Linchamientos, graves violaciones a los derechos humanos
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define linchar como "ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo".
En la Argentina, la prensa ha registrado en las últimas semanas entre 12 y 13 casos de linchamientos , uno de los cuales culminó en la muerte de la víctima. Se trata de David Moreira (18 años), que el 22 de marzo fue atacado por una turba supuestamente por intentar robar una cartera en Rosario, Santa Fe. Moreira falleció tres días después, producto de la golpiza.
La argumentación que esgrimen quienes justifican este tipo de actos es que son producto del disfuncionamiento endémico del sistema judicial. Y que la ciudadanía, agotada por la situación generalizada de inseguridad, toma la justicia "por mano propia".
Ello contrasta con el estudio global sobre homicidios de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que revela que, a pesar de que América latina es la región con los índices más altos de homicidios en el mundo, la Argentina, Chile y Uruguay son los tres países con menos homicidios en la región. También es de mencionar que la Argentina no aporta datos estadísticos desde 2010.
Ahora bien, no se puede ni se debe minimizar los linchamientos solamente con base en las estadísticas citadas en el informe antes mencionado. Hay que repudiar de manera pública, clara y contundente estos graves atentados contra la vida, la integridad física y la dignidad del ser humano en todas las instancias y a todos los niveles, desde los dirigentes políticos, sociales, empresariales, hasta los líderes religiosos y los medios de comunicación. De no hacerlo, se pondría en riesgo el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, fundamento del Estado de Derecho y del deber jurídico del Estado de brindar seguridad y protección a todas las personas bajo su jurisdicción.
El derecho a la vida y la integridad física de la persona es un imperativo normativo supremo, consagrado tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales ratificados por la Argentina, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La protección de la vida, la seguridad o la integridad de las personas y el deber de llevar ante la Justicia a todos los que atenten contra estos derechos son obligaciones fundamentales e ineludibles de un Estado.
Es importante resaltar que cuando se justifica un linchamiento por catalogar de "delincuentes" a las víctimas de dichos actos, se está justificando un acto criminal y una grave violación a los derechos humanos. El linchamiento atenta no sólo contra el derecho a la vida e integridad de la víctima, sino contra los derechos a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Los medios de comunicación deben contribuir a que los linchamientos no sean interpretados como actos de justicia popular, insistiendo en que son inaceptables en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática.
En la Argentina se ha instalado peligrosamente un discurso violento y descalificador, que permea toda capa social. La intolerancia, la corrupción, la impunidad, la incapacidad de prevenir este tipo de fenómenos sociales y la manera como los medios de comunicación sobredimensionan la inseguridad ciudadana, son un sustrato fértil que no redunda en beneficio de un relacionamiento pacífico de la sociedad.
Por ello, los medios tienen un papel primordial en el desarrollo y transmisión de valores basados en el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. Para responder a este llamado, los medios deberían aunar esfuerzos para evolucionar hacia un tratamiento objetivo y racional de la información.
Además de las obligaciones principales del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, es imperioso que las autoridades competentes, los líderes sociales y políticos, nacionales y locales, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto realicen urgentemente una profunda reflexión y establezcan un diálogo sobre las formas más efectivas de superar el deterioro de valores tan importantes como el respeto a la vida, la integridad física de las personas y la dignidad humana, así como sobre la forma de interrelacionarse.
El autor es representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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Amerigo Incalcaterra
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