La nueva meta son los salarios
Superadas la discusión legislativa y la interna por los cambios en política monetaria, el Gobierno tiene ahora la atención puesta en negociaciones igualmente arduas: las primeras paritarias de 2018. De esos acuerdos, que involucran a empresas y a sindicatos, pende ahora parte del futuro de la macroeconomía: nada menos que el cumplimiento o no de la nueva meta de inflación, fijada en 15% para el año próximo.
El recálculo de esa pauta, anunciada anteayer por Marcos Peña y por los tres principales referentes del equipo económico, acaba de darles a los hombres de negocios un protagonismo al que tal vez no estaban habituados: como es probable que el mercado no perdone un nuevo desvío, un aumento salarial generalizado que no esté en línea con las proyecciones del Banco Central alentará expectativas inflacionarias y, peor, se volverá difícil de pagar.
Este nuevo foco de atención es una de las principales novedades del giro a la heterodoxia de Macri. Hasta el jueves, el Banco Central subía la tasa a través de la licitación o venta de Lebacs, con lo que necesariamente retiraba pesos del mercado. Si ahora deja de vender, o incluso empieza a comprar esos instrumentos, contraerá menos la cantidad de dinero de la plaza. Y así, con una política monetaria más expansiva, se volverá más gravitante lo que tengan para decir en las paritarias empresarios que, anteayer, pese a las especulaciones que habían venido haciendo durante el último mes, no esperaban el anuncio.
Fue una sorpresa para unos cuantos. Por cuestiones macroeconómicas, corporativas y hasta personales. Reunidos por rutina, y mientras miraban los anuncios del jefe de Gabinete y los ministros por televisión, unos diez directores de finanzas de multinacionales se percataron esa mañana de un detalle: como están en dólares, algunos balances que se encaminaban a cerrar un 2017 con números positivos terminarán con pérdidas. "¡Por qué no lo anunciaron el 2 de enero!", se exasperaron en una de esas compañías. La devaluación, que llegó al 10% en pocos días, tampoco es alentadora para quienes acaban de entrar en el blanqueo con bienes en el exterior: tendrán que pagar más impuesto a las ganancias que cuando el dólar estaba a 17.
Pero no son más que historias personales. En líneas generales, los hombres de negocios venían reclamando menores tasas y ahora aguardan, inquietos, que no se concrete una de las contraindicaciones de la dosis: el salto inflacionario. La ocasión los ha puesto en el lugar indicado: desde la Casa Rosada se los sindicará en las paritarias como coautores de ese destino.
La nueva meta reconfigura así parte del paisaje político. El Gobierno llegó al anuncio después de ásperas discusiones con el jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger. Fueron seis meses de deliberaciones, pero hubo en realidad un punto de inflexión después de las elecciones, cuando algunos referentes del equipo económico convencieron a Macri de algo que nunca se llegó a decir públicamente y que habrá que ver si el Indec corrobora en su próximo informe: la actividad habría sufrido una desaceleración en noviembre. "Convénzanlo", ordenó el Presidente. "No tengo ninguna evidencia de eso en el Banco Central", les contestó Sturzenegger, pero no logró respaldos ante un gabinete que juzga vital un 2018 en crecimiento y que, de a poco, fue asumiendo la idea de que subir la meta era inevitable. Los partidarios de la modificación argumentaban que haberse alejado tanto del rango inicial (8 y 12%) y, más aún, que ese objetivo ya no fuera tomado en cuenta por empresas e inversores, carcomía la credibilidad incluso peor que cualquier recálculo. Fue entonces cuando, hace dos semanas, Sturzenegger aceptó ceder. Pero le exigió a cambio dos compromisos al gabinete: ya que perderá fuerza la meta de inflación como herramienta, es necesario bajar drásticamente las transferencias del Central al Tesoro y que las paritarias no se desboquen, planteó.
Aceptados ambos puntos, pidió estar presente en el anuncio. "Gracias por invitarme", dijo después en la conferencia, donde sólo se hizo explícita la primera de sus condiciones. El Gobierno lo informó así: el financiamiento al Tesoro, estimado en 140.000 millones de pesos para el año próximo (1,1% del PBI), caerá a 70.000 millones en 2019 (0,5%) y quedará en 2020 en un nivel que en la jerga se conoce como "señoriaje", que significa que el ente monetario sólo asistirá al fisco en la medida en que aumente la demanda real de dinero por crecimiento económico. Traducido: si se cumple, la inflación dejará de ser una fuente de financiamiento para el Estado.
Es un esfuerzo que depende en gran parte del Gobierno. El de las negociaciones salariales, en cambio, lo excede y tiene números inciertos. Mientras que en la Casa Rosada creen que 15% de aumento más una cláusula gatillo si la inflación supera a los sueldos será razonable, en los ministerios de Hacienda y Trabajo lo analizan con mayor detenimiento: lo lógico sería 15%, pero sin gatillo.
Esas dos nuevas metas serán auscultadas por el directorio del Banco Central, hasta anoche en silencio, pero cuya opinión puede inferirse fácilmente de sus documentos públicos. El último, publicado ayer por la tarde, incluye un dato sugestivo: desde marzo de 2016, y como consecuencia de la tasa de devaluación y la de interés internacional, la emisión de Lebacs le reportó al Central ganancias equivalentes a un punto del PBI. Es una defensa del punto que más se le cuestiona a Sturzenegger: la deuda que generan esos instrumentos. El funcionario lo planteó anteayer ante la pregunta de un periodista: "Podemos mirar el costo del pasivo, pero no se olvide del costo del activo porque esto no se compró porque sí, sino que se compró para acumular un activo, un activo que tienen los argentinos en el banco, que son reservas récord en la historia argentina, de 56.000 millones de dólares".
La nueva etapa empieza entonces con varios interrogantes. En el más urgente, el salarial, el Gobierno ya rinde examen: la paritaria de los bancarios, uno de los sectores más vinculados con Cristina Kirchner, está en conciliación obligatoria. Como casi todo en ese sector, aquella afinidad no es sólo ideológica: durante los años kirchneristas, La Bancaria incorporó a sus arcas aportes solidarios de los trabajadores y de los bancos para su obra social. Y ese flujo, unos 2000 millones de pesos anuales, acaba de ser objetado esta semana en el acta de la negociación.
Dependerá del humor con que se lo tome Sergio Palazzo, líder de La Bancaria. Y, semanas después, entre los docentes, de la buena voluntad de Roberto Baradel, que recobra protagonismo. Será un verano caliente.
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