Lijo, el fracaso de Milei en el primer año de gobierno

La perplejidad de un arco opositor sin propuestas para restablecer el vínculo dañado con una sociedad que descree de su capacidad para resolver los problemas, le permite a Javier Milei disimular las impericias de su administración detrás del indiscutible éxito del plan económico. El principal promotor transversal de un clima de frenesí extraordinario que disimula el impacto negativo de no haber logrado cubrir las dos vacantes en la Corte con Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El proyecto más ambicioso de su primer año de gobierno.

Este fracaso es ilustrativo de las dificultades que experimenta en el control de las variables efectivas del poder para liderar un proceso de cambio profundo que, sin embargo, contempla una alianza con quienes históricamente lo resistieron. Lo que a simple vista podría parecer una contradicción, se habría convertido en un requisito indispensable para ser considerado por Santiago Caputo, el responsable de reclutar aspirantes a cubrir vacantes de peso en la administración pública.

Un perfil de compatibilidad cuyo patrón Lijo comparte, entre otros, con Diego Kravetz y Cristian Ritondo. El segundo de la SIDE y el jefe de los diputados del PRO son imaginados por el oficialismo como el canal de drenaje de dirigentes de ese partido hacia La Libertad Avanza. Aunque con diferente grado, a los tres se les atribuye participación en las relaciones informales que desarrollan segmentos de la Justicia, la Seguridad y el espionaje.

El trípode en el que se asienta una estructura fuera del alcance de cualquier tipo de regulación legal, pero en condiciones de incidir en decisiones de orden institucional. El ajuste libertario al gasto del Estado jaquearía la bonanza de este sistema y sería el inédito punto de contacto entre posiciones aparentemente irreconciliables. Seguramente infundada, esta murmuración volvería lógica la defensa de Milei a Ritondo por considerarlo víctima de una operación orquestada para revelar bienes que no había declarado.

Kravetz habría escuchado en privado palabras igualmente tranquilizadoras para tomar la decisión de abandonar la secretaría de Seguridad en la Ciudad. La fuga de presos iniciada mientras fue el jefe de la policía, expresaría el conflicto por el control de los recursos asignados a esa área y estimados para 2025 en 224 millones de dólares. La caja sobre la que mantuvo incidencia la cúpula de esa fuerza hasta la asunción de Jorge Macri.

Además de confirmar que no habrá alianza entre Pro y la Libertad Avanza, el desdoblamiento electoral anunciado por el jefe del gobierno porteño le facilitaría a Axel Kicillof desoír las recomendaciones de Alejo Ramos Padilla. Sobre todo si en febrero la Legislatura porteña convalida la suspensión de las PASO. El juez federal N°1 de La Plata pero con competencia electoral, se pronunció el 19 de diciembre en contra del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y de la eliminación de las primarias.

Sugestivamente, el magistrado instó a que los cargos provinciales y municipales sean elegidos adhiriendo a la Boleta Única de Papel (BUP), con el argumento de facilitar el recuento de los votos. La preocupación de Ramos Padilla por la suerte de los comicios es reconocida como legítima por funcionarios ligados al gobernador. Los más suspicaces, sin embargo, hacen notar la sutil coincidencia de sus posiciones con las que sostuvo Cristina en la reunión del PJ en Moreno.

Se descuenta que la ex residente liderará la lista de candidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria. La BUP disocia en los hechos la elección de cargos nacionales de la de provinciales y municipales. A menos que las provincias adhieran a la BUP. La ley de Boleta Única plasmó el viejo anhelo de Pro para limitar el efecto arrastre de los líderes electorales en las listas sábanas. Particularmente en la provincia de Buenos Aires.

Forzado por las circunstancias, Kicillof postergaría hasta febrero cualquier definición sobre esos temas. Si consigue destrabar la negociación que frustró las que convocó para diciembre, en ese mes debería volver a llamar a sesiones extraordinarias. El calendario electoral comenzará a correr en abril. La agenda parlamentaria luce endemoniada por los temas pendientes de resolución.

Aliados a sectores de la UCR y Pro, los intendentes peronistas del conurbano amenazaron la semana pasada con desfinanciar al gobierno bonaerense. Lo habrían hecho si hubieran sancionado el presupuesto pero sin una ley tarifaria que le permita reajustar impuestos. Ni el endeudamiento por 1.100 millones de dólares para afrontar dos vencimientos el año entrante.

Los intendentes exigen 600.000 millones de pesos para hacerlo. Equivaldría a casi tres puntos del total de la coparticipación que distribuye el Gobierno. El gobernador habría ofrecido 160.000 millones. La reelección indefinida de los intendentes y las tres vacantes de la Corte danzan sobre ese acuerdo. Aunque ninguno se opondría a una nueva modificación de la ley 14.836, Kicillof llevaría la delantera

El gobernador precisa proteger a Jorge Ferraresi y Mariano Cascallares. Los intendentes de Avellaneda y Almirante Brown son dos aliados importantes. En un eventual desdoblamiento y sin PASO, los cargos electivos se disputarían en una interna partidaria. Los intendentes exigirían la garantía de su reelección para romper con el PJ si no les permiten competir por ellos. Es lo que hace dudar a Máximo Kirchner de respaldar cambios a la reelección.

El jefe del PJ lidera a la mayoría de los intendentes del conurbano, dispuestos a esperar el cierre de listas y después modificar la norma que también limita la reelección de legisladores provinciales y municipales. Una situación que habría incomodado a Luis “El bicho” Vibona. A tal punto que amenazó con presidir la sesión del Senado la semana pasada, con tal de lograr su sanción.

La vicegobernadora Verónica Magario es la presidente natural en ejercicio y debería cederle ese lugar en la sesión. Vibona finaliza su mandato como senador en 2025 y no podría ser reelecto a menos que la ley sea modificada. Julio Alak abogó en la reunión del PJ en Moreno por liberar de ataduras a las reelecciones en la Provincia. El intendente de La Plata se habría reunido con Cristina la semana pasada. Él lo desmintió

Las delicias de Rapa Nui que le obsequió a la expresidente no habrían sido suficientes para endulzar el encuentro. Sergio Massa propuso que la Corte falle a favor de la reelección para evitar presentaciones judiciales contra una nueva modificación a la ley. El líder del Frente Renovador se especializa en hallar salidas a los laberintos que construye. Es uno de los autores de esa ley. Antes deberían cubrir las vacantes en sus vocalías si desean evitar sobresaltos.

Ese paso pone de relieve la condición impuesta a todos los candidatos por el total de los involucrados en la negociación. Deben garantizar confianza. Ese sería el impedimento para que Alak sea el candidato de consenso entre Cristina y Kicillof. La expresidente le habría recriminado seguir el camino de la traición iniciado por el gobernador. Es una imputación delicada. Si Alak renunciara a la intendencia sería sucedido por el concejal de La Cámpora Pablo Elías.

Ni estas complejas y traumáticas negociaciones bastarían para quebrar el espíritu humanitario del peronismo. Rubén Eslaiman gestionó con Alak que Martin Mena priorice a Julio “Chocolate” Rigau en la lista de las escasas tobilleras electrónicas de las que dispone el Ministerio de Justicia. Rigau fue detenido cobrando el salario de 60 supuestos empleados de la Legislatura en un cajero automático de La Plata.

La prisión domiciliaria concedida a Rigau por el Tribunal de Casación Penal en octubre, depende de que Mena, ministro de Justicia, le consiga una de las cotizadas tobilleras que le pidió Alak, su antecesor en esa cartera. Eslaiman es el diputado del Frente Renovador más cercano a Massa y uno de los principales sospechados de tutelar a Rigau.

Adrián Eslaiman, su hijo, jura hoy como fiscal del fuero penal Juvenil en Moreno. Pero sin el agasajo rutilante montado en “El mangrullo” de Ezeiza para celebrar la de Carlos Baccini como fiscal general en Lomas de Zamora, rodeado por Cascallares y el intendente local, Gastón “El gatito” Granados. Baccini es investigado por cerrar la causa donde Martín Insaurrralde fue acusado de defraudar al Estado municipal.

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