La sociedad debe exigir una mejor educación

La sociedad es consciente de que un país sólo se puede poner de pie si se persigue una visión de largo plazo, basada en un plan estratégico de desarrollo integral. En general, nadie se opone a este axioma. Me pregunto cómo es que, ante la aceptación generalizada de esta concepción, sigan pasando las décadas en la Argentina sin que este recorrido siquiera comience.

Varias de las respuestas son evidentes: la tendencia natural de buscar el interés personal, la necesidad de resolver problemas inmediatos empezando por los económicos, los objetivos de corto plazo de la política y la complejidad misma de semejante emprendimiento. A este panorama agrego una dimensión más, a mi entender la mayor barrera que nos detiene, que es la falta de confianza en nosotros mismos de poder apropiarnos de un proyecto común de nación y trabajar de manera eficiente y colaborativa en función de su logro. Ese proyecto debería enmarcarse en la visión de una nación con reglas claras, expectativas elevadas y mecanismos que garanticen el desarrollo de lo que más importa, el talento humano de todos y cada uno de sus habitantes.

Una verdadera reforma educativa debe basarse en los diagnósticos: la Argentina hoy tiene un sistema de educación del que sólo egresa el 40% de los chicos que ingresaron de pequeños, y dentro de estos afortunados que egresan, más de la mitad demuestra deficiencias básicas de comprensión lectora y razonamiento matemático. Aun entre nuestros mejores graduados, una gran proporción no egresa de la escuela preparada para pensar críticamente, solucionar problemas aplicando conocimiento previo a situaciones nuevas, o siendo creativos en su pensamiento, que es lo que la nueva sociedad del conocimiento, sumamente competitiva, demanda.

Una reforma educativa requiere también focalizarse en las variables esenciales: garantizar la nutrición y los estímulos afectivos y cognitivos durante la primera infancia; centrar el sistema escolar formal en un marco de altas expectativas para todos los chicos, independientemente de su origen socioeconómico; atraer y formar el mejor talento para la docencia; garantizar los mecanismos que igualen oportunidades a cada ciudadano dentro del sistema escolar.

Ninguna reforma estructural vendrá sin que la sociedad civil cumpla su rol primordial: exigir al Estado un plan de acción como mínimo a 10 años, y la búsqueda demostrada de políticas de largo plazo que lleven gradualmente al sistema al lugar que corresponde. Esta exigencia puede coexistir con el acompañamiento de la sociedad a un plan de gobierno de corto plazo si éste demuestra ser la fase inicial de un proyecto con horizonte lejano y cierto.

La sociedad civil debe encarar acciones concretas, sistemáticas e independientes del gobierno, para monitorear los avances del sistema educativo. Además, debe exigir al gobierno políticas que puedan conciliar lo coyuntural con lo estructural. Sin un reclamo explícito y articulado, nunca existirán suficientes incentivos para enfrentar los enormes costos políticos que una reforma genuina conlleva de modo inherente.

Se nos presenta una nueva oportunidad, ya que hay un gobierno que está demostrando una fuerte apertura al diálogo y a la colaboración con distintos sectores de la sociedad civil. Asimismo, se busca formalizar un acuerdo intersectorial y nacional por la educación. Brindo por este gesto y, sobre todo, porque se está poniendo a la educación en el centro de la agenda del país, especialmente teniendo en cuenta que esta decisión proviene de las más altas esferas políticas, la presidencia misma.

Como sociedad debemos adherir a este enorme simbolismo, pero luego debemos desempeñar nuestro rol más difícil, el de velar por el cumplimiento del acuerdo, y exigir el inicio del recorrido hacia una visión de país que nos demuestre a los argentinos que somos capaces de ofrecer a nuestros hijos y nietos una nación como la que soñaron nuestros próceres desde su génesis.

Directora ejecutiva de Proyecto Educar 2050

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