La mano oscura del sindicalismo
Es necesario que la Justicia actúe con celeridad para que la corrupción gremial no siga siendo cubierta por mantos de impunidad
Las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la Capital Federal se realizaron ayer en medio de una pugna judicial ante denuncias de irregularidades en la convocatoria al proceso electoral a las que hizo lugar la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, y otras que dan cuenta de la presencia de miles de personas fallecidas en el padrón del gremio, que fueron desestimadas hasta ahora por la Justicia Federal.
No estamos, por cierto, ante algo novedoso. En el universo del gremialismo argentino, han sido y continúan siendo moneda corriente maniobras fraudulentas, como las denunciadas irregularidades en los padrones electorales, para que los popes o jerarcas sindicales puedan eternizarse en los sillones del poder.
Más de una vez hemos puesto de manifiesto cómo, muchas veces merced a procedimientos amañados, muchos dirigentes se perpetúan en la conducción de sus gremios. El de Armando Cavalieri , quien ocupa el cargo de secretario general de los mercantiles desde 1986, es uno de los casos más emblemáticos, pero dista de ser un dato aislado. Entre las virtuales monarquías absolutas que exhibe el sindicalismo vernáculo podemos mencionar la de José Luis Lingeri, al frente del gremio de obras sanitarias del Gran Buenos Aires también desde hace 32 años. Luis Barrionuevo lleva 39 años dirigiendo el sindicato de los gastronómicos; Omar Viviani acumula 35 años al frente de los peones de taxi, y Hugo Moyano accedió a la conducción del gremio camionero hace 31 años. Para no hablar del telepostal Ramón Baldassini, quien se retiró el año pasado de la conducción de su gremio, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telégrafos, luego de 54 años.
Pero la tendencia a la perpetuidad en la conducción de sus gremios no es la única característica que distingue a un gran número de caciques sindicales. Como alguna vez lo admitió Alfredo Yabrán, el poder es impunidad. Y para algunos de estos sindicalistas la prolongación de sus mandatos a través de sistemas electorales tramposos y nada transparentes es garantía para la continuidad de oscuros negocios que, invariablemente, han conducido a su enriquecimiento patrimonial, junto al de familiares y amigos.
En los últimos meses, fueron procesados y detenidos dirigentes como Omar "el Caballo" Suárez (marítimos), Marcelo Balcedo (obreros y empleados de minoridad y educación), Juan Pablo "el Pata" Medina y Humberto Monteros (construcción). La integración de asociaciones ilícitas y un tan fuerte como inexplicable enriquecimiento patrimonial signan a esos oscuros personajes. Los integrantes del clan Moyano y el representante del los trabajadores de edificios, Víctor Santa María, podrían seguir el mismo camino en la Justicia.
Hoy es el turno de Cavalieri, quien fue denunciado por Hermenegildo Arnaldo Pérez, afiliado al gremio mercantil, quien pidió a la Justicia que investigue la comisión de los delitos de administración fraudulenta, defraudación, lavado de dinero, encubrimiento, asociación ilícita por parte del líder del SEC y presidente del consejo de administración de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles. La denuncia también incluye a todas las personas que resulten ser partícipes necesarios, cómplices o testaferros que surjan de las investigaciones que se practiquen. La causa ha quedado radicada en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Cavalieri, según el denunciante, "habría desplegado en su entramado de empresas y testaferros maniobras delictivas con origen en fondos privados y públicos, produciendo la confusión de los mismos en beneficio propio". En su presentación, Pérez adjuntó informes del Boletín Oficial vinculados con 29 sociedades anónimas a las que liga con Cavalieri y su entorno familiar y sindical.
El dirigente mercantil rechazó las imputaciones pretendiendo vincular la denuncia con la lucha interna en su gremio. Desde hace más de dos años, afronta otra denuncia en Córdoba, por administración fraudulenta en la obra social de su gremio, cuya investigación está a cargo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Es de esperar que tanto en esos como en los demás casos que involucran a dirigentes sindicales, la Justicia actúe con la celeridad e independencia indispensables. Entretanto, cabe abogar para que sea reflotada una iniciativa legal que impulsó en su momento el oficialismo para que el mandato de los dirigentes sindicales en las conducciones de sus gremios no pueda exceder los cuatro años, con la posibilidad de ser reelegidos en forma consecutiva por un solo período.