“Lawfare” y Poder Judicial

Pasado el affaire político-judicial en torno al renombramiento de la ex jueza de Casación Ana María Figueroa, el “juicio a la Corte” ha quedado hoy como paradigma más visible de la politización de la justicia, causando serias suspicacias la insistencia en una cuestión que muchos entendidos anticipan que no prosperará. Pero no debemos dejar que el árbol nos impida ver el bosque: el Poder Judicial de la Nación.

En su momento resaltamos que el gobierno que les toca a los jueces es el signado por la ley y la justicia, distinguimos entre jueces independientes vs. “adictos” y respondimos a la pregunta ¿de dónde salen los jueces? Ante las críticas hirientes hacia el sistema judicial, también hemos desmentido la pseudo-doctrina “lawfarista” en. Ahora toca el turno de analizar el “bosque”, el supuesto brazo ejecutor de la también supuesta “guerra jurídica”.

Respecto a esto último, apelando al Boletín Oficial, podemos delinear la conformación histórica de la justicia federal hasta hoy, que cuenta con 1002 cargos de jueces, desde primera instancia hasta la CSJN, incluidos todos los fueros, incluidas las numerosas vacantes. Alfonsín, del 83 al 89, nombró aproximadamente 124 jueces federales. Menem, durante sus 10 años de mandato, designó unos 596 magistrados de ese fuero. De la Rúa, en dos años, hizo lo propio con sólo 33 cargos de ese tipo. En el breve interregno cubierto por los presidentes Puerta, Rodríguez Saá, Camaño y Duhalde, que fue del 21/12/01 al 25/05/03, se nombró la notoria suma de 84 magistrados.

Néstor Kirchner cubrió 282 cargos de juez en 4 años. Cristina Fernández puso en funciones a 427 jueces en el Poder Judicial de la Nación (373 varones y 54 mujeres). Macri, en toda su gestión, a tan sólo a 151. Finalmente, Alberto lleva nombrados unos 104 jueces.

Desde el advenimiento de la democracia, y al margen de los acuerdos entre fuerzas políticas, el sector alineado al peronismo y sus diversas facetas (justicialismo, menemismo, kirchnerismo, etc.) lleva nombrado un total de 1617 jueces federales; mientras que los partidos opositores (radicalismo y macrismo) han designado hasta el momento a 184. Del total de nombramientos de 1983 a esta parte, entonces, los primeros llevan designados el 89,78% de los magistrados que conforman la justicia federal, mientras que los segundos el 10,22% restante. Si ceñimos los datos a partir de 2007, para limitarnos a los jueces que posiblemente sigan activos, entre kirchnerismo/albertismo y macrismo habrían cubierto el 68% del total de cargos actuales, pero el 78% los primeros y tan solo el 22% los segundos.

Esos datos deben conjugarse con la marcada preponderancia de la política en la designación de jueces y la correlativa (y notoria) coincidencia entre los “perfiles” de los candidatos y las “parcialidades políticas” que finalmente los nombran. En ese sentido, el oficialismo actual no puede hablar de “los jueces de los otros”, porque él mismo ha designado una enorme cantidad de los que hay en funciones, lo cual permite alcanzar al menos dos conclusiones.

La primera es que las críticas al Poder Judicial, especialmente cuando provienen del sector que, históricamente, más jueces nombró, deben necesariamente incluir una significativa cuota de autocrítica, en lugar de la invectiva a la que nos tiene acostumbrados y que se ha ido recrudeciendo en la medida en que algunas de las causas judiciales de su interés han alcanzado veredicto de culpabilidad.

En segundo lugar, debemos tener presente que, si los jueces nombrados por determinadas facciones partidarias decididamente por su perfil, han “superado” el límite invisible que supondría ser “agradecidos” con quien los puso en el cargo, y –conforme a la ley– han resuelto alguna vez “en contra” de funcionarios o líderes vinculados con dichas facciones, entonces seguramente estamos en presencia de casos judiciales de una enorme trascendencia y posiblemente con un alto grado de verificación, con pruebas, que ni siquiera los jueces “adictos” han podido ignorar.

Los datos duros que ofrece la estadística y las conclusiones precedentes, conforman un combo que deslegitima cualquier crítica “lawfarista” contra el Poder Judicial. Al contrario, todo lo dicho pone de relieve el enorme esfuerzo que el sistema judicial hace a diario, ora para mantenerse independiente e imparcial frente a quienes pretenden dominarlo, ora para dar una respuesta acorde a la sociedad por sus reclamos de más y mejor justicia, único camino para dirimir en paz los conflictos que se presentan en sociedad, ayer, hoy y siempre.