La reacción negativa de la vacuna en el gobierno de Fernández
El plan de vacunación está provocando el efecto contrario al deseado por el Gobierno. El descubrimiento de irregularidades en la entrega de dosis compromete la posibilidad de obtener un rédito que pueda capitalizar en las elecciones de este año. Pero también amenaza con dañar su salud política. La suspensión del acto previsto para ayer en la Plaza del Congreso es el síntoma más evidente de la reacción negativa que le está ocasionando ese tratamiento. Alberto Fernández lo decidió cuando sus colaboradores admitieron que el éxito de la convocatoria no estaba garantizado.
Esa incertidumbre ayudó a saldar el debate en las horas previas entre Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi con Fernando “Chino” Navarro. El secretario general y el vocero rechazaron repetir la experiencia del 17 de noviembre con los festejos del Día Nacional de la Militancia. Una movilización cuyo respaldo al Presidente fue expresado mayoritariamente por los grupos piqueteros que controla el Movimiento Evita desde el Ministerio de Desarrollo Social. El secretario de Enlace Parlamentario advirtió el peligro de no hacerla: exhibir al Presidente en una situación de debilidad.
Navarro es uno de los jefes del Movimiento Evita y ocupa despacho muy cerca de Fernández. El debate entre sus funcionarios resume el dilema en el que está atrapado el Ejecutivo tras la salida de González García del Ministerio de Salud, que abrió una nueva crisis en la relación con la CGT. Pero en particular con los sindicatos conducidos por “los Gordos”, cuya presencia en la plaza iba a limitarse a una delegación mínima de los gremios más afines a Fernández. Un protocolo que aplican a los compromisos ineludibles.
La salida del exfuncionario lesiona el interés de “los Gordos” en la administración pública. Lo consideran alguien propio. Pero temen además que su renuncia sea el principio del plan para apropiarse de los fondos de las obras sociales sindicales, que Cristina insinuó a fines del año pasado en un acto en La Plata. Por eso intentan no ser víctimas del aparente espejismo con el que se intenta gratificarlos. La permanencia de Eugenio Zanarini y David Aruachan al frente de la Superintendencia de Salud, que controla el fondo compensador que las asiste.
La sospecha de ser víctimas de una sugestión incluye a Vizzotti desde que supieron que su segunda será Sandra Tirado, a la que atribuyen una relación estrecha con Hugo Sigman. En realidad, es una evasiva retórica. Tirado representa a Manzur. El gobernador de Tucumán tiene un vínculo muy aceitado con el empresario de la industria farmacéutica. Pero también con la CGT que en octubre de 2018 lo calificó como “un buen amigo”. Fue después de que Manzur los convocó al acto del peronismo no kirchnerista ante la posibilidad de que Cristina volviese a ser candidata presidencial.
Al final eligió a Fernández para ese rol y Manzur se convirtió en el aliado más firme del Presidente entre los gobernadores peronistas. Algunas habladurías sugieren que la aprehensión de “los Gordos” hacia Tirado se debe al nuevo estatus del que pasarían a gozar Manzur y también Sigman en el área de Salud. Sobre todo porque sustituye el viejo orden de Carlos West Ocampo. Mediar entre el Estado y Sigman a través de un viejo amigo: González García.
West Ocampo es el titular de la Federación de los Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) y el mentor de Héctor Daer en la CGT. Tirado pasaría a tener bajo su órbita la estratégica área de compras. La Cámpora les confirmó su arribo a “los Gordos” para desmentir el interés por ocupar ese cargo. Prefieren concentrarse en obtener un resultado electoral que fortalezca su posición en la provincia de Buenos Aires. Una credencial que harán valer hacia fin de año en un eventual desembarco en el gobierno nacional.
Un proceso iniciado con la convocatoria a elecciones de nuevas autoridades del PJ bonaerense el 2 de mayo. Será con una lista de unidad que encabezará Máximo Kirchner luego de la orden del presidente a Juan Zabaleta para que negocien los detalles de ese trámite con Larroque y Facundo Tignanelli, delegados del hijo de la vicepresidenta. La reunión de las actuales autoridades de este sábado fue la puesta en escena de un acuerdo que excluye a Fernando Gray, que ayer impugnó estas actuaciones.
El intendente de Esteban Echeverría no lo hizo para preservar ese derecho. Pero también para aliviar a sus colegas de Hurlingham y de Merlo. Le pidieron que no interviniera “para no irritar”. Una sensación que, en apariencia, no provocaron las precoces afiliaciones al PJ bonaerense de Máximo y Kicillof. El jefe de La Cámpora lo hizo el 7 de enero y el gobernador, el 17 de febrero. El artículo 64 de la carta orgánica del PJ exige al menos dos años de antigüedad para ser elegido autoridad.
Kicillof es vice segundo de Fernández en la lista de unidad del PJ nacional que conducirá Fernández. Minucias. También, que la presentación de Gray sea recibida por Alejo Ramos Padilla, que el viernes asumió como juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene otros problemas. Eduardo De Lázzari les sugirió el 24 de febrero a Hilda Kogan y Luis Genoud que renunciaran a la Suprema Corte.
Los acusó de protagonizar otro caso de vacunados de privilegio. El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados le pidieron a Daniel Soria que confirmara o desmintiera una situación que es admitida extraoficialmente en Tribunales. El comunicado que emitió el presidente de la Corte se habría propuesto otro objetivo. Ignorar cualquier tipo de definición.
Kogan y Genoud se vacunaron en el Hospital El Cruce de Florencio Varela que depende del gobierno nacional. Igual que el exintendente de ese distrito Julio Pereyra y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. Todos contactos estrechos del exministro de Salud. Pero también de Duhalde, otro beneficiario. Lo que vuelve más extraña la versión que circula en La Plata. El pedido de De Lázzari fue el último acto de servicio antes de jubilarse. Pero no para la Corte si no para Duhalde, a quien le interesaría perjudicar a Kicillof.
Al gobernador y a su ministro de Justicia, Alak, los preocupan las denuncias que comienzan a acumularse contra el plan de vacunación en fiscalías de La Plata, San Isidro, Mar del Plata y Carmen de Areco. En el Hospital San Felipe de San Nicolás fue necesario realizar un allanamiento por la resistencia de las autoridades a entregar documentación.
Una complicación para el plan que “los Gordos” le atribuyen a La Cámpora. Birlarle votos a Pro en la clase pasiva, con dificultades para interactuar con la tecnología. Es el sentido que tendrían las mesas en los barrios para inscribir en el plan de vacunación y los reclamos de Luana Volnovich a Fernán Quirós para que el PAMI sea contemplado en la distribución de dosis que el gobierno de la ciudad efectúa entre obras sociales.
La dimensión de la crisis es incierta y alimenta todo tipo de rumores. Como el conflicto dentro del Sindicato de Camioneros con Hugo Moyano por haberse seleccionado con su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Gerónimo para recibir la vacuna. Ese malestar lo expresaría Marcelo Aparicio, adjunto del secretario general del gremio: Pablo. Sin la sombra de Hugo, Aparicio podría disputarle el cargo. Apodado “el Feúcho”, el líder de la regional oeste fue uno de los primeros casos de contagio.