La tradición de vincular la acción social con patotas
La desaparición de Cecilia Strzyzowski: ¿cómo tratar el episodio si no desde lo político, cuando los sospechosos son una fuerza paraestatal, organizada con el amparo de la política y para beneficio de la política?
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El 8 de febrero de 1974 el general Perón convocó a una conferencia de prensa en la quinta de Olivos. La periodista Ana Guzzetti le preguntó si pensaban tomar alguna medida para detener los atropellos cometidos por grupos parapoliciales. Perón se enfureció y la amenazó: “¿Usted se hace responsable de lo que dice? Eso de parapoliciales lo va a tener que probar”. Luego, dirigiéndose a un asistente, pidió que le tomaran los datos y que de inmediato se iniciara una causa “contra la señorita”. No dijo “la periodista”, dijo “la señorita”, para miniaturizarla. Lo que estaba denunciando Guzzetti era la Triple A. Hoy ya no es necesario probar su existencia, cualquiera sabe que era un grupo terrorista paraestatal que funcionaba en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular, José López Rega, estaba sentado en ese acto a pocos metros de Perón, con una sonrisa socarrona.
Emerenciano Sena se ancla en esa tradición: vincular la acción social con patotas o grupos de tareas. Su organización es una estructura paraestatal vinculada al Estado provincial chaqueño, que la nutre económicamente y la usa como fuerza de choque. Los barrios, colegios y salas de primeros auxilios que erigían con fondos públicos estos falsos filántropos se llaman indefectiblemente Emerenciano. La impudicia de un culto a la personalidad descarado que no es casualidad: la provincia del Chaco, entre 1951 y 1955, se llamó Perón. Católico ferviente a pesar de su marxismo de bazar minorista, Sena visitó al papa Francisco.
Lo último que deberíamos hacer con la desaparición de Cecilia Strzyzowski es etiquetarla como un caso policial o un mero asterisco. Muchos sostienen que no hay que politizar el caso. ¿Cómo tratar el episodio si no desde lo político cuando los sospechosos del truculento asesinato son una fuerza paraestatal, organizada con el amparo de la política y para beneficio de la política? ¿Cómo tratarlo cuando los implicados integraban las listas del partido peronista en las elecciones? ¿Cómo tratarlo cuando desde el minuto cero comenzó el poder político a operar sobre la Justicia provincial para manipular la causa judicial y una funcionaria pidió a la familia “que bajara los decibeles”? Este crimen no es sino la erupción natural que emana de estas estructuras mafiosas, su fatal desenlace. ¿Qué esperaban? ¿Darle un ministerio a un mayordomo espiritista y que se manejara como un experto en derechos humanos? ¿Darle una empresa de construcciones sociales a un parricida y que se desempeñara como un ducho empresario? ¿Darle poder y dinero a un piquetero adiestrado en la extorsión y que no terminara en un gigantesco desastre?
Si hay tres materias pendientes en la Argentina son la economía, la seguridad y la educación. El fenómeno Emerenciano condensa todos los males, atravesando las tres esferas. En un país es razonable que haya visiones antagónicas, por el mero hecho de que la gente es diversa. Si uno piensa en Estados Unidos, podríamos decir, simplificando y a grandes rasgos, que los demócratas quieren impuestos más altos y una mayor distribución de la riqueza mientras que los republicanos piensan que la suba de impuestos arruina la economía. Más aún, en esa misma línea y extremando el ejemplo, uno hasta podría pensar en distintos estilos de vida: mientras los demócratas anhelan la sofisticación, la cata de buenos vinos, las notas de opinión en The New York Times y las convicciones filosóficas, los republicanos se inclinan por una autenticidad básica, los vasos enormes de cerveza, las emisiones deportivas y los sentimientos religiosos (eventualmente evangélicos). Sin embargo, hay un diálogo posible entre esos dos mundos rivales. En cambio, entre nosotros, el antagonismo es tan tajante que no hay interacción posible: de un lado están los que quieren una democracia liberal, con empresarios emprendedores que arriesguen su capital bajo condiciones de seguridad jurídica y estabilidad económica; del otro, las fuerzas mal llamadas “populares”, que se vuelcan por una sociedad corporativa y cerrada, en la cual hay un Estado que maquina negocios con amigos o testaferros. Los nombres mutan; el modelo, no: Lázaro Báez, Milagro Sala, los Sueños Compartidos de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, Luis D’Elía o Emerenciano Sena. A su vez, estos falsos benefactores, siempre embanderados en la ficticia defensa de los pobres, suelen proveer al poder su fuerza de choque para dominar la calle, con matones y cadeneros o con simples mujeres equipadas de niños indefensos.
Hay una variante suave de este esperpento, que consiste en cooptar empresarios y sindicalistas y convertirlos en lobistas del poder: medicamentos, vacunas, cloro o canales de televisión pueden ser los teatros operacionales de estos negocios. Ya sea en la variante más extrema, mediante el uso de marginales e improvisados, o en la suave, este es el modelo del populismo: el corporativismo. En el caso de los Estados provinciales, el esquema patrimonialista, que se complementa con un abundante reparto de empleo público y clientelismo electoral, es prohijado y lubricado por una coparticipación federal distorsionada que alimenta a regiones improductivas y desangra al sector privado. Así, una vez instalados en el poder, estos gobiernos alcanzan una hegemonía pétrea. Van acumulando negocios, consiguen nombrar jueces y fiscales hasta dominar la Justicia y, por fin, reforman las constituciones para perpetuarse. Quienes pertenecen a esas oligarquías lúmpenes se sienten tan impunes que, ante cualquiera que ose desafiarlos, no vacilan en actuar violentamente, llegando incluso al asesinato. Por eso sostenemos que estos crímenes, al ser aberrantes y estar entretejidos con aparatos estatales que apañan a sus autores, deben ser considerados de lesa humanidad.
En cuanto a la seguridad, el delito tolerado está en la base del poder de estos siniestros personajes. El clan Sena vio en el déficit habitacional del Chaco un veta aprovechable. Buscaban terrenos fiscales en el Gran Resistencia, los usurpaban y luego negociaban la entrega con Capitanich. “Toma de tierras” es el eufemismo que usan para esconder lo real: delito. Los “grandes emprendimientos urbanísticos” de Sena se hacían sin inversión genuina, con terrenos que la provincia lograba que la Nación le cediera y con fondos que provenían de la coparticipación federal. También este gang criminal se apropió de terrenos privados, que la provincia expropió y luego le cedió graciosamente, donde instaló la tristemente célebre chanchería que, según todos los indicios, fue usada como osario clandestino. Como en una aporía eleática, lo que empieza con el delito termina con el delito: el encumbramiento de estos oscuros heresiarcas de arrabal termina haciendo que se sientan impunes y cometan todo tipo de tropelías. El crimen en esta peripecia no es una eventualidad ni una anomalía, sino que está inscripto en su identidad.
La educación pública es la forma de equiparar en el origen a los niños más vulnerables. La igualación en los resultados es un desincentivo para quienes trabajan, pero el igualitarismo en el origen es no solo un necesario acto de justicia sino la única forma de garantizar la movilidad social ascendente. Que Emerenciano Sena haya organizado una escuela con fondos públicos, poniéndole su nombre, adquiriendo un dudoso título de profesor y adoctrinando a los niños en las creencias chavistas y guevaristas es un acto canallesco. Pero la lupa de la responsabilidad, más que en el clan Sena, que es una herramienta, debe ponerse en los gobiernos provinciales, que usan a estos personajes para lucrar, amedrentar opositores o dominar la calle, y en el gobierno nacional, que gira fondos por amistad política o bien para asegurarse los votos en el Senado. Un modelo de mafias subordinadas que nos hunde en la decadencia: para erradicarlo no basta una elección, es necesario un profundo cambio cultural.