La salud necesita urgentes definiciones del Gobierno

La salud es en la actualidad un tema de “necesidad y urgencia”, como fue acertadamente definido en un artículo de Rubén Torres y Natalia Jorgensen. En esa misma línea un reciente editorial de La Nación expresaba: “Suenan sirenas en el área de salud”. A pesar de este contexto dramático, los artículos del DNU 70/2023 no abordaron el núcleo del problema. Solo se enfocaron en un subsistema que atiende al 13% de la población (medicina prepaga) desregulando sus cuotas. En un gobierno que tiene vocación de ser “refundacional” (y está en todo su derecho por el respaldo recibido en las urnas), se perdió esa gran primera oportunidad de definir el rumbo en cuanto a su política de salud.

Es imprescindible que las autoridades incluyan este tema dentro de sus prioridades, y lo que la lógica indica es que, para abordarlo en forma sistémica, sería esencial convocar a una ronda de consultas con todas las partes involucradas (profesionales del equipo de salud, directivos de instituciones prestadoras privadas, directivos del ámbito académico y científico, directivos de las entidades de la seguridad social –obras sociales–, directivos de las instituciones públicas de salud, directivos de las instituciones formadoras del recurso humano –universidades– y entidades que nuclean a médicos sanitaristas y a economistas de la salud).

Es vital en temas técnicos consultar a los expertos y a quienes tienen una invalorable experiencia “de campo”. Hay que superar el eterno error de intentar resolver temas técnicos con una mirada exclusivamente política acorde con el color ideológico de la administración circunstancial.

Todos los expertos en temas de salud, ante esta falta de definiciones, se hacen varias preguntas básicas: ¿qué rol le asigna el Gobierno al Estado en el sistema de salud ? ¿Cuál será la columna vertebral de un hipotético nuevo sistema de salud? ¿Estará basado en un sistema de salud pública de calidad ? ¿Existirá un nuevo subsistema constituido por la confluencia de obras sociales sustentables y empresas de medicina prepaga compitiendo entre sí? ¿El sistema de salud será estructurado fundamentalmente con el subsistema privado dejando un subsistema estatal marginal? ¿Cómo se compensarán las inequidades que genera nuestra organización federal teniendo en cuenta las asimetrías entre las provincias?

Estas preguntas están íntimamente conectadas con la concepción que tenga el Gobierno respecto de la salud. ¿Es un bien transable pasible de ser manejado con las reglas del mercado o es un tema que deber ser manejado en el marco de un sistema basado en la solidaridad? Todos los expertos están de acuerdo en que, sea cual fuere el abordaje del tema salud, las dos objetivos básicos son la equidad y la eficiencia. El Gobierno tiene todo su derecho a elegir el camino. Pero lo que las circunstancias exigen es que este tema se defina y explicite urgentemente. “No hay viento favorable para el que no sabe adónde va” (Séneca).

La base debería ser un sistema público de calidad que garantice el cumplimiento del espíritu y la letra de la Constitución nacional al poner en cabeza del Estado garantizar el cuidado de la salud de toda la población. El concepto es que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El destino de un paciente no puede estar condicionado por su área geográfica de residencia, su tipo de cobertura y/o su capacidad de pago. Actualmente el sistema público de salud, abrumado por la demanda y la falta de recursos humanos y de estructura, no está dando –salvo excepciones– una respuesta satisfactoria en términos de equidad y eficiencia, a pesar del heroísmo de muchos profesionales del equipo de salud.

Este sistema podría ampliar su base de sustentación con instituciones prestadoras más allá de las instituciones públicas. Una articulación público-privada sería una opción razonable si los pacientes pudieran acceder a un espectro ampliado al estar amparados por un seguro público con un nomenclador razonable que permita el uso de la capacidad instalada de instituciones prestadoras privadas. El subsistema de la seguridad social es muy heterogéneo en sus algo más de 300 obras sociales. Algunas dan un muy buen servicio a sus afiliados, pero un porcentaje importante no son viables por distintas razones.

Nada se ha informado hasta ahora respecto del abordaje que harán las autoridades en relación con el PAMI. ¿Seguirá igual? ¿Se descentralizará en las diferentes jurisdicciones provinciales ? ¿Habrá libre elección del prestador, tanto en atención ambulatoria como en internación? ¿Podrán los jubilados continuar en su obra social si así lo desean ? ¿Sería posible la permanencia de los jubilados en su prepaga mediante algún aporte del Estado cuando el monto de la jubilación torne imposible la continuidad en un sistema al cual se aportó durante muchos años y con lo que implica interrumpir el vínculo con sus médicos de confianza en una edad de gran vulnerabilidad?

Hay dos aspectos centrales en el análisis de cualquier sistema de salud: cuál es su fuente de financiación y cuál es su estrategia de gestión. No alcanza con asegurar un presupuesto suficiente sino que, además, tan importante como eso es lograr un adecuado modelo de gestión. En esa línea el académico doctor Jorge Neira ha destacado la importancia de mejorar la calidad de las bases de datos del área salud, expresando que “sin datos confiables no hay gestión y sin gestión no hay calidad”. Es fundamental tener clara la estructura de costos, tema muchas veces ocultado. Todo el ecosistema de salud debe reconocer la importancia de “medir y evaluar la calidad de sus resultados y rendir cuentas de la inversión en recursos” (Amanda Rubilar). La transparencia es un “insumo” muy importante.

Un sistema de salud centrado en lo público no implica negar la importancia del sistema privado. La única diferencia es que si el sistema público es “competitivo” en el sentido de dar una respuesta equitativa y eficiente, la opción por un seguro privado de salud quedaría como una opción regida por un contrato entre privados, y no como una alternativa desesperada para “no caer” en el sistema público.

El “plan maestro” debería ser no modificar lo que funciona bien, corregir lo que no funciona y articular recursos para aprovechar la capacidad instalada disponible optimizando su eficiencia. Nuestro país –y más en las actuales circunstancias– es un escenario para poner el foco en lo posible (aunque no sea lo ideal).

Es prioritario reparar urgentemente la deuda económica y moral pendiente con los profesionales del equipo de salud. Sería ideal lograr que el trabajo full time en las instituciones públicas de salud fuera una opción atractiva para los profesionales del equipo de salud. Esa modalidad laboral es un pilar fundamental para un funcionamiento eficiente de esas instituciones. Debería ser un objetivo deseable para nuestras futuras generaciones de médicos y no una “estación” de paso más dentro de agotadoras jornadas de pluriempleo. La financiación de la capacitación, como lo destaca Carlos Vasallo, es otro eje fundamental.

Ante tantas necesidades y urgencias en materia de salud, hacen falta definiciones del Gobierno para que el barco encuentre vientos favorables para llegar a un puerto acogedor, tanto para los pacientes como para los profesionales del equipo de salud.

Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA; doctor en Medicina (UBA)

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