Las infernales consecuencias que tendría otro default
A algunos dirigentes políticos con posiciones afines al populismo, es probable que se les haga agua la boca al imaginar que, durante tres años, la Argentina dejaría de pagar amortizaciones de capital e intereses por los bonos sujetos a legislación extranjera incluidos en la propuesta de renegociación de la deuda, a cuyos tenedores se les ha dado plazo hasta hoy para informar si aceptan o no la agresiva oferta de canje formulada por el gobierno de Alberto Fernández.
Pero el largo listado de consecuencias que una adhesión muy baja de los acreedores y un default podrían provocarle al país debería también disuadirlos de festejar una cesación de pagos.
Según coinciden en señalar distintos economistas, estos serían algunos de los efectos que un default formal le generará a la Argentina:
- Aumentaría aún más la desconfianza en la moneda nacional. La presión sobre el dólar se incrementaría, al tiempo que aumentaría la velocidad de la circulación del dinero y, consecuentemente, la inflación.
- Los depósitos en dólares que hoy conservan los bancos podrían comenzar a desaparecer por retiros del público. Esto provocaría no solo una caída del nivel de reservas no disponibles del Banco Central, sino que también se perdería un medio para el financiamiento de las exportaciones.
- El Estado nacional dejaría de tener por mucho más tiempo acceso al crédito internacional y dependería exclusivamente de la emisión monetaria para financiar el creciente déficit fiscal.
- También el sector privado seguiría viendo más dificultado aún su acceso al crédito externo, a menos que esté dispuesto a consentir tasas descomunales con garantías infrecuentes.
- El mantenimiento del riesgo país en niveles iguales o mayores a los actuales disuadiría a cualquier inversor normal de aportar capital para nuevas actividades productivas.
- Se dificultaría y encarecería la llegada de insumos y piezas importadas para el sector industrial, dado que se suspenderían las líneas de crédito para los importadores, que deberían pagar por anticipado cualquier compra en el exterior.
- Las inversiones en sectores que hasta hace poco lucían como estratégicos, como Vaca Muerta, sumarían a la caída del precio internacional del petróleo motivos adicionales para continuar frenadas.
- Podría dificultarse el uso en el exterior de tarjetas de crédito emitidas por bancos argentinos, al igual que para compras realizadas fuera del país a través de internet.
- Las compañías aseguradoras argentinas encontrarían problemas para contratar reaseguros en el exterior.
- Las operadoras de telefonía argentinas podrían hallar inconvenientes para garantizar a sus clientes locales la utilización de servicios de roaming en países extranjeros.
- El Estado argentino quedaría sujeto, una vez más, a las consecuencias de juicios en Nueva York y en Europa, con la posibilidad de que el país sea condenado a honrar su deuda bajo legislación extranjera y a pagar intereses resarcitorios que podrían ser del 9 por ciento anual.
- También el Estado nacional quedaría expuesto a posibles embargos, como ocurrió en 2012 con la Fragata Libertad, que fue retenida en las costas de Ghana.
Hoy será un día clave, pero probablemente habrá que esperar más tiempo para una definición. Si, como se conjetura, la adhesión al canje de deuda hecho público por el ministro de Economía, Martín Guzmán, no llega a los niveles exigidos del 66% en los bonos más cortos y del 75% en los más largos, la oferta no podrá ser impuesta a todos los acreedores.
En esa hipótesis, técnicamente, la Argentina no entraría en default inmediatamente. A partir de hoy y hasta el 22 de mayo habrá un período de gracia para el pago de intereses por unos 500 millones de dólares que vencieron el 22 de abril. Una alternativa es que en esa fecha el Estado abone esos intereses y prosiga negociando con los bonistas en busca de un acuerdo para renegociar la deuda en mejores condiciones que las propuestas hasta ahora.
Entre los endulzantes que el Palacio de Hacienda podría ofrecer a los grupos de bonistas para acercarlos a un acuerdo podría recurrirse a un cupón adicional condicionado al crecimiento del PBI en los próximos años, tal como se instrumentó en el canje de la deuda de 2005, en tiempos del Néstor Kirchner y del ministro Roberto Lavagna; una capitalización futura de los intereses que el Estado no pagaría durante los tres años de gracia; la reducción o eliminación de la quita de capital propuesta, o la posibilidad de que se aumenten levemente los intereses que el Gobierno dice estar dispuesto a pagar.
La otra opción es que el Gobierno deje correr el tiempo y entre formalmente en un default.
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