La Reforma, hoy

La ley 1420, sancionada en 1884, estableció la educación obligatoria, gratuita, laica y sostenida por el Estado, aunque estaba referida ante todo a la enseñanza primaria, fue la base de lo que podría denominarse la filosofía educacional argentina. Hoy no está planteado el problema del laicismo, al menos no con la virulencia de entonces, pero que la educación pública debe ser obligatoria, gratuita y sostenida por el Estado es una "idea fuerza" que ha resistido el paso del tiempo.

El engarce entre la ley 1420 y la Reforma Universitaria de 1918 alimentó a su vez la idea de que la universidad pública debía ser gratuita y "abierta al pueblo", ya que la educación superior era concebida -en esa línea de pensamiento- casi como un derecho universal, que podía ser ejercido por cualquier ciudadano. La oposición a los exámenes de ingreso y al arancelamiento de los estudios superiores se inscribe en esa tradición secular.

Desde hace por lo menos tres décadas se viene debatiendo si el ingreso en las universidades estatales puede ser irrestricto y si estas pueden sobrevivir, en condiciones mínimamente aceptables, solamente con los recursos que les otorga el Estado. Lo cierto es que ambos temas (ingreso y arancelamiento) han dejado de ser temas tabú. Más aún, sin negar la tradición de la ley 1420 y de la Reforma del 18, cada vez son más quienes sostienen que los conceptos de ingreso irrestricto y gratuidad de la enseñanza deben ser replanteados.

Crisis de la educación

¿Puede afirmarse que la universidad pública actual es gratuita y de libre acceso, teniendo en cuenta que solo pueden acceder y permanecer en ellas los hijos que pueden ser sostenidos por sus familias mientras duran sus estudios universitarios, que no existe un sistema de becas para aquellos que no tienen ese sostenimiento familiar y que los hijos de familias ricas gozan de un verdadero privilegio al no tener que pagar tasa alguna por la educación que reciben? Una universidad de estas características, ¿puede considerarse gratuita?

Por otra parte, el concepto de libre acceso a la educación terciaria o superior no puede referirse exclusivamente a la universidad pública, ya que esta es sólo una parte del nivel terciario, que cada vez es más amplio y cuyas ofertas son cada vez más diversificadas. El sistema de formación profesional o de "educación dual" (escuela-empresa), de escaso desarrollo en la Argentina, es otra alternativa de gran importancia en nuestra época.

Finalmente, está el problema de la cantidad o el número. Si la relación entre el docente (o la capacidad edilicia, bibliotecas y equipos) y la cantidad de alumnos no guarda una proporción razonable, la idea de excelencia o calidad de la enseñanza se cae por la borda, y con ella la idea misma de universidad.

No es necesario, pues, abandonar la tradición reformista y de la ley 1420 para replantearse los problemas de fondo de la educación pública argentina (que no atañen solo a la Universidad sino a todos los niveles de la enseñanza). Ser reformista hoy es pensar, igual que ayer, que la educación pública debe ser el motor del progreso material y cultural.

Y si para ello los padres cuyos hijos estudian en una universidad pública deben pagar una cuota suplementaria del impuesto a las ganancias (o algo parecido) no habría que asustarse, pues esa cuota sería sensiblemente menor que la de autos, viajes, telefonía, televisión por cable, Internet y varios bienes de consumo. Como tampoco habría que asustarse de los cupos, cursos de nivelación y pruebas de ingreso, ya que tiene que haber un mínimo criterio de razonabilidad en la relación docente-alumno, si es que se quiere un mínimo de excelencia. De lo único que hay que asustarse es de la inacción frente a la crisis de la educación argentina, que requiere ideas superadoras, como las de la ley 1420 o la Reforma.

El autor es licenciado en filosofía y periodista.

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