Las deudas de la Argentina con sus DDHH siguen vigentes tras 40 años de democracia

En la Argentina, una de cada tres mujeres vive situaciones de abuso o acoso en las redes sociales y el 39% manifestó sentir su seguridad física amenazada. Solo el 15,5% de los crímenes contra la integridad sexual denunciados termina en una sentencia condenatoria. En 2021, 80% de los ataques considerados como crímenes de odio por la orientación sexual, identidad y/o la expresión de género de la víctima apuntaron a mujeres trans. Y este dato no ha cambiado en este último año.

En la Argentina, apenas el 14% de las y los estudiantes de nivel primario y el 4% del nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos establecidos en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y 7 de cada 10 embarazos adolescentes son no intencionales. El número es aún más alto en niñas y adolescentes menores de 15 años, más de 8 de cada 10. En gran medida, como consecuencia de abuso y violencia sexual.

La violencia institucional se sigue cobrando vidas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contabilizó al menos 53 casos de muerte de personas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en 202,1 mientras que la Comisión Provincial por la Memoria informó el año pasado de, al menos, 65 casos de muertes por uso de la fuerza policial, solo en la provincia de Buenos Aires. Lo que es aún más doloroso: en gran parte de esos casos persiste la impunidad.

A punto de cumplir 40 años de democracia, la Argentina mantiene demasiadas deudas abiertas con su sociedad en materia de derechos humanos. Sumida en una profunda crisis económica y social, más de un tercio de su población sobrevive en la pobreza y el porcentaje se eleva a la mitad en el grupo de niñas, niños y adolescentes, entre los 0 y los 14.

Y si bien la tasa de desempleo descendió a 6,3% en la última parte del año, miles de trabajadores y trabajadoras registradas conviven en una sociedad que roza el pleno empleo estadístico con la dura realidad de no ganar lo suficiente para cubrir una canasta básica total, lo cual conlleva dificultades para asegurar la alimentación, la educación, el desarrollo y el bienestar general. Todos ellos derechos humanos básicos para la vida digna de las personas.

Otra cifra que estremece: durante 2022 se registraron 251 homicidios por razones de género, de los cuales el 81% tuvo lugar en el ámbito familiar. Y pese a que la lucha contra la violencia de género sigue ocupando un lugar relevante en la opinión pública, los índices de enjuiciamiento se mantienen bajos: sólo el 15,5% de los casos denunciados dio lugar a sentencias condenatorias, acorde al Ministerio Público Fiscal.

Violencia en democracia

En todo este escenario de persistente polarización social y radicalización de los discursos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue objeto en septiembre de 2022 de un intento de asesinato en la puerta de su casa. El ataque quebró uno de los pactos de convivencia no escritos en nuestro sistema político desde el retorno de la democracia, pero no bastó para sosegar el clima de discordia imperante desde hace año. Tampoco para sortear el abismo de la impunidad en el que suelen caer el grueso de las causas penales: casi ocho meses más tarde, las preguntas abundan por sobre las certezas en este expediente judicial. Y este no es más que el espejo de un sistema judicial lento, inoperante y alejado de las personas y por ende poco centrado en reparar el daño provocado a las víctimas o el dolor de sus familias. En noviembre pasado, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU concluyó que la Argentina no investiga ni previene eficazmente las muertes ilegítimas y alertó sobre el aspecto discriminatorio hacia las víctimas que suelen pertenecer a los sectores más vulnerables de la población.

Un caso emblemático en este sentido es el de Tehuel de la Torre, cuyo paradero sigue siendo un misterio desde marzo de 2021, cuando desapareció en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, cuando asistía a una entrevista laboral. Su nombre se transformó en un ícono de la discriminación estructural que viven las transmasculinidades para acceder al sistema laboral y la falta de políticas públicas de acceso a la justicia que cuenten con perspectiva de género y diversidad.

Tampoco se dio respuesta aún –si bien una condena está mucho más próxima- , a los sobrevivientes del joven Valentino Blas Correa, muerto a tiros en agosto de 2021 en la provincia de Córdoba. Trece agentes policiales son responsabilizados por su muerte y aguardan por una sentencia de la Justicia en el futuro inmediato.

Otras familias son menos “afortunadas”. El 5 de junio, Daiana Soledad Abregú fue hallada muerta en un calabozo policial en la ciudad de Laprida (provincia de Buenos Aires). Aunque los exámenes iniciales sugerían que la joven se había quitado la vida, una segunda autopsia descartó la hipótesis de suicidio. Los cinco policías (hombres y mujeres) acusados de homicidio agravado siguen en libertad.

Actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso para establecer un Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios. Sin embargo, los avatares legislativos parecen marchar a destiempo de las urgencias sociales si de regular al Estado se trata. Distinta es la velocidad que tomó una iniciativa del gobierno provincial de Jujuy para darle rango constitucional a la prohibición del bloqueo de carreteras y de la “usurpación del espacio público”. Su tratamiento se postergó para este año. La consecuencia, imposible de ignorar, será la criminalización de la protesta social.

¿Derechos adquiridos?

Tampoco se han subsanado, pese a ya acreditar dos años de vigencia, los obstáculos para acceder a los servicios de aborto despenalizados y legalizados en 2020 por ley durante las primeras 14 semanas de embarazo. Ni se registraron campañas informativas activas, de alcance nacional, ni se han podido eludir las trabas logísticas y profesionales que se imponen a las personas que desean acceder a este derecho en muchas provincias.

Acorde a datos oficiales, más de la cuarta parte de los reclamos por barreras en el acceso a IVE de personas con cobertura privada de salud terminaron resolviéndose en el sistema público. Así y todo, la calidad del acceso al aborto es deficiente en algunos centros de salud, y se han registrado situaciones de violencia y maltrato en el sistema sanitario en general. En un informe propio, Amnistía Internacional documentó que el principal obstáculo denunciado ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores fue la denegación de la práctica, hasta un 35% y un 54% de los reclamos respectivamente.

Aún peor, persisten los intentos de bloquear la legislación en la Justicia, al punto de accionar contra las y los profesionales que cumplen con la normativa. El caso de Miranda Ruiz, una médica de Tartagal (Salta), fue emblemático en este sentido aunque finalmente logró ser absuelta tras haber sido encausada por atender una solicitud de aborto legal en una provincia donde apenas se registran 26 profesionales capaces de garantizar la práctica que sufre de un evidente colapso.

Otro caso preocupante fue el de Ana, una mujer de 30 años que había sufrido un aborto espontáneo. Pasó ocho meses en prisión en la provincia de Corrientes acusada de homicidio agravado, antes de recuperar su libertad. Como ocurre con la violencia institucional, sus nombres son apenas unos pocos de todos los que trascienden. Y aún aquellos que se conocen representan apenas una fracción de los que ocurren y jamás trascienden.

Deudas ancestrales

En la democracia argentina los pueblos indígenas siguen hallando serias dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre la tierra, con apenas un 43% completo del relevamiento dispuesto por la Ley de Emergencia 26.160 sobre los territorios que habitan. Como consecuencia, se ven desalojados de sus territorios pese a la prohibición estipulada en esa misma ley y estigmatizados a través del discurso político.

Finalmente, en un contexto global y local de profundización de retóricas divisorias y deshumanizadoras, y narrativas tóxicas y hostiles, hoy más que nunca los derechos humanos de las personas deben estar en el centro de las prioridades del gobierno actual y futuro.

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina