Las contradicciones del Estado liberal

En las últimas semanas hemos sido sorprendidos por el desarrollo del conflicto en relación con la independencia de Cataluña. Entre la torpeza de Rajoy y la irresponsabilidad de Puigdemont, llegaron imágenes de desencuentros y amenazas poco comunes para Europa occidental. Más allá del problema catalán, el telón de fondo de este conflicto se sitúa en una contradicción más general del Estado liberal constitucional moderno, que tiene enormes dificultades para resolver planteos de autodeterminación.

El Estado como forma de organización del poder posee entre sus características esenciales el componente de territorialidad fija, elemento que rompió con las fronteras móviles y difusas de las unidades políticas del medioevo. Asimismo, unificó la autoridad en una sola fuente, lo cual también implicó una ruptura fundamental con las múltiples obligaciones ensambladas del feudalismo. Así, Luis XIV pudo dictaminar que el Estado era él: ya no había lugar para dudas. Había una sola autoridad soberana.

A través de esta progresiva centralización coercitiva de la autoridad se llega a la definición de Max Weber, que entendía que el Estado moderno era el monopolio de la violencia legítima en un territorio limitado. A este componente coercitivo el Estado liberal sumó un ingrediente fundamental, que permitiría más tarde legitimar la forma democrática de gobierno: la suposición de que el Estado era la construcción deliberada de individuos racionales, que deciden "crearlo" a través de un contrato social. Así, de Thomas Hobbes en adelante el liberalismo imagina el Estado como producto de las voluntades individuales de sus miembros. Aun cuando ese contrato social nunca tuvo realmente lugar, la democracia se basa en la suposición de que los individuos soberanos creamos el Estado y, por ende, este último está para satisfacer nuestras necesidades, y no al revés.

Pero los Estados modernos no saben resolver la contradicción entre soberanía territorial y libertad. Aquéllos protegen mucho más el componente de la territorialidad y soberanía unificada que el componente supuestamente voluntario del Estado. Con las excepciones de Canadá y el Reino Unido, ningún país reconoce la posibilidad de escisiones voluntarias. ¿Cómo puede un Estado democrático negar el derecho a la autodeterminación? Si el Estado es una sujeción voluntaria, ¿cómo es posible negar la posibilidad de terminar la vigencia de ese contrato? A fin de cuentas, como en todo Estado, la idea de la "cataluñidad" no es menos artificial que la de "hispanidad" (o "argentinidad", claro está).

La Unión Europea es ejemplar en lo que los Estados liberales deberían poder permitir luego de una negociación pacífica, mediante procedimientos transparentes y democráticos acordados entre las partes, otorgarle a la población el derecho a tener la última palabra acerca de formar o no parte de una unión. En el caso catalán las condiciones estuvieron lejos de este ideal. El referéndum se realizó sin garantía procedimental, sin padrones acordados y con una bajísima participación. Se pareció mucho más a una estudiantina que a un mecanismo legitimado de consulta ciudadana.

La idea de autonomía, tan presente en la reflexión liberal, supone que uno es responsable de las decisiones que toma. Equivocarse es una de las posibilidades. Sobre esto los británicos en breve darán fe. Pero negar esa posibilidad es negar los fundamentos del liberalismo sobre los que los Estados democráticos actuales se fundan.

Doctor en Ciencias Política; profesor de la Unsam y UTDT

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