Las viejas mañas tientan a La Cámpora en el Correo

Alberto Samá inició los trámites para acogerse a fin de año a la jubilación como empleado jerárquico del Correo Argentino, la empresa de servicios postales a la que ingresó en 1983 y donde desarrolló una carrera administrativa que abarcó 48 años de servicios. En el último tramo se desempeñó al frente de la Gerencia de Logística Electoral. Entre otras responsabilidades, esa área cumple con una muy sensible. Distribuye las casi 20 mil urnas utilizadas para los comicios en el conurbano bonaerense.

Hasta el 5 de octubre, la tarea de Samá no había merecido objeciones del oficialismo y la oposición de turno. Ese día, la organización logística en las PASO fue cuestionada por su superior y directora de Servicios Electorales del Correo, Mariana Aballay, quien le adelantó a Samá que en las elecciones generales haría la distribución de las urnas con gente de su entorno. El 6 de octubre Samá renunció a su cargo. Patricia García Blanco lo recibió anteayer en su despacho con la intención de persuadirlo para que revea su decisión. La secretaría de Asuntos Políticos depende del ministro del Interior, Wado De Pedro. Es la responsable de garantizar el proceso electoral. García Blanco está al tanto de la preocupación, y la desconfianza, que la salida de Samá provocó en Juntos. Pero también entre autoridades de la Cámara Nacional Electoral y la Justicia Federal con competencia en ese fuero. Samá le confirmó a García Blanco que su dimisión es irreversible. Si no hay cambios de último momento, Aballay tendrá a su cargo la gerencia de Logística en las elecciones del 14 de noviembre.

Igual que la presidente del Correo Argentino, Vanesa Piesciorivsky, Aballay es una reconocida dirigente de La Cámpora. Gracias a su estrecha relación con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en 2012 fue titular de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Ese mismo año, el juez federal Sergio Torres allanó sus oficinas como parte de una investigación en su contra por supuesto abuso de poder. Aballay fue acusada de anular un concurso para designar a unos 30 titulares de nuevos registros y designar en ellos interventores ligados a La Cámpora. Sus detractores le atribuyen a Álvarez controlar al menos dos licencias para explotar ese servicio en Lanús, donde es candidato a concejal por el Frente de Todos. En 2014, el Poder Ejecutivo designó a Álvarez como su representante en el Consejo de la Magistratura y Aballay pasó a ocupar la secretaría en la comisión de Acusación.

De la Directora de Servicios Electorales dependerá en forma exclusiva que las urnas lleguen en simultáneo a todos los distritos del conurbano. Una sincronización difícil de lograr. Pero imprescindible para que su distribución no despierte la sospecha de una manipulación política tendiente a perjudicar a algunos y beneficiar a otros. Hay dos rasgos salientes de esa región que justifican ese recaudo. El resultado nacional es determinado por la proyección del caudal electoral de la región donde se asienta el liderazgo electoral de Cristina Fernández de Kirchner.

Es lo que alimenta dudas con la renuncia de Samá. Fuera de la que efectuó Aballay, no hubo quejas con la labor de Samá. Lo infrecuente del hecho es lo que alimenta otro tipo de especulaciones. Una en particular. Si La Cámpora desempolvó las antiguas mañas electorales que les criticaron a los viejos caudillos bonaerense cuando se les oponían. No sería la única desinteligencia en una campaña complicada.

Acaba de comprobarlo Martín Insaurralde, designado su nuevo responsable después de las PASO. Su propuesta de pintar paredes con la consigna “no a Macri” precedida por el nombre del municipio que gobiernan no concitó adhesión entre los intendentes del PJ. La iniciativa solo se vio reflejada en Lomas de Zamora. Probablemente porque ese aporte descarta una posibilidad cada vez más contemplada por sus pares: el carácter plebiscitario sobre la gestión de gobierno que adquirieron las PASO. Lo que podría convertir al corte de boleta en un acontecimiento inevitable para limitar daños y retener el poder local, la única medida preventiva de la que dispondrían los intendentes para prevenirse de esa experiencia ante el temor que vuelva a repetirse en las elecciones generales. Si fuera así, dejaría planteado un escenario desfavorable para la asunción de Máximo Kirchner como nuevo presidente del PJ bonaerense el próximo 19 de diciembre. Una probabilidad en la que cobra otro sentido la maniobra para alejar del Ministerio de Seguridad a Berni atribuida a Máximo e Insaurralde. Los tres comparten un deseo, gobernar la provincia de Buenos Aires en 2023. La presión sobre Berni tuvo connotación económica. A través de Insaurralde, los intendentes gestionaron que Berni no reactualice el valor de las horas Polad que perciben los efectivos de la policía bonaerense que prestan servicios adicionales a los municipios, sus mayores contratistas.

La inversión en Seguridad equivale al 10 por ciento del total de sus gastos anuales. La hora Polad oscila entre 210 y 380 pesos. Algunos derivan el costo de ese servicio a las tasas municipales. Lomas de Zamora es uno de ellos. La tensión entre Insaurralde y el gobernador es a cuenta de otras por el control del presupuesto. La llave del jefe del Gabinete para extender su consenso con los intendentes. Es lo que vuelve una necesidad esmerilar a Kicillof, el único defensor de Berni.

Además del 11 por ciento de aumento que decretó el gobernador para los uniformados, Agustina Propatto contribuyó a diluir la supuesta conjura contra el ministro. La esposa de Berni es senadora provincial y con Magdalena Goris y Omar Plaini no asistieron a la reunión del bloque oficialista con Insaurralde convocada por la vicegobernadora Verónica Magario. Los tres tienen dos años más de mandato. Propatto es candidata a diputada nacional pero duda en asumir. Preferiría quedarse donde sea más útil. A Berni, por supuesto.

Goris es la esposa de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y enfrentado a Máximo por el PJ. Plaini es aliado de Hugo Moyano. Su hijo Pablo será secretario general de la nueva conducción que elegirá la CGT el 11 de noviembre y donde no tendrá lugar el kirchnerismo. Si esos tres senadores abandonan el Frente de Todos lo dejarían en una posición todavía más minoritaria que la proyectada por el resultado de las PASO.

Juan Manzur sigue con atención este cuadro. Los voceros del jefe del Gabinete reivindicaron como una decisión propia incorporar al gobierno a Roberto Feletti y Débora Giorgi. Una forma de expresar sintonía con Cristina y de reducir cualquier diferencia en el pasado solo a José Alperovich, adversario de Manzur. El senador nacional acusado de abuso permanecerá de licencia hasta el final de su mandato este año.

La sensación de descontrol en el oficialismo es tal que Sergio Uñac tomó la decisión de concentrar cualquier contacto con funcionarios del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires para evitar que visiten San Juan. La ejecutividad es la excusa para cumplir con esos compromisos en la Capital. La excepción fue Marisol Merquel. La titular del Consejo de Políticas Sociales fue recibida por el gobernador en su provincia la semana pasada.

Merquel cultiva el bajo perfil con el que les cuesta empatizar a otros. Como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, embarcada en otra originalidad de campaña. Invita a votar el 14 de noviembre por la lista de Cristina. Una estéril picardía de campaña. El nombre de la vicepresidenta no figura en las boletas del Frente de Todos.

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