La revolución del gobierno abierto
Siglo XX. Solicitudes de acceso a la información pública: escritos presentados por activistas en papel en la mesa de entradas de una oficina estatal, recibidos con cara de pocos amigos. Salvo excepciones, las contestaciones son pocas, incompletas, imprecisas, tardías y, obviamente, en papel.
Siglo XXI. La información está disponible para el público, online y en formato de datos abiertos. A través de Google Maps puede encontrarse cuáles son los barrios (y las cuadras) más peligrosas de la ciudad según las denuncias formuladas. Un portal estatal señala cuáles son las mejores escuelas públicas en un radio de cinco kilómetros. La página del Ministerio de Salud muestra de manera simple y comparativa los índices de cesáreas y partos de hospitales públicos y privados. Los sueldos de los funcionarios, la publicidad oficial, todo tipo de subsidio y las contrataciones que realiza el Estado son públicas y se cuelgan en sitios web.
Poco y nada de esto ocurre en la Argentina, hoy. En materia de acceso a la información pública, nuestro país se encuentra todavía en el siglo XX, y como sostiene Ezequiel Santagada, uno de los principales expertos de la región en el tema, basado en el modelo decimonónico del papel como soporte: todo con copia, cargo y recibido. Durante los últimos 12 años tuvimos un gobierno opaco que tomó decisiones sin dar razones, falseó las estadísticas y escondió los resultados inconvenientes de sus propias mediciones. Consideró, en definitiva, que la información era, por principio, secreto de Estado. En esta materia, más que un cambio necesitamos una revolución que nos haga saltar de 1990 a 2016 y nos proyecte hacia el futuro.
La chispa que puede encender esa revolución es el cruce de la agenda de datos abiertos con la de acceso a la información pública. Ésa fue una de las conclusiones de un reciente encuentro de expertos latinoamericanos sobre acceso a la información pública organizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo, de Uruguay).
La decisión del gobierno de avanzar en una agenda de gobierno abierto es, por esto, bienvenida, pues era necesaria y debe ser acompañada por la pronta sanción de una ley de acceso a la información pública. Los frutos que se obtendrán del cruce de estas agendas se verán sobre todo en tres ámbitos interrelacionados: libertad de expresión, lucha contra la corrupción y mejora en el disfrute de los derechos básicos.
Si algo abundó en la Argentina durante los años K fue la discusión sobre la libertad de expresión; discusión que se dio con el pretexto de las distintas facetas en las que esta libertad se manifiesta. Periodismo militante versus periodismo independiente, el rol de los medios de comunicación o los criterios del Estado en la distribución de la pauta oficial fueron algunas de las cuestiones que parieron debates todavía inconclusos. Sin embargo, fuera del decreto 1172/03, poco se avanzó en uno de los aspectos centrales de la libertad de expresión: tal como sostenía Alexander Meiklejohn, el fin principal de este derecho es la consecución de una sociedad plenamente informada, libre y capaz de facilitar el autogobierno. En 2016 esto requiere del Estado poner la máxima información posible al alcance de la mano de quien quiera tomarla, en tiempo y forma y de manera simple. Gobierno abierto implica que en buena medida no hará falta solicitar la información porque estará disponible a solo un clic de distancia. La libertad de expresión se vigoriza pues en el debate libre de ideas las posturas se basan en datos confiables, que permiten avanzar y evitan, a la vez, que las discusiones públicas se empantanen en alegatos de café.
La lucha contra la corrupción también se fortalece, pues el gobierno abierto procura desvestir al poder de su secretismo. Publicar la información, los datos y los insumos con los que trabaja el gobierno transparenta los procesos decisorios y así previene la corrupción.
Ahora bien, la accesibilidad a la información pública ya no es sólo un tema relacionado con la corrupción o la libertad de expresión, sino también una cuestión de goce de derechos y calidad de vida. Producir y recopilar la información que todos, todo el tiempo, estamos generando permite a una multitud de agentes (públicos y privados) introducir cambios e innovaciones que no sólo facilitan la buena marcha del Estado, sino que mejoran en esos pequeños-grandes detalles de la vida cotidiana que impactan en los derechos. Mayor información pública sobre las escuelas mejora el derecho a la educación y simplifica la labor de las familias. Datos precisos sobre las viviendas sociales (en dónde se construye, a quién se prioriza, cuál es el valor del metro cuadrado) eleva los estándares del derecho de acceso a la vivienda. La posibilidad de evaluar online dónde y cuándo sacar un turno médico en un hospital público en vez de realizar una fila por horas ahorra tiempo y dinero a los pacientes y al Estado y, en definitiva, respeta mejor la dignidad de la persona.
Las posibilidades que se abren son enormes. La solución de problemas que nos aquejan desde hace tiempo está al alcance de la mano. Si el Gobierno se decide a transitar el camino que ha marcado, cruzaremos la línea de llegada al siglo XXI.
Abogado, LL.M. Harvard, profesor universitario y especialista en libertad de expresión y acceso a la información
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