugar de ser foco de sospechas, inspire confianza para esclarecer lo que pasó, reunir las pruebas del hecho y fundamentalmente encontrar al niño y hallar a los responsables; donde la política, en lugar de inmiscuirse donde no le compete o volverse una de las líneas de investigación, se dedicase a ofrecer soluciones -por los carriles formales pertinentes- para resolver la carencia de medios y las dificultades logísticas que pone de resalto un caso delicado; y donde la justicia, sea provincial o federal, en vez de replegarse sobre sí misma, imperturbable frente a los hechos y acomplejada a la hora de intervenir, activase una investigación con rapidez y poniendo el cuerpo, suspicaz y a fondo, utilizando con perspicacia las herramientas procesales que tiene a su disposición.

No es que los fiscales y jueces carezcan de instrumentos para investigar, lo que parece faltar es voluntad para utilizarlos de inmediato y con la convicción de poder asimilar los resultados de las medidas que se dispongan. Si ello no sucede es porque el caso Loan pone en claro que el garantismo mal entendido ha vuelto los procesos penales en simples corsés concebidos únicamente para restringir el actuar de la justicia.

Las barreras psicológicas que se han construido sobre esa base dogmática en las mentes (y las almas) de los operadores judiciales, sin duda alguna conspiran contra el esclarecimiento de la verdad. Después de vulnerarse todos los derechos y garantías de las víctimas, hay un cuidado exacerbado e irrazonable por preservar los derechos y garantías de los sospechosos de ser victimarios de cualquier especie. No es la primera vez que ocurre, y posiblemente no sea la última.

Al respecto, está claro que el tiempo en una investigación de este tipo (como en casi todas) es vital… pero, paradójicamente, es justamente tiempo lo que parecen pedir a gritos los magistrados intervinientes para -bajo el sesgo ideológico del garantismo deformado que parece guiarlos- hacer propias las desconfianzas e intrigas que las acciones de los involucrados muestran casi pornográficamente.

Eso tiene una consecuencia práctica sumamente negativa: como la sospecha fundada es, por decirlo de algún modo, el elemento central que justifica la orden judicial de allanamientos, secuestro de objetos, pericias científicas, llamados a indagatoria, careos y detenciones (si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación), etc., al encontrarse limitada dicha sospecha de antemano por los dogmas garantistas mal entendidos, todas las acciones posibles quedan igualmente restringidas o en pausa, hasta que quienes toman las decisiones se convencen de lo que otros -sin aquel sesgo ideológico- vemos casi de inmediato mucho antes.

En relación con ello, los que han mostrado, en general, un alto grado de profesionalismo, olfato para encontrar pistas e interpretarlas con agudeza, una clara conciencia de su rol social y, sobre todo, independencia de los grupos de poder y una marcada distancia de los círculos delictivos que podrían estar detrás de la desaparición de Loan, hoy, son los periodistas. Noteros, panelistas y figuras centrales de noticieros, así como reporteros y editores especializados en temas judiciales, han marcado detalles, contradicciones y extrañas coincidencias que sería esperanzador que en los estrados judiciales tomen nota.

Parece vital recordar aquí, con el cúmulo de pruebas que han tomado estado público, que la presencia en el momento y el lugar de comisión de los hechos, y la mala justificación que ofrezcan los implicados, son indicios harto utilizados para dictar el procesamiento en caso de delitos graves (Cám. Fed. Apel. B. Bca., Expte. N° 65.241, res. del 24/6/2009).

Mientras tanto, en el sinuoso derrotero judicial en tránsito, el tiempo diluye las pruebas, y con pruebas diluidas se debilitan las sospechas, y esto a su vez conspira en favor de los encausados. El círculo vicioso en perjuicio de la verdad y la justicia parece inexorable si no cambiamos, de una vez por todas, un esquema de pensamiento y razonamiento que, si seguimos así, nos conducirá hacia nuevas tragedias inconclusas, plagadas de impunidad.

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