Las reformas monetarias de Julio A. Roca
Se cumple este año el centenario del fallecimiento de quien fue presidente de la Nación en dos oportunidades, el general Julio A. Roca. También fue senador nacional, ministro y, quizá, la figura que en mayor grado definió la llamada generación del 80.
Los debates sobre su figura siempre han sido intensos, incluso entre sus contemporáneos y ha abarcado terrenos tan diversos como las relaciones exteriores, los problemas de la defensa nacional, el orden público interno, la promoción de la educación pública y laica, el matrimonio civil, el afianzamiento de las fronteras de la Nación. También habrá siempre un debate sobre el sistema de organización política, "el unicato" y sus prácticas, que aseguraron durante un tiempo la preservación del poder por parte de la elite que tanto influyó en el último cuarto del siglo XIX y la primera parte del XX.
Un tema menos enfatizado en los debates sobre Roca se refiere a las importantes reformas monetarias de su gobierno, que tuvieron un impacto decisivo, tanto para la unidad nacional como para la prosperidad de principios del siglo XX.
La primera norma de orden monetario fue la ley 1130 de 1881, de unificación monetaria, que dio lugar a la primera moneda nacional. Por esa emisión se buscaba superar el problema de billetes de orden provincial y unificar nuestro signo monetario. Permitió crear las condiciones para eliminar las monedas locales y, en consecuencia, facilitar el intercambio sin obstáculos, como estipulaba la Constitución Nacional al abolir las aduanas interiores.
La segunda norma importante de la administración Roca fue la ley de conversión 3871, de 1899, dictada para aprovechar la caja de conversión creada en 1890 y que tendría el monopolio de la emisión de dinero. Esa ley buscaba superar el problema de la no convertibilidad y, por lo tanto, las trabas que tal situación generaba al desarrollo económico y a la consolidación de un sistema financiero y de un mercado de capitales.
En este caso la paridad se estableció en 11,4545 en relación con la libra esterlina y en 2,3537 con el dólar, al cambiar los pesos moneda nacional a una relación de 0,44 por peso oro. Esto implicaba una devaluación respecto de la otra ley, debido a los desórdenes fiscales y monetarios de la década de 1880 y su consecuencia, la crisis política, económica y financiera de 1890.
El dictado de esta ley procuró superar tanto la no convertibilidad que presagiaba, al decir de Carlos Pellegrini, los peores vicios gubernamentales como la valorización del peso, que imponía la severa disciplina fiscal y monetaria surgida como colofón de la crisis mencionada. Esa tendencia a la revaluación afectaba la competitividad de la producción nacional y la solvencia del sistema financiero, al ser más gravoso cancelar deudas en términos de bienes.
La ley 3871 preveía un fondo de conversión que fue sumando respaldo a la emisión inorgánica previa. El respaldo de la conversión alcanzaría el 31% en 1904, al concluir el segundo mandato de Roca; al 72,6%, en 1913, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, y al 84%, en el período de Marcelo T. de Alvear.
En los hechos, a partir de Roca se congeló la creación de crédito al gobierno de la autoridad monetaria. La economía vivió así una enorme expansión que llevó a nuestro país a ser, en la década del 20 del siglo XX, uno de los diez más ricos del mundo.
La disciplina que este sistema impuso, continuada en algún modo por el Banco Central luego de 1935 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, generó un enorme prestigio de la moneda nacional. La inflación, entre 1900 y 1944, llegó apenas al 1,7% anual como promedio. Con estas reglas, el sistema financiero llegó a intermediar activos monetarios por más de 40% del PBI.
El abandono de estas sabias reglas de comportamiento financiero luego de la Segunda Guerra produjo como consecuencia que la inflación argentina alcanzara al 27,3% anual entre 1944 y 1974, y se desbocara al 265,4% entre 1975 y 1988. En 1989 y 1990 vivimos la tragedia de dos hiperinflaciones.
Recordar un sano orden monetario, sus resultados favorables y los costos pagados por su abandono nos permite tener una valoración adecuada de esta parte de la actuación pública e institucional del presidente Julio A. Roca. El momento no puede ser más oportuno para poner de relieve su gestión en tan delicada materia.
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