Llegó la hora de tragarse sapos

De espaldas al Congreso, escoltado por Esteban Castro, Dina Sánchez y otros militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois eligió anteayer la comparación más provocadora. “No está la Banelco, como hace 20 años: está la American Express”, dijo. Había fracasado el martes la sesión para tratar la ley de envases, un proyecto del Gobierno, y el líder del Frente Patria Grande acusaba a legisladores de haberse dejado influir por compañías norteamericanas. “El lobby corrupto de las grandes corporaciones salió bien: lograron que algunos de los ministros que firmaron la ley no den la cara por la ley. Cuando ellos no te pueden comprar logran intimidarte, que te quedes calladito. Total les pegamos a Máximo Kirchner y a Grabois, pero vos quedate calladito”, dijo a Radio 10.

Es difícil que el proyecto salga. No es cualquier proyecto: lo impulsa La Cámpora en un momento interno sensible del Frente de Todos, en plena disputa con parte del PJ, y según los cálculos podría recaudar entre 350.000 y 420.000 millones de pesos anuales. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con el etiquetado, el oficialismo no pudo convencer a los de Juntos por el Cambio. Gladys González, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que hasta hace unos meses les decía a sus compañeros que no podían regalarle esas banderas a la izquierda, ahora trabaja en un texto “mejorado”.

Pero las trabas no están solo en la oposición. Grabois le echa la culpa a una gestión de lobbying que en realidad quedó inconclusa: el viaje anual que la Cámara de Comercio Norteamericana hace con legisladores y otros dirigentes a Washington, que debía empezar el sábado pasado, incluía reuniones con Juan González, asesor de Biden y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental; Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, y Katherine Tai, representante de Comercio, y que se frustró porque había siete diputados invitados y debía tratarse el tema en la cámara. En las empresas atribuyen la crítica a que siempre actúan con transparencia y a que no tienen nada que esconder porque ya han organizado 65 viajes, pero es probable que todo se haya desencadenado al incluir en la invitación a Itaí Hagman, del bloque de Grabois, que seguramente alertó al líder social.

La realidad es que la ley de envases ni siquiera entusiasmó al peronismo. “Si hubiera una caja para los sindicatos, la CGT estaría apoyando”, sonrieron en un municipio. Tampoco se sumaron todos los intendentes bonaerenses, que han empezado a ilusionarse con una nueva etapa después del repunte en el conurbano entre las primarias y las legislativas.

Vientos que cambiaron con el resultado. Desde entonces, por ejemplo, en el Frente de Todos se desdibuja aquel proyecto de Máximo Kirchner para presidir el PJ bonaerense. La reconfiguración tiene sustento más arriba: es Cristina, la jefa, la que les concede a los líderes comunales un rol más relevante. Es cierto que el ingreso de Insaurralde en el gabinete de Kicillof fue una idea de ella, pero sometida a condicionamientos del de Lomas de Zamora. Él le rechazó la primera oferta, la de ser ministro de Gobierno. “No voy a tener los fierros”, dicen que le contestó, y quedaron entonces en volver a hablar. Aceptó la segunda propuesta, la de ser jefe de Gabinete, un cargo que tiene la atribución de la firma para múltiples decisiones. “Fierros”. Después se sumaron otros intendentes. Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, al Ministerio de Infraestructura. Héctor Olivera, de Tordillo, como presidente de la Autoridad del Agua. Y, anteayer, Ariel Sujarchuk, de Escobar, a un cargo nacional: jefe del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Todos cargos con “fierros”.

Para Kicillof fue difícil porque venía concentrado en su pequeño círculo. El Clio de Carlos Bianco. Los peronistas que no quieren al gobernador fuerzan dos detalles que, dicen, exhiben cierto desdén de parte de Cristina Kirchner. El más significativo es que después de las primarias, cuando Kicillof la llamó para reunirse, la vicepresidenta no lo recibió enseguida: le contestó que no podría “antes del viernes”, pero resulta que ese viernes ella no estaría en Buenos Aires, sino en El Calafate. Y por eso el gobernador tuvo que viajar. Como cuando, ya presidente electo, Alberto Fernández la visitaba en el departamento de Juncal y Uruguay. La otra pista es más sutil, solo evidente para dirigentes de pensamiento rebuscado, que los hay: al recibirlo en su casa lo hizo entrar por la puerta principal, no por ingresos menos visibles, para que el encuentro terminara siendo público.

De todos modos, a Kicillof parece costarle menos disciplinarse que al Presidente. Es un militante leal. Además el resultado le permitió mejorar la relación de fuerzas en el Senado provincial, donde el oficialismo está 23 a 23 y donde se dirimen muchos asuntos que la política considera atractivos. Entre ellos, cargos en unas 12 áreas de potenciales nombramientos. Bagsa, por ejemplo, sociedad anónima superavitaria que da gas por redes, con presencia en más de 60 localidades. O el Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba), creado para facilitar el acceso al crédito a pymes y cuyo directorio está compuesto por representantes del sector privado y el Estado. O la Autoridad del Agua, con un directorio de cuatro integrantes, y la Defensoría del Pueblo, con defensor, defensor adjunto, varias subsecretarías y delegaciones en unos cuantos municipios. También el Consejo de Educación, con enorme presencia territorial. ¿Qué militante desecharía, por ejemplo, Centrales de la Costa Atlántica SA, ese directorio que debe incluir también a la oposición? Ni hablar del Banco Provincia, con sus ocho directores, o las empresas asociadas del Grupo Bapro, cada una con directores titulares y suplentes y síndicos: Provincia Bursátil, Provincia Seguros, Provincia Vida, Provincia ART, Provincia Leasing, Provincia Mandato, Provincia NET y Provincia Fondos. Un dirigente bonaerense podría aspirar también al Tribunal de Cuentas si, como parece, surgen renuncias por enfermedad. Hay lugares más clásicos, como el de tesorero y subtesorero, contador general y subcontador de la provincia, cuatro puestos que están próximos a vencer, o la Corte Suprema de Justicia, todavía con tres vacantes de ministros, o la Fiscalía del Estado, relevante en cualquier administración.

Son lugares apetecibles para intendentes que sienten ahora que haber puesto el cuerpo en la campaña tuvo sentido. Y que, por primera vez desde 2019, hay algo que excede La Cámpora y el Clio. La sensación llega también al gobierno nacional, donde se celebró la renuncia de Débora Giorgi como subsecretaria de Roberto Feletti. Le atribuyen fallas en las listas de precios congelados, pero las objeciones venían en realidad desde el mismo momento en que, sin todavía ser designada en el Boletín Oficial, la economista conducía reuniones con empresarios. “¡Fue un acto de independencia de Alberto!”, se envalentonó un funcionario. Es una especie de primavera interna. Certificada, dicen ellos, en el párrafo de la carta de Cristina Kirchner que consigna que es el Presidente el que siempre tuvo “la lapicera”. ¿O es solo una toma de distancia hasta un nuevo texto? “Por lo menos ahora ella está afuera: no le conviene que esto no funcione”, evaluó un massista.

Estas tensiones explican también las sobreactuaciones discursivas. Anteayer, en la UIA, Alberto Fernández le exigió al FMI una revisión de las condiciones del préstamo otorgado a Macri, algo que el organismo tenía previsto por la naturaleza del acuerdo. Porque el trasfondo es otro: todos, incluidos los que critican, descuentan que habrá un entendimiento. “No soy ingenuo”, se resignó Grabois la semana pasada. La pompa nacional y popular está pensada para esa parte del electorado. Aquellos sectores que, como La Cámpora, llegaron tarde hace dos semanas a la plaza de respaldo Alberto Fernández y para quienes no será sencillo revertir una estrofa del himno que sigue posteado en varias cuentas de Twitter: “Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar con el hambre del pueblo”. Llegó la hora de tragarse sapos.

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