Lecciones y oportunidades para la Argentina

Una mirada crítica del escenario político latinoamericano permite extraer algunas lecciones muy importantes para nuestro país. En primer lugar, estabilizar la economía (es decir, derrotar a la inflación), mantener un Banco Central independiente, fomentar el comercio exterior con una apertura inteligente y acuerdos bi y multilaterales, establecer un vínculo provechoso con los mercados de capitales y estimular incentivos correctos para la inversión privada constituye una agenda fundamental e inevitable para salir del estancamiento y revertir la patética reversión del proceso de desarrollo que padecemos desde hace décadas. Pero de ningún modo resulta suficiente para promover un modelo equitativo, sustentable y consistente con un paralelo fortalecimiento de las instituciones, las prácticas y la cultura democráticas.

Los cuatro países de la región que más y mejor habían avanzado con lo que a comienzos de la década de 1990 se denominó el “Consenso de Washington” –México, Perú, Colombia y Chile– experimentan profundas turbulencias políticas y sociales que amenazan esos aparentes “consensos” promercado y ponen de manifiesto las evidentes limitaciones de lo que para muchos sectores sigue siendo “hacer las cosas bien”. Esto no implica menospreciar sus logros, incluyendo una mejora notable en los índices de pobreza y, con menos intensidad, en los de equidad. Pero estos objetivos, indispensables, no garantizan por sí mismos la existencia de mecanismos de movilidad social ascendente para romper “techos de cristal” establecidos para consolidar jerarquías o sistemas de privilegios ni para compensar largas décadas de desigualdad, injusticias, privaciones y discriminaciones. La “mano invisible del mercado” hace mucho, pero de ningún modo todo. Pregunta incómoda: ¿fueron las respectivas elites lo suficientemente flexibles, generosas y previsoras como para ceder a tiempo y evitar estos potenciales descalabros?

Mirando históricamente no solo la región, sino también el mundo desarrollado, es obvio que la “mano visible del Estado”, por su parte, resulta fundamental para la calidad y la cobertura (universalización efectiva) de los bienes públicos esenciales (seguridad, educación, salud, infraestructura básica, justicia y cuidado del medio ambiente). Si el Estado los provee de manera ineficiente, con limitaciones territoriales o, mucho peor, si fracasa en hacerlo, se profundizan los eventuales desequilibrios preexistentes o generados por los mecanismos de mercado. Lejos de ser una solución, el Estado se convierte en un problema, a menudo por partida doble: no llega a todos los sectores vulnerables y sí a los más favorecidos. Para peor, cuando la mala política mete la cola y utiliza los recursos del Estado para fines electorales o para construir proyectos personalistas o clientelares, se generan más favoritismos e inequidad entre pares. Conclusión: la disfuncionalidad del Estado y de los sistemas políticos multiplica la desigualdad. La Argentina es un ejemplo cabal de este perverso fenómeno.

Enfaticemos que el costo del egoísmo, de suponer que alcanza con una mejora parcial en el bienestar de la sociedad o de que se puede pretender que amplios segmentos sigan postergando demandas materiales o simbólicas no es para nada trivial. En efecto, si se desatienden estos elementos cruciales (igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente, equidad en la provisión de bienes públicos) a la corta o a la larga se ponen en riesgo los logros iniciales obtenidos. Viejos y nuevos actores sociales tratarán de ventilar sus demandas como puedan con los mecanismos de participación existentes, en general desgastados e imperfectos. Mantenerlas insatisfechas por mucho tiempo genera la oportunidad para que surjan líderes oportunistas o genuinamente contestatarios, que representarán a esos sectores y pugnarán para revertir el statu quo. Si no aparecen dentro del sistema que puedan cumplir ese objetivo con las reglas vigentes, entonces aparecerán figuras por los márgenes (derecho o izquierdo) para capitalizar estas demandas latentes. Lección fundamental: es mejor ceder un poco, disuadir el conflicto, contener tensiones, responder al menos algunas de las demandas. Un capitalismo inclusivo, reformista y dinámico parece una fórmula mucho más estable que uno más intransigente y conservador.

Analicemos los casos de México y Perú. Andrés Manuel López Obrador acaba de obtener un resultado electoral contradictorio, pues su coalición fue nuevamente la más votada, amplió su dominio territorial, pero no logró la mayoría calificada como para forzar unilateralmente cambios en la Constitución. Estas elecciones fueron un referéndum sobre su liderazgo y la sociedad le puso un límite y lo ha forzado a negociar. Su estilo franco y llano y las promesas de abordar la desigualdad económica y la corrupción lo ayudaron a mantener cierta popularidad personal, especialmente entre las clases media y baja. Tal como ocurre con otros países de la región y del mundo, que coquetean con el modelo autocrático y personalista al límite, surgieron múltiples voces de antiguos dirigentes y sectores del establishment alarmados por su personalismo y vocación de poder. Esto explica la alianza entre los tres partidos históricos contra AMLO: el conservador PAN, el PRI –que ocupó el poder bajo el régimen de partido único hasta 2000– y el más de izquierda PRD. Los tres ganaron escaños, pero están lejos de poder constituir una verdadera alternancia de cara al proceso de sucesión presidencial. Más aún, muchos estiman que a partir de ahora se profundizarán las disputas territoriales por parte de las profusas redes del crimen organizado que atenazan al país.

La elección se vio empañada por una grave ola de violencia, con 800 balaceras y unos noventa asesinatos desde que comenzó la campaña en septiembre pasado. Treinta y cinco eran candidatos a cargos públicos. Se encontraron restos humanos en al menos dos casillas de votación en el estado de Baja California. Tras casi cuatro décadas de reformas económicas y también políticas bastante exitosas, México enfrenta ahora una coyuntura crítica caracterizada por la incertidumbre y por una grieta profunda y dolorosa que cruza a la política y a la sociedad.

Algo similar ocurre en Perú, donde los conflictos poselectorales, con graves denuncias de irregularidades, sugieren que el de Pedro Castillo puede eventualmente constituir otro triunfo pírrico, como fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski hace un lustro. En este país, el desacople entre economía y política parecía haberse consolidado: la primera seguía caracterizada por su estabilidad y progresos notables, aunque sin derramar lo necesario sobre todo en las zonas rurales; la segunda, por el contrario, había entrado en una dinámica de inestabilidad sistémica desde el colapso del régimen de Alberto Fujimori, padre de Keiko, tres veces candidata presidencial. Castillo se impuso con un programa muy radicalizado, de corte marxista y nacionalista, aunque en el pasado apoyó ideas más moderadas y al final de su campaña también pareciera haber girado a posturas menos extremas, sobre todo en términos económicos. Su principal desafío será conformar una coalición que asegure un piso de gobernabilidad, evitar la desconfianza de los mercados y eludir las potenciales estrategias de bloqueo por parte del Congreso, que nuevamente estará fragmentado. Si se profundiza la crisis de legitimidad de origen por las sospechas de irregularidades en el proceso electoral, esta elección, lejos de ayudar a solucionar la endémica crisis política peruana, podría incluso profundizarla.

La Argentina arrastra muchos problemas, pero hemos erradicado la violencia política y nadie pone en duda la transparencia del proceso electoral. No es demasiado, pero es un piso desde el cual comenzar a construir un modelo político y económico mucho mejor. Con la ventaja de tener una tradición política de inclusión, apertura y reformas: entre otras, la ley Sáenz Peña, el voto femenino, la legislación laboral y los programas sociales sobre todo desde la crisis de 2001.

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