La violencia de Santa Fe puede expandirse al país

“Ahora la paz y el orden” fue la promesa de campaña que le permitió a Omar Perotti convertirse en gobernador de Santa Fe. Hace unos días se cumplieron tres años del primer afiche que apareció en la calle con ese eslogan. El aniversario llegó con un dato trágico: abril fue el mes con más homicidios (36) en la última década en el departamento Rosario. En lo que va del año ya se registraron 115 asesinatos, cuando en 2019 para la misma época habían ocurrido 56. Un escenario que en ese entonces nos inquietaba y obligaba a redoblar esfuerzos en prevención e investigación criminal. Además, se registró un aumento de todos los indicadores de violencia y delito. Hoy los ciudadanos tienen tres veces más probabilidades de sufrir un robo en sus casas y cuatro veces más de ser víctimas de un arrebato en la calle.

¿Cómo se explica este crecimiento exponencial? ¿Qué pasó para que cambie la tendencia decreciente que se había iniciado en 2015? No hay una única causa sino una multiplicidad de responsabilidades que llevaron a esta situación de extrema gravedad.

Un factor determinante es el Servicio Penitenciario. A partir de diciembre de 2015 el Estado provincial enfrentó a las organizaciones dedicadas al narcomenudeo. Fueron detenidos: “Los Monos”, Alvarado, Funes, Ungaro, Baigoría, “Zurdo” Villaroel, “Los Gorditos”, entre otros. Lo que tenía que hacer el gobierno de Perotti era custodiarlos para impedir que cometan delitos dentro de las cárceles. El primer error fue retirar al Servicio Penitenciario de la órbita del Ministerio de Seguridad y pasarlo al de Gobierno y Justicia. Dos años más tarde lo devolvieron, y en el medio cambiaron cinco veces de director. Hoy los pabellones los manejan los jefes de las bandas. La administración de las cárceles está directamente vinculada con la seguridad pública.

Asimismo, en los últimos 30 meses no se desarticuló ninguna organización. Hoy no hay investigación criminal compleja como tampoco investigaciones importantes en la Justicia provincial ni federal. La semana pasada se realizó en Rosario un encuentro de la Justicia Federal, denominado “El juzgamiento del narcotráfico”, en el que también participó la Corte Suprema. Hay datos significativos que tendrían que haber discutido, como por ejemplo, la necesidad de más juzgados federales en Santa Fe, la gran cantidad de vacantes por cubrir y que la primera condena que tuvieron los narcos más pesados haya sido por delitos provinciales.

Por otra parte, Perotti no logró conducir a la Policía provincial, a tal punto que le devolvió el autogobierno. La falta de control político significó un retroceso en todas las áreas posibles. En Rosario, entre 2015-19, había en promedio 180 patrulleros circulando las 24 horas y hoy no llegan a 40. Los vehículos sin mantenimiento se acumulan frente a las comisarías, los efectivos otra vez hacen malabares para comprar los uniformes y dudan antes de actuar porque saben que el gobierno no los va a respaldar en su accionar cuidando a los ciudadanos. El jefe de policía de Rosario ya fue reemplazado nueve veces.

El gobernador asumió sin un plan. Subestimó la complejidad del fenómeno de la inseguridad y la violencia asociado al microtráfico. La improvisación se vio reflejada en la falta de equipos técnicos. Esto lo llevó a cometer el error de designar a Marcelo Saín como ministro. Durante más de un año sostuvo a un funcionario que humillaba y maltrataba a la Policía, a los santafesinos y le faltaba el respeto a la investidura del gobernador. Hace poco Saín fue imputado por irregularidades en la compra de armas y está siendo investigado por presunto “espionaje ilegal”. Tras su fracaso, Aníbal Fernández lo premió con el cargo de “asesor de criminalidad”.

Santa Fe también es un problema federal. Es una tragedia para la Argentina que Aníbal Fernández sea ministro de Seguridad. Nuestra provincia está abandonada a su suerte. No hay un plan, tampoco un comando operativo conjunto y los pocos agentes de fuerzas federales están destinados al control de documentación de vehículos en zonas céntricas. Todo esto ocurre mientras la Gendarmería se encuentra en el conurbano y no controlando las fronteras. El país es un colador vía terrestre, aérea y fluvial. Y parecería que la Policía Federal tampoco está realizando inteligencia para desbaratar bandas.

La perspectiva que habilita el paso del tiempo y la crítica situación nos invita a reflexionar sobre los efectos devastadores de la demagogia seguida de improvisación por parte de todos los que tienen responsabilidad de combatir el narcotráfico, la inseguridad y la violencia. Desde Juntos por el Cambio venimos advirtiendo que hay riesgo de que esta situación se expanda al resto del país.

Exministro de Seguridad de Santa Fe, presidente del bloque UCR - Cámara de Diputados de Santa Fe