La última palabra ya no la tiene el Presidente, sino Cristina Kirchner
La vicepresidenta de la Nación goza de prerrogativas que debería reservarse el primer mandatario y su rol activo sigue provocando incertidumbre entre los decisores económicos
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LA NACIONFernando Laborda
Con la afirmación de Alberto Fernández de que el conflicto entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el cristinismo por la Subsecretaría de Energía Eléctrica es “un tema terminado”, el Presidente confirmó a propios y extraños que quien tiene la última palabra en su gobierno no es otra que la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Es grande el riesgo de que se repitan minicrisis gubernamentales como la originada a partir de la política tarifaria y de la frustrada salida del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, cuestionado por Guzmán y defendido por el cristinismo. Ya hubo otro gran antecedente, que desencadenó la renuncia de la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, una de las funcionarias de mayor confianza del Presidente. Y, según entienden observadores del propio oficialismo, podría haber más episodios parecidos en el futuro por la propia lógica interna de la coalición gobernante.
Se trata de los problemas derivados de toda coalición cuyos líderes se unen para ganar una elección, pero que, a la hora de llegar al poder y tener que gobernar, demuestran que se olvidaron de definir con suficiente claridad los alcances y límites de su acuerdo.
Algo así ocurrió con la Alianza UCR-Frepaso, a poco de andar camino tras el triunfo electoral de Fernando de la Rúa en las elecciones presidenciales de 1999. Pocos meses después, se produjo la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez a la vicepresidencia de la Nación y la coalición quedó herida de muerte.
Alberto Fernández tiene claro que al Frente de Todos no debe pasarle lo mismo. Su principal objetivo político es mantener unida a la entente gobernante. Y cree que ese propósito es inescindible de la contención de Cristina Kirchner, a quien reconoce como la socia con la mayoría accionaria dentro de la sociedad oficialista.
El problema central de la estructura de poder es que esta se sustentó desde un principio en una suerte de parcelamiento de la administración gubernamental. Este loteo de los espacios de poder deriva con frecuencia en incongruencias y en no pocos recelos internos, al margen de las diferencias estratégicas de unos y otros.
También el loteo dentro del Gobierno provoca otros dilemas vinculados con conflictos de poder. Uno de ellos es qué hacer con los supuestos funcionarios que –en términos de la vicepresidenta– “no funcionan” a juicio de algunos líderes de la coalición, al tiempo que esos mismos funcionarios son defendidos por otro de sus líderes. Podría suponerse que, en este contexto, debería ser Alberto Fernández quien, como máxima autoridad del país, tenga el monopolio de la última palabra. Sin embargo, por lo visto últimamente, quien goza de esa prerrogativa es Cristina Kirchner.
Lo que preocupa a los decisores económicos y también a los acreedores de la Argentina es que la vicepresidenta no solo se está imponiendo en las discusiones internas acerca de si determinados funcionarios deben irse o quedarse, sino también en cuestiones más profundas como la política tarifaria, que define en última instancia el nivel de subsidios del Estado y el tamaño del déficit fiscal. Esto es, de un tema central para determinar la capacidad de pago de sus deudas por parte del país.
Para muestra basta un botón. A muy poco tiempo del inicio de la gira que el Presidente lleva a cabo en estas horas por Europa para conseguir apoyos políticos con miras a la renegociación de la deuda con el Club de París y el FMI, Cristina Kirchner le escupió el asado. Concretamente, porque los integrantes del bloque de senadores nacionales que le responden firmaron un proyecto de declaración propiciatorio de que los recursos que el Fondo Monetario le envíe a la Argentina este año en derechos especiales de giro equivalentes a unos 4300 millones de dólares no sean empleados para saldar con aquellos organismos las deudas que vencen próximamente, sino que sean usados para los gastos sanitarios por la nueva ola de Covid-19.
Si la expresidenta de la Nación seguirá siendo, en adelante, quien tenga la última palabra dentro de la coalición gobernante en materia de política económica, tanto el gobierno de Alberto Fernández como la Argentina estarán en serios problemas.
Por Fernando Laborda
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