La otra cara del Mundial de Qatar

Para hacer posible un serie de obras fastuosas, el país anfitrión ha sido acusado de utilizar mano de obra esclavizada, especialmente trabajadores extranjeros

El otorgamiento de la organización del campeonato mundial de 2022 a un país como Qatar, que nunca había clasificado a un campeonato mundial y tampoco tiene una trayectoria histórica en este deporte, generó controversias desde el primer momento en que la FIFA lo anunció en 2010. Una de las consecuencias de esa decisión fue el estallido del escándalo de corrupción en que se vio envuelta la entidad en el denominado FIFA-Gate, cuya investigación aún sigue abierta, y por la cual Estados Unidos en 2020 acusó a tres nuevos funcionarios de recibir sobornos.

Entre los trabajos de infraestructura que ha decidido llevar adelante Qatar para acoger el Mundial de fútbol se han proyectado obras fastuosas: siete nuevos estadios, un nuevo aeropuerto, nuevos sistemas de transporte público y rutas para conectar las sedes, nuevos hoteles y hasta una nueva ciudad, Lusail. Para ello, la monarquía qatarí ha sido objeto de críticas y acusaciones de utilizar mano de obra esclavizada, especialmente trabajadores migrantes, tanto hombres como mujeres, provenientes de países como Nepal, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas o Kenia, con el objetivo de mantener a sus familias con esos ingresos.

Para comprender la magnitud de la problemática, Qatar tiene alrededor de 2. 800.000 habitantes, de los cuales el 80% son extranjeros inmigrantes y, en relación a los trabajos preparativos para la competencia futbolística, éstos representan el 95% de los trabajadores empleados para ello, según lo señalado por Amnistía Internacional.

Según datos de la Fundación para la Democracia Internacional, ya han fallecido alrededor de 6500 obreros de los aproximadamente 30.000 trabajadores extranjeros empleados en las obras de construcción de esa infraestructura, es decir, una media de 12 personas por semanas desde que se iniciaron los trabajos en 2010. Y el pronóstico no es alentador, ya que Guillermo Whpei, Director de esa fundación, ha estimado que para este año el saldo de personas muertas puede llegar a alcanzar las 10.000 desde el inicio de los trabajos.

Ya en 2016, Amnistía Internacional denunció las condiciones de los trabajadores migrantes en la reconstrucción del estadio Jalifa, de la ciudad de Doha. En un informe expresó que “mientras, la FIFA, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener grandes beneficios económicos de la celebración del torneo”, se usaba mano de obra forzada, exceso de horas de trabajo en medio de altas temperaturas, hacinamiento, deducciones salariales, retrasos de hasta siete meses en los pagos y confiscación de los pasaportes por parte de las autoridades qataríes. Ante ello, y por presiones de propia FIFA, el gobierno de Qatar en agosto de 2020 implementó algunas medidas de protección laboral, como limitar las horas de trabajo, protegerlos del calor excesivo, establecer un salario mínimo de 1000 riyales (unos 280 dólares) y derogar algunas prácticas como la denominada “kafala”, un sistema propio de los países del golfo árabe que es considerado una forma de esclavitud laboral moderna que consiste en la prohibición a los trabajadores migrantes de abandonar sus trabajos y salir del país sin el consentimiento de sus empleadores.

Esos cambios fueron promovidos por el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BHI), que negoció con el Comité Organizador de la Copa del Mundo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Qatar, como respuesta a la campaña “Tarjeta roja para la FIFA - No hay copa del mundo sin derechos humanos” lanzada por parte de su vicepresidente, Dietmar Schäfers. Éste funcionario señaló: “desde 2016, como sindicato internacional, hemos podido realizar inspecciones periódicas en todas las obras de construcción de la Copa del Mundo en Qatar. Hasta ahora hemos realizado 24 inspecciones con nuestros expertos. También se han introducido “cámaras de refrigeración”, donde los trabajadores pueden descansar del calor, se ha iniciado el uso de chalecos refrigerantes y se han implementado periodos de descanso regulares”.

No obstante esos pequeños avances, organizaciones como Human Rights Watch continúan denunciando la falta de derechos de los cerca de dos millones de trabajadores migrantes y siguen siendo sometidos a “deducciones salariales ilegales y punitivas y a meses de salarios no pagados tras largas horas de trabajo agotador”, todo ello agravado por la situación de la pandemia que representaron nuevos casos de pérdida de derecho laborales, según lo señalado por Amnistía Internacional. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que sólo en 2021, 50 trabajadores murieron y más de 500 resultaron gravemente heridos, y otros 37.600 sufrieron lesiones leves o moderadas. Todas estas organizaciones han exigido acciones por parte de la FIFA para garantizar la seguridad laboral de los migrantes.

Los abusos laborales continúan estando presentes en Qatar a pesar de las presiones de distintas organizaciones no gubernamentales y de la propia FIFA. En 2021 un guardia de seguridad de origen keniata, Michael Bidali, fue arrestado por la policía local luego de denunciar en las redes sociales las condiciones precarias de trabajo a la que están sometidos trabajadores migrantes como él y fue acusado de cargos por desinformación y de hacer recibido dinero de “agentes extranjeros”, enfrentando penas de hasta 10 años de cárcel, lo que ha sido denunciado por organizaciones de Derechos Humanos.

La FIFA debería haber conocido de las condiciones y los riesgos que enfrentan los Derechos Humanos en un país como Qatar cuando otorgó la organización de su máxima cita a ese país, especialmente lo relativo a la necesidad de trabajadores extranjeros y del sistema de explotación laboral imperante en esos países arábigos.

Ante las críticas a nivel internacional y como una forma de lavar su imagen luego del FIFA-Gate, en 2017 la entidad estableció una política de derechos humanos a través de una manual de actuación para estos casos y, en 2019, promovió la estrategia en materia de sostenibilidad para la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. A pesar de ello, la actuación de la FIFA sigue siendo liviana y de no injerencia en forma directa sobre las autoridades qataríes, aduciendo que la supervisión de los derechos de los trabajadores para las obras del campeonato debe realizarlo el Comité Supremo, organismo gubernamental que está bajo la administración de las propias autoridades de la monarquía qatarí.

A pesar de los avances logrados por las presiones de las organizaciones no gubernamentales, también es importante señalar que, tal como opina Schäfers, vicepresidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BHI), esos cambios en una sociedad como la qatarí necesitan de tiempo para el logro de los derechos de las mujeres y de las minorías, y “no se puede ver todo a través de un cristal occidental”.

En igual sentido y pensando a largo plazo, Fatma Al Nuaimi, directora del Comité Organizador de la Copa del Mundo en Qatar, sostiene que “Siempre hemos creído que la Copa del Mundo puede dejar un legado social significativo, especialmente en lo que respecta a los derechos de los trabajadores”. Es por eso que la FIFA debe asumir un rol más protagónico en estos casos para velar por el respeto de los Derechos Humanos en un evento que es observado por todo el planeta.

Magíster en Relaciones Internacionales, abogado y docente de la Universidad Blas Pascal

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