La víctima, actor imprescindible en el proceso penal

No es una novedad que quien sufrió un hecho delictivo en forma directa o indirecta es un actor imprescindible en el proceso penal, cuyo rol debe ser obviamente respetado. Enhorabuena, en 2017 se sancionó la ley nacional 27.372, también conocida como “ley de derechos garantías y de las personas víctimas de delito”, y a partir de allí se fue generando un derrotero de legislaciones provinciales que gestaron sus propias normativas al respecto, como es el caso de la ley 15.232 bonaerense, o bien se adhirieron a la nacional “madre” con leves modificaciones.

Gran parte del trabajo que se ha realizado en esta línea no habría sido posible sin la participación de la sociedad civil. En este sentido, fue determinante la injerencia que Usina de Justicia, Asociación Civil por los Derechos de las Víctimas de Homicidio y Femicidio, tuvo a tales fines, debido a que desde hace más de una década viene trabajando en pos del reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas.

Como parte de este nuevo cambio de época, Usina de Justicia fue convocada a una reunión por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por el doctor Mariano Cúneo Libarona. La Asociación, presidida por la doctora Diana Cohen Agrest, presentó una serie de propuestas a los fines de que sean analizadas por esta nueva administración. Es menester subrayar que la inmensa mayoría de las sugerencias han sido trabajadas y sostenidas durante años por Usina de Justicia cuando en el país reinaba una concepción de la justicia a favor únicamente del victimario, y el Poder Judicial usaba todos sus resortes, su poder y su energía para favorecer al delincuente, mientras que dejaba en el ostracismo absoluto a las víctimas y a sus familiares.

Puntualmente, se propuso al ministro el establecimiento de los juicios por jurados solo para los casos de homicidios agravados, en función del cuantioso gasto que cada juicio desarrollado bajo esta modalidad conlleva para el Estado y por el tiempo que insume la realización de los mismos que, naturalmente, conspira contra un servicio de justicia ágil. También se planteó la necesidad de que la víctima, constituida formalmente como tal en el proceso, pueda recurrir el veredicto absolutorio (o de no culpabilidad) emitido por un jurado popular, dado que en la actualidad se encuentra imposibilitada y esa prohibición concierne una transgresión del sacrosanto derecho a la tutela judicial efectiva, que conlleva el derecho al acceso a la doble instancia, del principio constitucional de igualdad y del principio procesal del igualdad de armas.

A su vez, Usina de Justicia planteó la necesidad de incorporar la reiterancia a la legislación penal vigente para aquellos delincuentes que cometen ilícitos una y otra vez pero no han cumplido previamente pena de prisión, quienes no son considerados reincidentes y terminan siendo juzgados con penalidades irrisorias pese a su prontuario delictivo. Por otro lado, la Asociación sugirió la necesidad de que se redacte en forma clara y se modifique la escala penal de los delitos cometidos en grado de tentativa, pues en la actualidad la redacción de la ley de fondo ha suscitado toda clase de interpretaciones por parte de los magistrados y ello ha generado la imposición de penalidades a piacere y, en la mayoría de los casos, insignificantes.

Fue también planteado un aumento de las penas mínimas previstas para todos los delitos contra la propiedad, haciéndose una especial diferenciación si el ilícito se cometió con fuerza en las cosas o si medió violencia en las personas, y se propuso la incorporación al Código Penal de un inciso en el que se tutele especialmente a los menores de edad, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad que, en muchas ocasiones, son especialmente buscadas por los delincuentes para robarles en razón de su peculiar situación de vulnerabilidad.

En esa línea, se propuso la necesidad de incorporar una figura dentro de los homicidios agravados que contemple la pena de prisión perpetua para quien matare a un menor de edad, a una persona mayor adulta, a una mujer embarazada o a una persona con discapacidad. Y teniéndose en consideración a estas mismas víctimas, se sugirió, además, que el maltrato sea considerado un delito expresamente regulado en el Código Penal, en vistas de que, en varias circunstancias, el maltrato constituye la antesala de hechos delictivos de mayor envergadura, tal como sucedió en el aberrante caso “Lucio Dupuy”.

A la luz de lo legislado en la actualidad en países como Costa Rica, Venezuela, Honduras, México, Ecuador, El Salvador y Países Bajos, Usina de Justicia propuso bajar la edad de imputabilidad a doce años.

No quedaron al margen de las propuestas una serie de consideraciones relativas a la implementación de la ley de víctimas nacional. Se propició concretamente la designación de los quince Defensores Públicos de Víctimas que faltan respecto de los veinticuatro que prevé la ley, la realización de auditorías de tales organismos, la necesidad de readecuación de todas las legislaciones procesales provinciales a la ley nacional madre, la elaboración de registros estadísticos transparentes, la posibilidad de que la víctima pueda tener acceso al expediente digital aun cuando no cuente con una representación letrada, la promoción de una representación letrada gratuita para la víctima en todas las legislaciones provinciales, entre otras. Se hizo hincapié también en la estricta observancia de la garantía del plazo razonable en la Justicia, es decir, que los actos procesales y las resoluciones judiciales sean dictados cumpliéndose los tiempos legalmente previstos.

Finalmente, Usina de Justicia promovió la implementación en el ámbito ministerial y en todos los organismos en los que se estime conveniente de un curso de capacitación denominado “Las leyes de víctimas en el marco de la victimología”, que se encuentra disponible en el campus virtual de la asociación (www.usinadejusticia.org.ar). A través de la realización de dicho curso, se aspira a que el cursante adquiera los conocimientos básicos de los nuevos paradigmas en materia victimológica.

Por fortuna, las sugerencias realizadas por la asociación fueron recibidas de muy buen agrado por parte del ministro, quien aseguró que la mayoría de las propuestas acercadas ya forman parte de su agenda y evidenció una gran disposición al diálogo y al trabajo en pos de los derechos y garantías de las víctimas. La misma buena voluntad demostrada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien recientemente también recibió otro paquete de propuestas, distintas de las desarrolladas aquí, por parte de Usina de Justicia.

Es de esperarse que las auspiciosas reuniones con los ministros se plasmen en acciones concretas. Usina de Justicia siempre estará atenta a la consecución de una justicia con centro en la víctima.

Abogada, especialista en derecho penal, miembro de Usina de Justicia