La reforma de la Justicia
Existe hoy en la Argentina una fuerte demanda social en procura de cambios en la administración de justicia. Hay un generalizado descontento respecto de su funcionamiento. Se considera que las investigaciones judiciales no esclarecen los hechos, que los procesos son de una duración inusitada y, en muchos casos, también se duda de la honestidad e imparcialidad de los jueces. Casos de trascendencia pública y de gravedad institucional, como los de Santiago Maldonado o Alberto Nisman, sumados a innumerables investigaciones no resueltas por hechos de corrupción y a la insatisfacción en el trámite de casos cotidianos, dan sustento cabal a estas creencias.
Esta ausencia de credibilidad en los órganos que, en última instancia, garantizan la aplicación de la ley resulta particularmente grave para un sistema democrático cuya columna vertebral es, precisamente, la vigencia del Estado de Derecho.
Resulta entonces imprescindible repensar y discutir todo el funcionamiento judicial para tratar de superar esos problemas y muchos otros, como la falta de transparencia, el atraso tecnológico o las barreras de acceso para los sectores más humildes. El Gobierno ha tomado nota de estas cuestiones y el ministro de Justicia ha lanzado el Programa Justicia 2020, donde se discute una reforma judicial integral a través de una experiencia inédita en materia de participación y gobierno abierto en la que más de 20.000 personas debaten desde hace un año sobre las modificaciones necesarias. Algunas iniciativas que ya están en ejecución, como el juicio en flagrancia, los tribunales unipersonales o la oralización de los procesos civiles, están arrojado excelentes resultados en términos de acelerar los tiempos procesales.
No obstante, resulta imperioso dar mayor premura al inicio de un conjunto de reformas estructurales en la Justicia, pues muchas de ellas demandarán tiempo para su implementación, ya que requieren de una adecuada capacitación de los operadores. Esta agenda estratégica debería estar integrada, al menos en lo inmediato, por tres leyes trascendentes.
Por un lado, es necesario modificar la ley del Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional destinado a la designación y remoción de los jueces, a fin de "despolitizarlo" de intereses partidarios, tornándolo más técnico y autónomo, para poder tener jueces más independientes, controlar mejor la labor judicial y separar a los que tengan mal desempeño.
Por el otro, hay que emprender de una vez la modificación del sistema de enjuiciamiento penal, distinguiendo la tarea de juzgar de la de perseguir (los jueces no deben estar a cargo de las dos cosas), incorporando la policía judicial y nuevas herramientas para investigar los delitos complejos. Para ello, deberían sancionarse los cambios propuestos a la actual ley 27.063 y, a la vez, dictar una nueva ley de Ministerio Público Fiscal que establezca una institución moderna para asegurar un pronto y adecuado ejercicio de la acción penal, con los pertinentes controles internos y externos.
Se trata de leyes que deben ser consideradas por el Congreso de la Nación luego de las elecciones legislativas del próximo 22. Si bien las propuestas electorales son, por naturaleza, vagas y generales, sería deseable que las exigencias ciudadanas por una mejor justicia sean recogidas por los postulantes al Congreso, para que las preferencias puedan orientarse hacia aquellas fuerzas políticas y candidatos que se comprometan con la necesidad de efectuar reformas en serio al sistema judicial.
En democracia el verdadero protagonista de los cambios es el propio pueblo. Cuando manifiesta su voluntad establece el rumbo del país y los objetivos a conseguir. No desaprovechemos este turno electoral para hacer oír nuestros reclamos y poder empezar a cambiar definitivamente la Justicia.
Dirigente radical, ex ministro de Justicia
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