Las vías que nos llevan a ser un país narco
La Argentina se ha transformado en un importante mercado de producción y consumo de drogas, con mafias que libran feroces batallas por el control del territorio y crecen con la connivencia de policías, jueces y políticos
El reciente atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, en el que balearon su domicilio y sólo la suerte evitó una tragedia que lo involucrara a él o a su esposa, pone de manifiesto el grado de avance de la impunidad y la criminalidad narco en la Argentina. La ciudadanía tiene hoy una mayor conciencia de los hechos, porque los padece a diario, pues ya es hora de que la dirigencia política, toda, y por supuesto el Estado, asuman su responsabilidad y actúen para detener el asentamiento definitivo del narcotráfico en el país.
Históricamente, la Argentina fue un país de tránsito de drogas ilegales hacia mercados de consumo, sobre todo Europa y los Estados Unidos. La propia dinámica del negocio, el pago en droga, la liberalización del mercado sin políticas integrales sobre el tema y, por supuesto, la venalidad de algunos funcionarios, jueces, policías y comunicadores han hecho que la Argentina se transforme en un importante mercado de consumo y producción, con una injerencia regional del negocio ilegal muy significativa.
Se ha desarrollado, simultáneamente, un creciente mercado de consumo. Según las Naciones Unidas, en la última década duplicamos el consumo de marihuana y cocaína, con niveles de prevalencia muy similares a los mercados maduros de América del Norte y Europa.
La lógica se impuso porque los carteles que pasaban droga desde los países productores -Bolivia, Perú y Colombia- hacia el Norte les pagaban a los estadios intermedios en "especie", es decir, en drogas que éstos debían vender en el mercado local para hacerla efectiva. Se desarrolló así un mercado de consumo muy agresivo y una feroz pelea por el control del territorio para manejarlos. Esta lucha se dirime con asesinatos entre narcos o con la ejecución y exhibición de la muerte más cruel como escarmiento a aquellos que invaden el negocio de otra banda (lo vivimos y observamos en Rosario con estupor). También, con la corrupción y penetración en las policías, la Justicia y la política, como se verificó con el involucramiento de las más altas autoridades policiales de Santa Fe y Córdoba. Este año en Rosario se superarán los 200 homicidios intencionales, cifra que ubica a esa ciudad en una tasa de homicidios superior a Medellín o San Pablo (casi 20 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes).
Más grave aún es que la Argentina se ha vuelto un país que produce la última etapa de elaboración de la cocaína. La Argentina exportaba precursores químicos para producir las drogas hasta su etapa final en los países de origen. Hace más de una década, la droga entra como pasta base al país y aquí se elabora la última etapa en laboratorios locales. Somos el país donde se decomisan más laboratorios o cocinas fuera de los tres grandes productores de coca, inclusive por arriba de Venezuela, según la Undoc (siglas en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).
Me tocó participar de un operativo con la Policía Metropolitana en el que se detuvo a una banda que operaba cuatro laboratorios (dos en Capital, a pocas cuadras de la Casa Rosada, y dos en el Gran Buenos Aires) y varios centros de distribución. Allí la presencia fuerte y destructiva del paco, que es un derivado de la pasta base mezclado con cualquier porquería, es ofrecida a jóvenes para reclutarlos como esclavos al servicio de los narcos, matar a la competencia, distribuir la droga, prostituirse o defender a los jefes. La altísima dependencia y necesidad de consumo transforma a los "soldaditos" en el último eslabón de la cadena narco, el más débil y dispensable.
La presencia de líderes de carteles regionales que viven y operan en Puerto Madero o en importantes countries del Gran Buenos Aires es cada vez más notoria. Desde el ingreso de la mujer e hijo de Pablo Escobar, hace quince años, hasta la presencia cada vez más activa de nuevos líderes y segundas líneas de carteles mexicanos y colombianos. Todavía se recuerda el caso de Unicenter, seguido de otros tres asesinatos más de narcos colombianos en los años siguientes. Héctor Duque Ceballos, "Monoteto", era el segundo líder del cartel de la Cordillera y vivía en el barrio Ayres del Pilar, aun cuando tenía pedido de captura internacional de Colombia y de los Estados Unidos. Tenía registradas varias entradas y salidas del país. Lo mismo la intervención del cartel de Juárez y de Sinaloa en el caso de la efedrina, necesaria para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, que terminó con el triple asesinato de General Rodríguez.
Pasamos de importar menos de una tonelada anual de efedrina para la producción de descongestivos en 2004 a más de 20 en 2007 (según Undoc, cinco veces la cantidad utilizada por toda la industria farmacéutica en los Estados Unidos, 30 veces más que Italia y 80 veces más que Chile). Nada de esto sería posible sin connivencia política y autoridades que miran para otro lado. La reciente detención en Pilar del colombiano Henry de Jesús López Londoño, "Mi Sangre", con familiares y cómplices viviendo varios meses en el país, pone de manifiesto la impunidad con la que se mueven los narcos. Los líderes de carteles internacionales operan y manejan sus negocios locales e internacionales desde la Argentina por la debilidad intrínseca del Estado, que les ha ido permitiendo instalarse.
Seguimos siendo un país colador donde es muy fácil penetrar por el espacio aéreo, que en más de un 90% se encuentra sin radarizar; con pasos fronterizos totalmente permeables, ríos y puertos sin control y aeropuertos donde salen recurrentemente importantes cantidades de drogas, como se verificó en el caso Juliá. En este contexto, tenemos a los gendarmes y prefectos desplegados en las grandes ciudades en vez de las fronteras, cumpliendo roles de policía comunitaria para la cual no están entrenados y con toda una serie de inconvenientes logísticos y operativos. Este desquicio en el sistema de seguridad interior lleva a que hoy las Fuerzas Armadas estén patrullando y cumpliendo roles de seguridad interior en la frontera, en franca violación a la ley de seguridad interior y de defensa. En la medida en que las drogas puedan circular con facilidad y elaborarse localmente, y los narcos puedan actuar con impunidad, el nivel de consumo local va a seguir aumentando y la violencia asociada a la pelea entre bandas narco va a seguir dejando su tendal de muertos en las grandes ciudades.
Ante estas crudas evidencias, las autoridades nacionales reaccionan negando la realidad, ya sea ocultando las cifras del delito (las estadísticas más actualizadas son de 2009), hablando de "sensación de inseguridad" o, más recientemente, con acciones espasmódicas y mediáticas que no siguen una lógica estratégica ni una acción inteligente producto de una política de Estado.
Llegó la hora de decir ¡basta!, de reaccionar con decisión e inteligencia ante la impunidad y la connivencia con la que se mueven estas mafias en el país. No podemos esperar otros dos años a que haya un cambio de Gobierno para ver si se aborda en profundidad esta amenaza que atenta directamente contra las raíces del mismo Estado. Tenemos que deponer visiones políticas partidarias y tratar de trabajar en conjunto, exigir y ayudar al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales antes de que sea tarde. Los narcos ya vinieron por nuestras instituciones y, lo que es más grave, por nosotros y nuestros hijos. Es hora de decir basta y de actuar en concreto con planes y soluciones reales.
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