La pandemia también nos mostró Formosa

La pandemia del Covid-19 ha vuelto manifiesta la solidaridad de la sociedad argentina en muchísimos casos que nos conmueven. Un solo hecho demuestra las consecuencias de este sentimiento fraternal: han sido las medidas de cuidado adoptadas por la sociedad responsablemente las que evitaron picos de contagio y saturaciones hospitalarias. Por otra parte, la pandemia ha exhibido brutalmente todas nuestras debilidades en la gestión de las políticas públicas, haciendo evidente la decadencia de un Estado que es cada vez más caro y con menos capacidades. Y también quedan develadas prácticas antidemocráticas, anticonstitucionales, que atentan contra los derechos humanos y nuestras garantías elementales.

Estamos ante una gravísima emergencia sanitaria y hay actividades que tienen que ser suspendidas según aumenten el número de contagios y de acuerdo con las diferentes realidades territoriales. Sin embargo, parece que el Gobierno olvida que en el país rige la misma Constitución nacional, con los mismos derechos y las mismas garantías

Estamos ante una gravísima emergencia sanitaria y hay actividades que tienen que ser suspendidas según aumenten el número de contagios y de acuerdo con las diferentes realidades territoriales. Sin embargo, parece que el Gobierno olvida que en el país rige la misma Constitución nacional, con los mismos derechos y las mismas garantías. Y no es casualidad que sea en las provincias con personalismos hegemónicos donde se registren las violaciones más flagrantes de nuestra institucionalidad democrática. Tenemos los casos de Insfrán, gobernador de Formosa, o de Zamora, gobernador de Santiago del Estero, pero también están las arbitrariedades de quienes manifiestan una vocación hegemónica, el caso de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y también en muchísimas intendencias a lo largo y a lo ancho del país.

No debemos invertir la causalidad explicativa: es en las prácticas autoritarias donde estos autoritarismos subnacionales fundan su hegemonía y predominio electoral. Frente a ellas, el gobierno nacional ha optado –como en tantas otras cosas– por mirar para otro lado, desentendiéndose de reclamos, demandas y quejas que han venido en aumento. Y en el colmo, ha enviado a Formosa al secretario de Derechos Humanos para que nos informe in situ que él no ha visto lo que todo el mundo ve y que está todo muy bien allí. Que si hay privación de la libertad es con aire acondicionado.

Oportunismo, incapacidad e impotencia, todo aparece en un mismo acto. Oportunismo, porque esos distritos hegemónicos donde se producen las violaciones de la institucionalidad democrática son gobernados por prominentes representantes del oficialismo, necesarios a la hora de instruir a sus diputados y senadores que levanten la mano en los proyectos oficialistas. Incapacidad, porque el Gobierno se ha resignado a no gobernar, a solo a sobrevivir, pasándoles sus responsabilidades a los gobiernos provinciales y municipales. E impotencia, porque el Gobierno no quiere generar conflictos que puedan poner en peligro la muy frágil y precaria situación en la coalición oficialista. De este modo, el Frente de Todos, que siempre tiene el "derechómetro" listo para denunciar actitudes y acciones de todos los que ellos piensan que son opositores, frente a los casos de violaciones de los derechos humanos presentes y flagrantes calla en un silencio ensordecedor.

Aquí se nota el problema de origen de la gestión del Gobierno frente a la pandemia: el Presidente abandonó muy rápido su discurso inaugural, en el que llamaba a reconstruir ese consenso básico de respeto y diálogo entre las fuerzas políticas en el que supimos coincidir los argentinos durante el gobierno de Alfonsín. Lo reemplazó por decisiones sumarias y ejecutivas, con los gobernadores (que son según nuestra Constitución agentes del gobierno federal) sustrayéndolas del necesario diálogo político y del control opositor. Ni siquiera podemos decir que el gobierno nacional ni los supuestos miembros progresistas del Frente de Todos se están tragando sapos. Una vez más, delatan que se mueven bajo una concepción de los asuntos públicos que es perniciosa para la democracia, donde ni siquiera el fin justifica los medios. Sino que es el medio, la búsqueda del poder (que debería ser instrumento sometido a control y limitación), el que se convierte en el fin último que todo lo justifica.

Diputado nacional UCR-CABA y vicedecano FCE-UBA