Las excarcelaciones desnudan la debilidad crónica del Estado
Como un efecto dominó, desde hace semanas se suceden las protestas en las cárceles bonaerenses para exigir liberaciones a causa de la pandemia que atravesamos.
Las imágenes de los motines con presos en los techos, incendios, heridos e incluso un muerto nos preocupan e indignan por igual. Pero sería un error quedarnos allí y no buscar las causas que asoman tras los reclamos y pedidos de arresto domiciliario que aumentan a un ritmo mayor que el mismo coronavirus. Me refiero a la debilidad crónica-estructural del Estado para hacer cumplir la ley.
Hay razones humanitarias que la Justicia debe atender. Embarazadas y casos específicos de presos que por edad y/o enfermedades preexistentes integran los grupos de riesgo, tienen que ser analizados con detalle. Pero el problema no solamente es ese, sino también cierta contradicción en funcionarios políticos y judiciales, que contribuyen a enviar mensajes equívocos a la población.
La falta de un poder público coherente que garantice derechos y exija el cumplimiento de obligaciones con un éxito aceptable, irremediablemente favorece las decisiones provisorias e impredecibles, el desinterés por el funcionamiento democrático de las instituciones y la falta de incentivos para que la ciudadanía participe y se comprometa con los asuntos públicos.
Es necesario ser claros: hay temas que deben resolverse exclusivamente en el ámbito del derecho penal, sin que le quepan sesgos ideológicos. Lo que menos necesitamos hoy son funcionarios que alienten las protestas en las cárceles; jueces que esquiven tomar decisiones y otros que sobrepasen sus límites; una Justicia que autorice la liberación de presos y no controle dónde están ni proteja a las víctimas que los denunciaron.
Que D’Elia y Boudou hayan sido excarcelados, y que el Gobierno a través de la Secretaría de DD.HH. en un escrito inédito pida por la liberación de un personaje nefasto como Jaime, completan un espectáculo en el que todos reclaman pero nadie se hace responsable, donde la pandemia que ha trastocado el orden mundial no es sino una excusa para que unos cuantos ganen una cuota de poder a costa del dolor de muchos.
¿Cómo vamos a continuar exigiéndoles a los chicos que permanezcan en sus casas cuando salir de la cárcel pareciera ser más sencillo que hacer la transferencia de un vehículo? ¿Con qué autoridad seguiremos pidiéndole a miles de pymes que aguanten un poco más?
El coronavirus acentúa una fragilidad institucional que lo precede, pero la justicia a medida no es justicia sino la institucionalización de una doctrina conservadora y retrógrada que no entiende de derechos para todos sino de privilegios para unos pocos.
Donde no hay un Estado fuerte, los márgenes para la buena política se vuelven más estrechos y crece el terreno fértil para que los gobiernos concentren poder y debiliten a las instituciones. Que estemos en cuarentena no puede significar que pongamos nuestros ideales en pausa: no vamos a permitir que destruyan la República quebrando cada día más la división de poderes. Únicamente en el marco de la democracia y con un diálogo institucional maduro y transparente vamos a sortear esta crisis.
Diputado de la provincia de Buenos Aires (UCR-Juntos por el Cambio)
Por Maximiliano Abad
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