Ley nacional de salud mental: la desidia estatal que deshumaniza
El 2020 fue un año que nos marcó. Un año inédito, caracterizado por una crisis sanitaria que nos hizo repensar nuestras prioridades y nuestros modos de vivir. Pero para quienes trabajamos en el campo de la salud mental y de los derechos humanos, el 2020 representa algo más: el símbolo de la desidia, la consolidación de un incumplimiento.
Hace una década, el Congreso argentino sancionaba la Ley nacional de salud mental (ley 26.657), que marcó el inicio de una nueva etapa y generó grandes expectativas en quienes venían abogando por la transformación de nuestro sistema de atención. La norma dispuso, entre otras cuestiones, que las instituciones psiquiátricas o monovalentes deberían cerrarse, y que no se podrían crear nuevas; que las internaciones solo podrían realizarse en hospitales generales mientras la persona las consintiera o en caso de que hubiera una situación de riesgo cierto e inminente para ella o para terceros; y que quienes necesitaran asistencia en salud mental deberían acceder a dispositivos y apoyos que les permitieran vivir en la comunidad. En 2013, su decreto reglamentario fijó como fecha límite para la sustitución definitiva de los manicomios el año 2020.
Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a vislumbrarse que los resultados no serían los esperados. A partir de la aprobación de la ley, se incrementaron los controles, se avanzó hacia nuevos perfiles profesionales y se visibilizó el tema en la agenda de derechos humanos. Pero desafortunadamente, luego de 10 años, la respuesta sigue siendo el hospital psiquiátrico. Los datos del Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental lo confirman: todavía tenemos 12.035 personas viviendo en 162 establecimientos que no deberían existir, con tiempos de internación que pueden extenderse por décadas. Cuando alzamos nuestra voz contra esta realidad, no pretendemos atribuir malas intenciones a todos los trabajadores y trabajadoras de estos centros. Tratamos de mostrar la necesidad de romper con un modelo sanitario que se creyó idóneo hace más de un siglo, pero que fracasó estrepitosamente en todo el mundo, aun con profesionales formados y con vocación de servicio. El problema es el paradigma, el sistema, la estructura.
Lo que busca la ley 26.657 -y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- no es tener instituciones psiquiátricas más limpias, más pequeñas o más modernas. Ni siquiera más habitables. Lo que buscan estos instrumentos es que estas no existan más. Porque vivir en instituciones implica estar sujeto a una rutina que no se elige, y ser excluido de la educación, del trabajo y de la participación política. Porque vivir en instituciones impide tomar decisiones sobre los aspectos más elementales de la cotidianeidad, como qué comer, a qué hora despertarse, cómo pasar el tiempo y con quién. Porque vivir en instituciones destruye la posibilidad de pensar en un futuro. Básicamente, porque vivir en instituciones no es vivir.
Los organismos internacionales especializados en el tema, como la OMS y otras entidades creadas en la órbita de la ONU, vienen afirmando hace décadas que lo que preserva la salud mental y permite recuperarla es la inclusión en la comunidad, el habitar y transitar los mismos espacios que los demás. ¿Cuántas más personas deben pasar sus vidas enteras detrás de los muros de un hospital monovalente para que asumamos que este modelo de abordaje no garantiza la salud, sino que ocasiona muertes reales y simbólicas?
Quienes no experimentamos el encierro psiquiátrico no podemos imaginar lo que es. Pero si nos abrimos a escuchar a aquellos que sí lo hicieron, vamos a ver que lo que tienen para decir está lejos de ser positivo. Sus testimonios dan cuenta de una experiencia vital atravesada por el manicomio. De una institución que coopta todos los aspectos de la vida, que arrasa con el tiempo, las oportunidades y los proyectos, y que determina una forma de ser y de estar en el mundo en la que no hay lugar para la dignidad.De un sistema que cosifica personas, denigra identidades y patologiza lo humano.
Mientras los establecimientos especializados sigan existiendo, el fenómeno manicomial seguirá presente. El Estado tiene la obligación de crear dispositivos comunitarios y servicios de salud mental en hospitales generales y en centros de atención primaria. Tenemos la normativa y diversas experiencias inspiradoras para hacerlo. El resto, es voluntad política. Las personas que "viven" en neuropsiquiátricos no pueden esperar más, porque en esa espera se les va la vida.
Abogada, docente y coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ
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