La opinión de los isleños
El pasado miércoles 21 de marzo, Ricardo Gil Lavedra, en un mesurado artículo publicado en LA NACION , ha dado continuación al debate en curso sobre la cuestión Malvinas. Como firmante de la declaración "Malvinas: una visión alternativa", a la que Gil Lavedra alude, deseo proseguir este debate convencido de que el cambio de ideas en torno a la cuestión es imprescindible.
Sostiene Gil Lavedra que en 1964 el representante argentino ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, José María Ruda, argumentó en contra de "la aplicación forzada del principio de autodeterminación de los pueblos respecto de las islas Malvinas", y que desde entonces el objetivo nacional es el restablecimiento de la integridad territorial. Según el autor, lo que justificaría insistir hoy en esta política no es la continuidad, sino la solidez del argumento: el origen de los antecesores de los actuales ocupantes de las islas es discutible, ya que se asentaron debido a un desplazamiento forzoso de ocupantes argentinos por parte de británicos en 1833, por un lado y, por otro, el hecho de que los actuales residentes sean aproximadamente 3000, de los cuales 1000 serían civiles relacionados a la base Mount Pleasent y otros 1000 trabajarían ocasionalmente en las pocas industrias existentes. Por estas razones, el principio de autodeterminación no sería aplicable y sí el de la integridad territorial.
Hasta aquí, se trata de un despliegue impecable de la posición oficial argentina. Prefiero no discutir la apoyatura histórica de ella -el origen dudoso de los malvinenses- para concentrarme en la fuerza o debilidad de la posición actual en relación con los isleños, aunque se tratara (lo que es materia de controversia) de simples ocupantes. Antes de eso, sí me parece necesario observar que estos malvinenses (algo más de 1300 nativos de una población de 3000, pero no puede descartarse la condición de pertenencia de los inmigrantes) constituyen un grupo humano con identidad, historia (un hito de esa historia es la guerra de 1982) y sentido de comunidad política. En otras palabras, que la descalificación que habitualmente formula la ortodoxia diplomática argentina -de la que da cuenta Gil Lavedra en su artículo- no se sostiene. Si estamos dispuestos a reconocer, junto a intereses, el modo de vida de los habitantes, no podemos, inmediatamente después de afirmarlo, negar que existe un sentido de pertenencia comunitario, una voluntad colectiva, porque esa negación de lo que existe realmente supondría llevarse por delante tanto intereses como modo de vida. Y si no negamos que existen, entonces forman parte de aquello que debemos reconocer y respetar.
Pero lo más relevante es que Gil Lavedra acusa recibo de este problema ; porque luego de ceñirse a la posición oficial, afirma -en forma algo sorpresiva- entender que "no es incompatible reclamar nuestra soberanía respetando, al mismo tiempo, la voluntad ciudadana de los malvinenses y todos sus derechos". Esto se aproxima mucho a la posición sostenida en "Malvinas: una visión alternativa" y a la de sus firmantes, con anterioridad, por separado. Respetar la voluntad ciudadana de los malvinenses y todos sus derechos es muchísimo menos indeterminado que hablar de "intereses" y "modo de vida" y, en todo caso, recupera, siquiera implícitamente, la gran novedad del debate en los últimos tiempos: la convicción de que los deseos de los malvinenses, no ya apenas los intereses, deben ser tomados en cuenta.
¿Qué significa que los deseos de los malvinenses deban ser tomados en cuenta? Se trata de una aproximación política, más que jurídica, a la cuestión. Cuando, por ejemplo, el propio Gil Lavedra habla de "entablar con los residentes un diálogo cada vez más intenso", ¿cabe acaso esperar que este diálogo no abarcaría las cuestiones políticas que más intensamente preocupan a los isleños? Y el hecho de que las Naciones Unidas reconocen dos partes -Gran Bretaña y la Argentina- ¿significa por ventura que la Argentina deberá negarse a dar garantías de respeto a la formulación de sus propios deseos e intereses por parte de un tercero que, como sujeto, no puede quedar fuera de juego? En verdad la posición oficial es un galimatías de la que si se quiere salir por la apuesta a un diálogo más intenso con los isleños, deberá admitirse lo que ello entraña: la opinión de los isleños, sobre todos los temas, nos importa.
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