Ley nacional de salud mental: una oportunidad para avanzar
Ha sido una semana en la que se habló de salud mental en los medios de comunicación como nunca antes. Pocos argumentos, discursos ruidosos y bastante desinformación, conjugan un saldo preocupante. La repetición de la vieja tendencia argentina de equivocar el diagnóstico y señalar chivos expiatorios abre, sin embargo, la posibilidad de analizar cuál es el real problema de la salud mental en nuestro país.
El problema no es “ley de salud mental si, ley de salud mental no”, el problema es que el sistema de salud de nuestro país vulnera los derechos de las personas con padecimientos mentales y no les da una respuesta adecuada.
Salvo excepciones, las políticas de salud mental continúan sin formar parte de las políticas sanitarias integrales en nuestro país. Esto sin dudas incide en el sostenimiento o agravamiento de los dos grandes problemas en el campo de la salud mental: por un lado, una enorme brecha entre quienes tienen padecimientos mentales, y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Dicho de otra manera: la inmensa mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental no tiene respuesta, no tiene el tratamiento que debiera tener. Este problema se agravó en estos meses, por el incremento notorio de los padecimientos mentales en el contexto de la pandemia.
¿Cómo se resuelve? Ampliando la cobertura: capacitando a los no especialistas en salud mental, fortaleciendo el primer nivel de atención, creando más servicios de salud mental en los hospitales generales. En definitiva, creando y fortaleciendo redes de atención.
El segundo problema, en el otro extremo, la otra vergüenza nacional: más de 12000 personas viven en hospitales psiquiátricos. La persistencia de los manicomios.
Si la Ley nacional de salud mental se implementara se resolverían estos problemas. Propone un modelo de atención con equipos interdisciplinarios que acompañan tempranamente a quien sufre garantizando la continuidad de sus cuidados. ¿Qué dice la ley de las internaciones? Si una persona, aun estando en tratamiento, se encuentra en riesgo, los profesionales de la salud pueden y deben decidir internarla en un hospital general de manera urgente, preferentemente con su consentimiento, pero también pueden hacerlo contra su voluntad. Esto implica necesariamente el cierre de los manicomios, hospitales psiquiátricos o monovalentes.
El problema no es la Ley de salud mental. Tampoco es cierto que sea una ley utópica ni diseñada para otro tipo de país. El problema es que hace 11 años se espera su implementación y la misma requiere una serie de reformas que deben realizarse con decisión política sostenida en el tiempo. Entonces, el problema no es la ley, sino la falta de decisión política para implementarla.
Por eso, esta exposición mediática es una excelente oportunidad para que se generen los compromisos del Estado Nacional y las jurisdicciones para avanzar en su cumplimiento. En principio, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación, tiene mucho por hacer.
Hace un par de años, junto al exministro de Salud Adolfo Rubinstein trazamos líneas estratégicas que deberían ser retomadas y profundizadas. Hoy existen, en todo el país, equipos de especialistas en salud mental formados y listos para capacitar a los no especialistas en salud mental en el territorio y así mejorar la accesibilidad a cuidados oportunos y con base comunitaria en salud mental, superando la brecha de atención anteriormente descripta.
También se comenzó con la capacitación a las fuerzas policiales provinciales para que sepan actuar en situaciones en las que una persona con padecimiento mental está en crisis. Esta capacitación debe continuar implementándose en todo el país.
En 2019 se realizó el primer censo nacional y hoy se conoce cuántas personas hay internadas en las instituciones y, también, sus características, sus necesidades y los recursos disponibles para los procesos de externación.
También se fortaleció el marco normativo, a través de las Resoluciones 715/2019, 3250/2019. Esta última, establece las pautas para que cada hospital monovalente avance en su transformación y que pueda ser sustituido definitivamente en 3 años. Las jurisdicciones debían presentar, antes del 31 de agosto del 2020, un Plan de Adecuación Individual, plazo que se ha dejado vencer.
Lamentablemente, a un año y ocho meses de haber iniciado su gestión, la autoridad de aplicación de la Ley no parece haber decidido avanzar en la sustitución de los monovalentes y en un modelo de salud mental comunitaria.
De todos modos, nunca es tarde cuando se trata de garantizar derechos. Mientras tanto, es fundamental que la sociedad comprenda la real dimensión: el problema no es lo que dice la ley, el problema es que muchos no la conocen, otros dicen lo que no dice, desinformando, y quiénes deberían defenderla en estos momentos de embestida intencional en su contra, parece que han elegido silenciar.
La única lucha que se pierde es la que no se da. La reforma del sistema de salud en nuestro país para que garantice los derechos de todas y cada una de las personas con problemas de salud mental, es una obligación urgente y una causa permanente.
Demos el debate y avancemos.
Exdirector de Salud Mental del Ministerio de Salud
Por Luciano Grasso
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